En los juicios por crímenes de lesa humanidad, ayer fueron condenados 15 represores que actuaron en el ex centro clandestino de detención conocido como La Cacha, en La Plata.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó esta tarde a
prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos
durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de
detención conocido como “La Cacha” que funcionó en las afueras de la capital
provincial.
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega
y Pablo Jantus, quienes condenaron a los imputados por los delitos de
homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos
“en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza
de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo
para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del
Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la
represión.
Según el veredicto, por unanimidad la máxima pena se le
aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex
comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel
Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos
cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la
Policía durante la última dictadura.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto
Armando Balmaceda, Ricardo Armando
Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena,
Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos
María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex
destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del
Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y
a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y
Julio César Garachico.
En tanto, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12
años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se
absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo
Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.
Entre los casos por los que fueron condenados están la
detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza
de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima
de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini,
actual embajador argentino en España y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga
Noemí Casado.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo a Télam que ”ahora tenemos
la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la
cárcel”.
Además, aseguró que se va “conforme” con el fallo “porque
nuestros queridos asesinados y desaparecidos estarán descansando en paz”.
En tanto, el embajador argentino en España, Carlos Bettini,
que también estuvo presente en la audiencia, aseguró que “se juzgó los
asesinatos de mi hermano Marcelo, de mi padre Antonio y de mi abuela Mercedes
Francese”.
“Si bien ocurrió 37 años después, es reparador. Se hizo
justicia y el tribunal en un año hizo maravillas para arribar a este fin. Me
voy con la satisfacción e poder contarle a mi madre a España que se hizo
justicia”, sostuvo.
En la audiencia, realizada en La Plata, el Tribunal exhortó
también a los Poderes Ejecutivos Nacional y provincial a exonerar a los
condenados, a suspenderles los beneficios de la jubilación o retiros y a que
desafecten los inmuebles donde funcionó La Cacha y la Dirección de Inteligencia
del Ejército para transformarlos en museo de la memoria.
Precisamente hoy, ambos inmuebles fueron señalizados por las
secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
La señalización se hizo en la ruta provincial N° 36 y calle 197,
de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el acceso al ex centro
clandestino de detención que operó entre 1976 y 1978.
La misma metodología se hizo también en el Destacamento 101
de Inteligencia, ubicado en calle 55 entre 7 y 8, de la capital bonaerense,
donde se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en
La Plata y otras localidades cercanas a partir de 1975.
Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una
maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó "La Cacha" ya que los
represores se jactaban en decir: "Estas en La Cacha de Cachavacha, la
bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado
Hijitus de Manuel García Ferré.
En los más de 10 meses que duró el juicio oral y público y
en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos
de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios
conexos.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo
Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres
estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron
apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales
fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al
menos nueve niños nacidos en cautiverio.
