martes, 21 de octubre de 2014

MOVILIZACIÓN PARA PEDIR QUE DEJEN DE FUMIGAR

Organizaciones nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos y vecinos autoconvocados marcharán a la Casa de Gobierno de la Provincia para reclamar el respeto por la salud.

Además pedirán una audiencia pública para abordar los pormenores del proyecto de modificación de la ley que regula el uso de agroquímicos.

Por Luis Emilio Blanco

Este jueves las organizaciones nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos y vecinos autoconvocados de pueblos fumigados marcharán a la Casa de Gobierno para demandar el cumplimiento de la ley y el respeto por la salud y la vida del pueblo santafesino y de sus bienes comunes. Además pedirán una audiencia pública para abordar los pormenores del proyecto de modificación de la ley que regula el uso de agroquímicos.

Cercano al final del segundo periodo legislativo, el proyecto de ley "más democrático y mejor fundamentado que haya transitado por la Legislatura" con el fin de actualizar la vieja ley 11.273/95 que regula el uso de químicos agrarios y que fue ingresado en mayo de 2013 por el diputado José M. Tessa, "sigue durmiendo en la Cámara de Diputados y apenas superó la instancia de una comisión", remarcaron las organizaciones convocantes.

También enfatizaron su legitimidad ya que "miles de voluntades confluyeron en su redacción y lo enriquecieron médicos y científicos de todo el mundo, sin vínculos con las empresas". La congregación frente a la Casa Gris será a las 12 y luego marcharán a la Legislatura para indagar sobre los motivos de la demora en el tratamiento del proyecto modificatorio de la vieja ley de fitosanitarios, que por estos días cumplió más de un año y medio en Diputados. Actualmente el proyecto que modifica la ley 11.273 está en tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente tras haber transitado por la Comisión de Agricultura y que lograra dictamen por mayoría.

"Nuestro proyecto prohíbe las aspersiones aéreas en toda la provincia, prevé zonas de resguardo en las que no se puedan usar agrotóxicos en una franja de 800 metros de la línea urbana de pueblos, caseríos y humedales y unos mil metros a contar desde las escuelas rurales", explicó Carlos Manessi, integrante del Centro de Protección a la Naturaleza.

Devolución. La iniciativa también propone la instauración de un sistema de devolución de la totalidad de los envases que se expendan para evitar que el depósito final de esos recipientes quede bajo criterio de cada productor y las reiteradas situaciones de reciclado irregular o el descarte en espejos de agua o zonas cercanas a centros urbanos. "La idea es que quienes lucran con la fabricación, comercialización y distribución de agrotóxicos tengan al menos la responsabilidad de minimizar el impacto ambiental que tiene esa actividad", remarcó Manessi.

"Así, con el uso de bidones retornables, se evitaría que la gente le dé usos alternativos como se observa en todas las poblaciones del interior. También se impediría que vuelvan al mercado luego de reciclar el plástico en otras formas de elementos que pueden poner en riesgo la salud de los usuarios", enfatizó el ambientalista.

Entre otros puntos, el proyecto prevé el desarrollo de sistemas agroecológicos de producción de alimentos en terrenos comprendidos en las zonas de resguardo.


"Compareceremos en la Casa de Gobierno a fin de exigir al gobernador el cumplimiento de las escasas normas vigentes para paliar el proceso de destrucción masiva en curso, demandando, entre otras medidas, la acreditación del control realizado a las plantas de acopio, el cumplimiento de la prohibición de fumigar banquinas, mecanismos de control y seguimiento de bidones tóxicos que suelen terminar en ríos, arroyos o convertidos en juguetes infantiles, cucharitas para helado o botellas plásticas. Reclamaremos que, en uso de sus facultades, detenga la utilización de los tóxicos más potentes y antiguos, como el 2,4 D, con sus semillas resistentes asociadas, como proponen las multinacionales del agronegocio", remarcaron.