martes, 4 de febrero de 2014

AMÉRICA LATINA, UN "LABORATORIO DE ESPERANZA" FRENTE AL PODER DE LOS MEDIOS

Los españoles Ignacio Ramonet, Pascual Serrano y el brasileño Denis de Moraes analizan en Medios, poder y contrapoder cómo las corporaciones mediáticas avanzaron en la colonización del imaginario social y sostienen que América Latina encarna "un laboratorio de esperanza para la democratización de la información".
 
El libro, recién editado por Biblos, cuestiona la dinámica monopólica de los medios actuales y desmonta las estrategias de construcción del consenso, que según los autores operan en torno a un doble objetivo: ideológico -en tanto propagan el discurso neoliberal transformándolo en discurso social hegemónico- y económico, por sus participaciones cruzadas en negocios de telecomunicaciones.


"Vivimos un momento perturbador en el que el derecho al delirio y al sueño -al que se refiere Eduardo Galeano en una hermosa entrevista- se ve obligado a compartir la caminata hacia las utopías con las tecnologías del conocimiento, el exceso de informaciones por segundo y el consumismo programado por la obsolencia", sostiene de Moraes en el prólogo de la obra.

En entrevista con este doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Rio de Janeiro resume una perspectiva compartida con Serrano y Ramonet que, lejos de hundirse en el apocalipsis, traza un escenario de posibilidades alentado por la aparición de políticas públicas antimonopólicas y el avance de  tecnologías para usos sociales que permiten diversificar los modos de sociabilización.

¿Cuáles son las razones por las cuales desactivados los gobiernos neoliberales en la mayoría de los países latinoamericanos sobreviven medios que reproducen la lógica de acumulación y lucro tan emblemática de los 90?

En primer lugar, cayeron muchos de esos gobiernos pero sobrevive su herencia. Fueron décadas de hegemonía neoliberal en América Latina que realzaron el rasgo histórico de concentración de una parte considerable de la producción y difusión de datos en manos de un reducido número de megagrupos.

Las dictaduras militares ya habían favorecido empresas de medios con concesiones de canales de radio y TV, publicidad oficial y exenciones fiscales. El neoliberalismo profundizó el desequilibrio en favor del sector privado. Hoy, en la mayoría de los países latinoamericanos, más de dos tercios del sector de comunicación están bajo en control de grupos empresariales que detentan la  hegemonía de audiencia, publicidad y patrocinios.

A pesar de las medidas que gobiernos progresistas vienen tomando y de las campañas sociales no es simple desmontar un escenario de concentración monopólica vigente hace años. La premisa básica es no tener miedo de las reacciones contrarias de los medios corporativos y sus aliados.

¿Cómo describiría a América Latina en materia de libertad de expresión?

América Latina representa hoy un laboratorio de esperanza para la democratización de la información y la comunicación, a pesar del escenario aún dominado por conglomerados mediáticos, casi siempre vinculados a dinastías familiares.

En varios países hay convergencias entre gobiernos progresistas y sectores de la sociedad en torno a la idea de que las voces necesitan expresarse libremente, sin controles mediáticos. Por primera vez, las políticas públicas intentan reestructurar los sistemas de comunicación a partir de leyes que impidan la concentración y la supremacía de los intereses mercantiles.

Las leyes antimonopólicas introducidas por gobiernos progresistas como los de Argentina, Ecuador y Venezuela se sintonizan con el derecho humano a la comunicación. Está también la preocupación de apoyar la producción audiovisual independiente y los medios alternativos y comunitarios.

Un multimedios podría argumentar que como el Estado es muy poderoso hace falta un poder equilibrante para garantizar la diversidad ¿Los monopolios de comunicación son siempre malos, sean privados o públicos?

Es necesario desmontar la argumentación falaz de ciertos multimedios a favor de la "libertad de expresión". Ese tipo de discurso tramposo oculta el deseo de hacer prevalecer la libertad de empresa sobre los intereses colectivos.

Edward Said, uno de los más lúcidos intelectuales del siglo XX, tenía razón al subrayar que somos bombardeados por representaciones mediáticas prefabricadas del mundo, que intentan prevenir la crítica democrática y los cuestionamentos a las ideas convenientes al poder y a los poderosos.

¿Cuál es la autoridad moral de los grandes medios para hablar de "libertad de expresión" si a menudo lo que más hacen es restringir la libertad de expresión de los periodistas y establecer controles ideológicos sobre las informaciones que difunden?
Es totalmente falsa la dicotomía entre monopolios privados e estatales. No se trata de defender la estatización de los sistemas de comunicación ni de someter a las sociedades a los designios del gobierno de turno, sino de regular democráticamente a la radiodifusión bajo concesión pública, estableciendo medidas que aseguren una división equitativa entre el sector público, el sector privado lucrativo y el sector social sin fines lucrativos.

¿Los medios podrían ejercer poder sin el apoyo de la sociedad? ¿Le cabe alguna responsabilidad a la ciudadanía?

No creo que a la ciudadanía se le pueda atribuir la responsabilidad. Por el contrario, ella es afectada por la falta de diversidad en los medios monopólicos, en cuyos noticieros las reivindicaciones comunitarias se reflejan de forma extremadamente limitada, o son ignoradas y silenciadas.

Por más que determinadas demandas de la audiencia sean identificadas e incorporadas a las programaciones mediáticas, son los grupos privados quienes determinan lo que la sociedad puede leer, oír y ver, es decir, cuáles son los actores sociales que merecen estar en agenda. Cabe preguntar cuándo la sociedad fue llamada a opinar, fuera de los sondeos del mercado, sobre la calidad de los contenidos transmitidos.


Ese proceso de conformación del imaginario social por los grandes medios también se profundizó por la ausencia o la inercia de los gobiernos en las tareas de regulación. Una de las consecuencias más perversas es la exclusión de la ciudadanía de la discusión sobre las programaciones televisivas y radiales.

(Fuente: Telam)