Con el inicio del juicio en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, (Buenos Aires) son 18 los procesos que se realizan en el país por
violaciones a los derechos humanos.
Los juicios orales y públicos se desarrollan en Capital Federal, Córdoba, San Luis, La Plata, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Tucumán.
En la Ciudad de Buenos Aires continúa el proceso en el que
son juzgados 68 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas
y homicidios en la ESMA.
Entre los imputados se encuentran ocho aviadores navales y
de la Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte",
en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata.
También en Capital Federal sigue el juicio por delitos
cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras
sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios
países.
En tanto, se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal 4 de esta Capital, el juicio por delitos cometidos en el centro
clandestino de detención "El Vesubio", en el que son juzgados cinco
represores por delitos cometidos en perjuicio de 204 víctimas.
Asimismo, en Córdoba, continúa la etapa testimonial del
juicio de la megacausa `La Perla´, que involucra a 417 víctimas y tiene ahora
52 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, y que lleva
más de un año.
En este juicio se agregó esta semana una nueva causa en la
que se juzga a detención ilegítima de los empleados de empresas del Grupo
Mackentor, directivos y accionistas, quienes fueron privados ilegítimamente de
su libertad y sometidos a torturas en los centros clandestinos de detención y
torturas la Ribera y La Perla.
En San Luis, comenzarán el 3 de octubre los alegatos del
proceso en el que son juzgados 29 represores, entre ellos Menéndez, por hechos
ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis, en
perjuicio de 11 militantes víctimas de desaparición y asesinatos y la privación
ilegítima de la libertad seguida de tormentos.
En tanto, se encuentra en etapa de alegatos el juicio a 18
ex militares y policías, entre ellos Miguel Etchecolatz, y tres civiles, por el
secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha,
ubicado en las afueras del partido de La Plata.
En este juicio, se ventilan las detenciones ilegítimas de
unas 128 personas, entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de
Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino
en España.
En Rosario, en tanto, el Tribunal Oral Federal 2 encabeza un
juicio por delitos en perjuicio de 43 víctimas, en el que son juzgados nueve
represores. Se trata de un desprendimiento de la causa "Díaz Bessone"
(Ex Feced II) y cuya sentencia se conocerá el 10 de octubre.
En Mendoza, en tanto, unos 41 imputados, entre los que se
encuentran los ex jueces Otilio Romano, a quien esta semana le negaron la
prisión domiciliaria, y Luis Miret,
comenzaron a ser juzgados en lo que constituye un megajuicio relevante debido a
la cantidad de funcionarios judiciales procesados.
En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín sigue el
juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido
como "Mansión Seré", y en otros lugares que integraron el circuito
represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense.
Durante el juicio se analiza la responsabilidad de ocho
represores por delitos cometidos en perjuicio de 97 víctimas ocurridos en la
Subzona 16, como era llamada la zona oeste de Buenos Aires (Morón, Ituzaingó y
Hurlingham, Merlo y Moreno).
En Salta, mañana concluirá el juicio que investiga los
crímenes contenidos en la "Causa Metán", en el que la justicia
investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
cívico militar en esa localidad del sur de la provincia, proceso que tiene 12
víctimas y seis imputados.
En la ciudad bonaerense de San Nicolás, se desarrolla el
juicio por la causa conocida como "Saint Amant II", cuyo principal
acusado es el teniente coronel (RE) Fernando Manuel Saint Amant.
En la causa se acumularon 15 expedientes con casos de 76
víctimas del terrorismo de Estado provenientes de las localidades bonaerenses
de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.
En Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal local, juzga al
ex coronel Carlos Aldo Máspero, quien había sido apartado por problemas de
salud de otros procesos. Los alegatos comenzarán el 1 de octubre.
En Bahía Blanca se desarrolla el tercer juicio por delitos
de lesa humanidad en el que son juzgadas 24 personas.
En tanto, en los Tribunales Federales de San Martín se
realiza un nuevo juicio en el marco de la megacausa Campo de Mayo, esta vez
para juzgar a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad contra
obreros de fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y, en algunos casos,
contra sus familiares.
En las audiencias son debatidas sucesivamente seis causas
que agrupan 23 casos con más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores (y en
algunos casos sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina, de los
establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur y de la metalúrgica Bopavi.
En tanto, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe juzgó a tres
represores, entre ellos José María González, primer interventor de la provincia
tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
Son juzgados, además de González, el ex militar Jorge
Roberto Diab y al ex comisario de policía, Ricardo José Salomón por el
secuestro y torturas en perjuicio del ex intendente Noé Adán Campagnolo y el ex
presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Rubén Dunda, que eran dos
autoridades del PJ que fueron elegidos democráticamente.
La sentencia iba a conocerse esta semana pero por enfermedad
el represor González no pudo asistir a la audiencia ni pronunciar sus últimas
palabras y por lo tanto se postergó para el 1 de octubre.
El miércoles 17 de septiembre comenzaron dos procesos: uno
en la Ciudad de Buenos Aires, en el que se juzga por segunda vez el robo de
bebés, y otro en Tucumán, que es el décimo proceso que se desarrolla en esta
provincia.
En este marco, el Tribunal
Oral 6 comenzó a juzgar al dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone, al
ex jefe de la Zona Militar IV Santiago Riveros, al ex jefe del Servicio de
Traumatología de la institución, Norberto Atilio Bianco, al jefe del Servicio
de Clínica, Raúl Eugenio Martín, y a la obstetra Yolanda Arroche de Sala
García.
En este proceso se investiga la apropiación de nueve bebes
de los cuales tres fueron restituidos. Se trata de los hijos de Marta Alvarez;
Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte;
Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña.
También, se buscará establecer el rol de los acusados en la
privación de la libertad de cuatro víctimas.
En Tucumán, en tanto,
son juzgados 11 represores por los crímenes que se cometieron en el penal de
Villa Urquiza, donde funcionaba un
pabellón exclusivo para los denominados presos políticos, conocido como
“Pabellón de la muerte” donde se produjeron delitos que van desde torturas agravadas, torturas seguidas de
muerte, delitos sexuales (incluidos los abusos y las violaciones), desaparición
forzada y homicidios triplemente calificado.
En este proceso iba a ser juzgado también Menéndez, pero
quedó separado a raíz de estar siendo juzgado en la megacausa La Perla.
El lunes 22 comenzó en la ciudad bonaerense de Olavarría, el
proceso por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de
Monte Peloni, cuyo expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los
imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el
capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal
Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de
"homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y
torturas".
Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban
asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene
asiento en esta localidad.
Por otra parte, continúan por escrito, al sustanciarse por
el viejo Código Penal, un juicio por apropiación en la Capital Federal, y otro
en Entre Ríos por la causa "Area Paraná", en el cual organismos de
derechos humanos y querellantes pidieron a la justicia federal entrerriana que
la instancia de las declaraciones sean orales y públicas y no por escrito.
