La sede de la mutual judía, en pleno corazón de Once, era
destruida hace 20 años por un atentado que causó 85 muertos y más de 300
heridos, en un ataque que aún permanece impune. Hoy recordarán a las víctimas
en cuatros actos.
A las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, una explosión
sacudió Once con una onda expansiva que afectó a más de mil viviendas en seis
cuadras a la redonda.
La gran mayoría de los heridos fueron trasladados al
Hospital de Clínicas, y en Ayacucho 632 se montó un centro de información sobre
la suerte que habían corrido las víctimas.
El recuerdo del atentado que había sufrido la embajada de
Israel, en marzo de 1992, aún estaba fresco en la memoria de los argentinos,
que volvían a revivir con el ataque a la AMIA escenas de dolor, destrucción y
muerte.
El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la
investigación y estableció, a los pocos días del hecho, que el ataque había
sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta Traffic
cargada de explosivos contra la entrada de la mutual.
El hallazgo del block perteneciente al motor de este
vehículo, entre los escombros del edificio por parte de militares israelíes que
participaron de las tareas de rescate, permitió establecer esta línea de
investigación.
El recuerdo del atentado que había sufrido la embajada de
Israel, en marzo de 1992, aún estaba fresco en la memoria de los argentinos,
que volvían a revivir con el ataque a la AMIA escenas de dolor, destrucción y
muerte Por los datos extraídos del block se identificó al vendedor de la
camioneta: Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados que solía tener
tratos con efectivos de la Policía bonaerense.
Al ser rastreadas las llamadas telefónicas realizadas por
Telleldín, se detectó que una semana antes del atentado habló con Alberto
Kannanore Edul, un empresario de origen sirio ya fallecido.
Entre la documentación que se le secuestró a Edul, se
encontró una agenda en la que figuraba el nombre de Moshe Rabbani, consejero
cultural de la embajada de Irán.
Con esa información, Galeano viajó a Venezuela donde se
entrevistó con un disidente y ex funcionario del régimen iraní llamado Manuchur
Moatamer, quien le explicó cómo operaban las células dormidas que utilizaba
Teherán en diversos países.
En base a esa información, el funcionario judicial avanzó
sobre la hipótesis de un atentado ejecutado por la organización Hezbollah y
financiado por el gobierno de Irán.
El juez investigó las vinculaciones de Moshe Rabani, un
clérigo persa, y conjeturó que había sido quien ideó el ataque a la AMIA desde
Irán.
En 1997, el magistrado viajó a París y se reunió con
integrantes del MKO, una organización opositora al régimen teocrático de Irán,
quienes le suministraron los nombres de los funcionarios que habrían planeado
la voladura de la mutual.
Galeano cometió numerosas irregularidades en la causa, entre
ellas, pagarle 400.000 dólares a Telleldín con fondos de la SIDE para que
implicara a un grupo de policías bonaerenses (liderados por el subcomisario
Juan José Rivelli) como armadores de la camioneta que estalló en la calle
Pasteur.
Acusado de mal
desempeño, el juez que instruyó en la causa del ataque a la AMIA, quedó
destituido en 2004 por una comisión de
juicio político.
Un año antes, y tras un proceso oral que se prolongó durante
meses, Telleldín y los policías quedaron libres de culpa y cargo por el
tribunal que los juzgó.
Un informe de inteligencia estableció en 2003 que el chofer
suicida de la Traffic que estalló contra el edificio de la AMIA era Ibrahim
Berro, un ciudadano libanés de 21 años.
Tras la destitución de Galeano, la causa pasó a manos del
juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, quienes en 2006
cursaron un pedido de detención contra 8 funcionarios iraníes, entre ellos el
ex presidente del país Alí Rafsajani; el embajador Hadi Soleinmanpur y el imán
Moshen Rabbani.
Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de
captura por considerar que "no estaban correctamente fundados y no
existían pruebas que los avalaran".
La causa AMIA tiene más 250 mil fojas, divididas en 650
cuerpos de 400 páginas cada uno, en las cuales se acumulan testimonios e
informaciones de 20 años El año pasado, el gobierno argentino firmó "un
memorándum de entendimiento" con Irán, que luego ratificó el Congreso
Nacional, para que los acusados declaren
en la causa.
No obstante, dirigentes de la comunidad judía lo rechazaron
y tramitaron ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad que
resultó avalada por la Sala I de la Cámara Federal.
El Gobierno recurrió a esa decisión "por considerar que
se trata de una medida arbitraria que invade las competencias del Poder
Ejecutivo y el Congreso Nacional".
En tanto, desde 2012, el juez federal Ariel Lijo mantiene
los procesamientos del ex presidente Carlos Menen; el ex jefe de la SIDE Hugo
Anzorreguy; Galeano y otros funcionarios por el delito de encubrimiento.
En enero de este año, la Cámara Federal porteña le pidió a
Lijo que acelere la causa, y el magistrado respondió con sobreseimiento de Carlos
Corach, ex ministro de Interior del menemismo en el momento del atentado.
La causa AMIA tiene más 250 mil fojas, divididas en 650
cuerpos de 400 páginas cada uno en los cuales se acumulan testimonios e
informaciones de 20 años.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas luchan contra
el olvido y aguardan por una justicia que castigue a los responsables de esta
masacre.
(Fuente: ANT)
