jueves, 23 de octubre de 2014

LA MARCHA DE LA GORRA

Ayer se realizó en distintas ciudades del país una marcha para manifestarse en contra de la violencia institucional. Un “nunca más” a la violencia policial.

En Buenos Aires la manifestación unió el Departamento Central de la Federal con la sede de la Bonaerense y fue motorizada por la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. “Las fuerzas de seguridad siguen abusando de los derechos de los pibes”, argumentaron los organizadores.

Por Carlos Rodríguez

Una marcha multitudinaria, que comenzó en las puertas del Departamento Central de la Policía Federal, en el barrio porteño de Monserrat, y finalizó frente a la sede de la Policía Bonaerense, en La Plata, reclamó “el nunca más de la violencia de las fuerzas de seguridad contra los pibes que viven en los barrios pobres”. La manifestación, que fue motorizada por la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, desaparecido desde enero de 2009 en un caso que involucra a la Policía Bonaerense, tomó el nombre de la Marcha de la Gorra, que en Córdoba se realiza desde hace ocho años para denunciar los casos de gatillo fácil y torturas en sede policial. Una gigantesca gorra con visera, como las que usan los adolescentes en todo el país, fue depositada como símbolo del “nunca más” en la vereda de la sede central de la Federal, en Belgrano al 1500, acompañada por centenares de gorras blancas lanzadas al aire por los manifestantes.

“Lo que queremos marcar con esta marcha es que las fuerzas de seguridad siguen abusando de los derechos de los pibes que viven en los barrios pobres”, dijo en el comienzo de la manifestación el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, una de las agrupaciones convocantes. Grosso explicó que, por esa razón, la consigna que llevaba la bandera que presidió el acto fue: “Los pobres tenemos derechos”. Grosso sostuvo que fueron a las sedes de la Federal y la Bonaerense “para marcar que las fuerzas de seguridad siguen hostigando a nuestros pibes y se cobran la vida de miles de pibes, y esto no puede seguir”.

Las críticas, tanto de Grosso como de otros oradores, estuvieron dirigidas a las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió el caso Arruga, “a partir de la gestión de (Ricardo) Casal” y que se incrementaron “con la aplicación del Plan de Emergencia en Seguridad” lanzado por el gobierno de Daniel Scioli, a partir de la asunción del actual ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados.

Los manifestantes llevaban pancartas que expresaban consignas tales como “Seguridad es inclusión a los pibes”, “Detrás de cada gorra hay un pibe con su historia”; también se levantó otra que mostraba una gorra, pero en este caso la típica policial, con la frase “juicio y castigo”. Uno de los cánticos que se escucharon frente a la sede de la Federal decía: “No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación”. Antes de la partida hacia La Plata, se leyó un documento consensuado entre las cerca de 50 agrupaciones políticas, gremiales y sociales que convocaron al acto.

En el texto se denunció que los ataques contra los jóvenes en los barrios pobres “no son casos aislados”, porque “las instituciones policiales legitiman un clima de guerra contra un estereotipo de delincuente y encuentran en la lucha contra el crimen un peligroso discurso que fundamenta su despliegue e intervención territorial constante y creciente en zonas vulnerables” de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Agregaron que en la actualidad “se presentan escenarios similares en distintos países del continente, con resultados sociales y políticos de alto riesgo para los pueblos”.

Recordaron que Luciano Arruga “era hostigado por la policía de su barrio; su hermana (Vanesa Orieta) escuchó sus gritos bajo tortura en el Destacamento de Lomas del Mirador y (después) ocultaron su cuerpo durante cinco años y ocho meses”. Consideraron que la aparición del cuerpo en el cementerio de la Chacarita fue “la gota que rebasa el vaso” y que su caso “es símbolo de una problemática social persistente” en todo el país. En nombre de los pibes de los barrios pobres, expresaron: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.

Entre otras personalidades y entidades convocantes figuraron Hebe Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S., la Asociación Miguel Bru, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Ctera, Suteba, CTA, la Federación Juvenil Comunista y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estuvieron presentes las madres de varias víctimas de la violencia institucional, entre ellas las de Sebastián Bordón, Mariano Witis, Martín Aranda, Ezequiel Demonty y Jonathan Ezequiel Lezcano. En La Plata se sumó Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, el estudiante de periodismo asesinado por la Policía Bonaerense cuyo cuerpo todavía sigue sin aparecer. También estuvieron en la cabeza de la marcha Horacio Verbitsky, Gastón Chillier y Paula Litvachky, del CELS.

El diputado Grosso sostuvo que lo que se quiere expresar con esta marcha es que “toda la sociedad debe intervenir para que se produzca una profunda democratización de las fuerzas de seguridad y también una profunda reflexión y democratizacion del Poder Judicial”.

Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza, expresó que la intención es “luchar por todos los Luciano Arruga que hay en el país, porque estas cosas no pueden seguir pasando impunemente; acá hay una responsabilidad policial, pero también una gran responsabilidad de la Justicia porque la Justicia provincial, en el caso Arruga y en otros, no actuó como debía”.

Agregó que “parece que la vida de nuestros pibes no tiene ningún valor, porque parece que vale más cajonear un expediente, no hacer nada, y eso no es más que desidia por la vida de los pibes. Estas son las cosas que tenemos que cambiar, de la policía y de la Justicia”.

Entre los oradores estuvieron Eduardo López, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), y Dolly Demonty, la madre de Ezequiel Demonty, el chico que murió el 14 de septiembre de 2002 luego de ser obligado a arrojarse al Riachuelo por agentes de la Policía Federal. Ayer, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para que el Puente Uriburu, que une el barrio porteño de Pompeya con el partido de Lanús, ubicado cerca de donde apareción el cuerpo del joven, lleve en el futuro el nombre de Ezequiel Demonty.