El empresario periodístico Jorge Fontevecchia, dueño de la editorial Perfil en plena expansión, sin embargo despide empleados y no sólo eso,
también los denuncia penalmente a los trabajadores por haber participado de una
huelga, en defensa de los 200 compañeros despedidos.
El delegado del diario Perfil, Ruben Schofrin, habló con el
periodismo sobre la presentación que deberán realizar hoy miércoles en la
justicia, los trabajadores que realizaron un paro de actividades el 20 de
diciembre de 2013, en defensa de los periodistas cesanteados.
El empresario Jorge Fontevecchia inició la denuncia penal
tres días después de esta huelga, que se realizaba en defensa de un grupo de
compañeros despedidos, entre ellos miembros de la Junta Electoral, que fueron
cesanteados el mismo día de elecciones de la Comisión Gremial Interna.
“Un hecho sin antecedentes en el gremio de prensa, un
virtual golpe de estado que dio la patronal de perfil” expresó Schofrin, y
agregó que “se los acusa de entorpecer la salida del diario Perfil y de la
Revista Noticias: confunden el derecho de huelga con un entorpecimiento, y un
ataque a la libertad de expresión”.
El delegado del diario, explicó a Radio Nacional que “en las
actas presentadas ante el juez, está detallado que tanto la Policía Federal,
como la Policía Metropolitana, declararon que no había ningún delito, sino un
conflicto gremial, y por tal motivo se retiraron de la empresa, el viernes 20
de diciembre”.

Por otra parte, “hace tres semanas cerraron un acuerdo con
el gobierno chino, para sacar la Revista Caras en Hong Kong, Beijing y Shangai.
O sea que Perfil quiere que le paguemos su expansión económica, pero nosotros
vamos a defender todos los puestos de trabajo”.
Para Ruben Schofrin la denuncia tiene que ver con un ataque
sistemático a la organización gremial, por el hecho de “despedir trabajadores
el día de elecciones y agraviar a la organización en un intento de
descabezamiento”.
El delegado también se refirió al comunicado que emitió la
Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina: “Es una vulgar extorsión
al juez que interviene en la causa”. Y recordó que “en el año 2002, cuando
Fontevecchia intentó liquidar el Estatuto del Periodista Profesional, ley que
regula el ejercicio de nuestra profesión, nos acusó por defenderlos, de ser
terroristas ideológicos”.