En el caso que salpica a la coalición política gobernante en la provincia de Santa Fe, y que estallara con el procesamiento
de Marcelo Vorobiof, empresario que estaba al frente del ente portuario, la justicia ya investiga la ruta del dinero. Los delitos son peculado y negociaciones incompatibles con
la función pública. También fue llamado a indagatoria José Chemes, segundo al
frente del organismo.
Escribe Gabriel A. Morini
El escándalo de corrupción en Santa Fe conocido como Causa
Puerto amenaza con tener nuevos capítulos en los próximos días. Al
procesamiento dictado por la justicia el lunes de la semana pasada contra el ex
presidente del Ente Portuario de esa provincia Mario Vorobiof, se suma el
llamado a indagatoria a José María Chemes, su segundo al frente del organismo,
y representante del gobierno municipal, también señalado por maniobras de
peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
La fiscalía apunta ahora a seguir la ruta del dinero de los
cheques pagados a empresas fantasmas en las que había miembros de la familia
del empresario inmobiliario muy cercano a la dirigencia política local. Se
investiga, además, el faltante de 1200 toneladas de soja, que desaparecieron de
los silos sin dejar rastros.
Vorobiof negó los cargos, se declaró inocente y dijo que no
podía ser acusado porque no era un funcionario público. Para el juez Jorge
Pegassano, el ahora ex funcionario fue responsable de crear junto a otros
gerentes del Ente, Fernando Molinari y Sebastián Alonso, la firma Rumbo
Portuario SRL, que en tan sólo seis meses de vida embolsó 2 millones de pesos
en contratos. Según los documentos, los titulares de la empresa que cerró el
contrato al día siguiente de haberse creado son Rodrigo Fabián Carelli y
Mariela Guadalupe Oroño. Pero era administrada por Sergio Vázquez, casado con
Cecilia Vorobiof, hija del titular del puerto y representante de la
Subsecretaría de la Función Pública en la Municipalidad de Santa Fe.
El otro caso de una firma sospechada de ser sólo una fachada
es el de Casco Felipa, que está registrada a nombre de Alejandra Casco y de
Simón Banchik. Este último es hermano de la esposa de Vorobiof. A la firma del
cuñado del presidente, el Ente le adjudicó obras por 459.876,74 pesos.
MÁS INDAGADOS. El contador Chemes, director de la Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe,
también tiene pendiente la indagatoria por haber avalado desde su rol en el
directorio del Ente varias de las maniobras adjudicadas a Vorobiof. En los
próximos días se conocerá cuándo será su citación que podría derivar en un
nuevo procesamiento en la causa, donde a su vez están implicados todos los
"presta nombres" de las firmas con las que se perjudicó a la
administración pública en contrataciones directas y pagos irregulares. "Se
ha podido trabajar, investigar y se ha avanzado con prueba contundente que nos
ha permitido indagarlo y después procesarlo, no obstante falta mucho por
hacer", afirmó sobre Vorobiof el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, consultado por
Tiempo Argentino. "Toda la prueba ratificó la hipótesis originaria en el
requerimiento de instrucción en un 90 por ciento. Hubo un solo hecho que se
descartó que fue una falsificación de documento, pero la investigación se
amplió con nuevos hechos", indicó.
RUTA FINANCIERA. Todos los pagos fueron realizados con
cheques, lo que supondrá que el segundo paso de la justicia sea confirmar
adónde fueron girados los fondos fruto de las operaciones con constructoras
fantasmas. Ese rastreo fue solicitado al Banco Central. Para el juez, los pagos
realizados a otra firma, Mundo Construcciones Coemic SA, "comprometieron
las finanzas del Ente hasta el año 2020".
"En lo que respecta a los vínculos familiares con las
empresas Rumbo Portuario y Casco Felipa las pruebas son tan abrumadoras que
demuestran, no sólo que en las mismas existen familiares, sino también la
activa e interesada participación de Vorobiof en ellas", sostuvo el juez
en el procesamiento, que podría hacerse extensivo a otros integrantes del
directorio.
El colmo fue el contrato con Caro Engler, al que se le
adjudicó una obra que sólo completó en un 26 por ciento. Mientras tanto, se le
giraron fondos en concepto de adelanto por más del 60 por ciento. Al rescindir
el contrato con la empresa, Vorobiof sugirió algo impensado: indemnizar a la
firma para que se retire. En su indagatoria, Vorobiof sostuvo que era inocente
y que había "acordado metas políticas" con el gobernador de la
provincia, que estaba al tanto de su gestión.
Vorobiof aún no fue indagado por otro de los hechos
irregulares que constan en el expediente: la desaparición de 1100 toneladas de
soja de los silos del puerto. La firma damnificada debió ser también compensada
pero se disparó una pregunta: ¿Cómo es posible que alrededor de 40 camiones se hubieran
llevado ese producto sin que nadie lo advirtiera?
"PUERTOGATE". En Santa Fe todos apuntan al
"PuertoGate" como la revelación de una maniobra en el manejo de la
"caja chica" de la política ligada al radicalismo. Vorobiof había
sido designado el 25 de enero de 2010 por el ex gobernador y presidente del
Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, fruto de una recomendación hecha por
el ex intendente capitalino y actual diputado radical, Mario Barletta.
Vorobiof –hombre destacado en la
sociedad civil santafesina y ligado a negocios inmobiliarios– ya conocía a
Barletta de su paso por la Universidad Nacional del Litoral, donde el ex
intendente fue rector. Su ratificación en 2011 al frente del organismo
encargado de administrar el puerto quedó en manos del actual mandatario Antonio
Bonfatti, quien después de que Vorobiof fuera llamado a indagatoria intentó
despegarse de sus actividades y dijo desconocer los manejos de los que se lo
acusa. Sin embargo, además de las denuncias de integrantes del Ente por el ofrecimiento
de simular contrataciones a través de empresas fantasma, fue la propia
Sindicatura General de la Provincia la que –a pesar de que no estaba bajo su
órbita de control– decidió, por orden de uno de los ministros de Bonfatti,
encarar una auditoría sobre todos los organismos a cargo de los puertos en
2012, con especial énfasis en el que presidía Vorobiof. El requerimiento de
instrucción con el que el Ministerio Público solicitó pruebas y pidió
indagatorias está basado en gran parte de las evidencias de irregularidades
surgidas de esa auditoría en la que, de alguna forma, se entregaron las pruebas
del accionar que ahora se investiga.
Los síndicos que llevaron adelante aquella auditoría
reveladora también elevaron sus conclusiones al gobernador Bonfatti.
Actualmente, una comisión investigadora fue creada en la
Legislatura santafesina para avanzar e intentar dilucidar responsabilidades
políticas de las maniobras que la justicia ya da por probadas.
(Fuente: Diario Tiempo Argentino)
