miércoles, 15 de octubre de 2014

PIDEN INVESTIGAR AL FMI POR FINANCIAR LA DICTADURA

El representante del Ministerio Público le solicitó al juez Sebastián Ramos que para obtener pruebas ordene recabar información en el Ministerio de Economía, el Banco Central y la oficina local del organismo supranacional.

En un dictamen inédito, el fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que se investigue el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el financiamiento de la última dictadura cívico-militar. El fiscal consideró que aún no hay pruebas para desentrañar la responsabilidad del organismo supranacional en el endeudamiento del país, por lo que le pidió al juez federal Sebastián Ramos que ordene recabar información al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la representación argentina del FMI, adelantó Tiempo Argentino.

La causa, caratulada "NN sobre delito de acción pública", se originó con una denuncia realizada en 2005 por los diputados Patricia Walsh, Mario Cafiero y Vilma Ripoll y está relacionada con otra iniciada por Alejandro Olmos para declarar ilegal la deuda externa.

En el dictamen, Delgado consideró "una obviedad" que existió una relación de "complicidad estructural" entre la dictadura y el FMI, pero reconoció la dificultad de conseguir las pruebas para "bajar" esa relación a las exigencias del derecho penal para establecer si algunos miembros de aquel organismo participaron en delitos de lesa humanidad.

Para lograrlo, la investigación debe "acreditar que algunos agentes del FMI eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad, para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente Consenso de Washington", detalló.

Consideró en ese sentido que se debe lograr probar "que entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además, que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social".

Ante la imposibilidad de encontrar testigos o documentos que acrediten participación de algún funcionario del FMI, Delgado decidió "asumir el fracaso" de la pesquisa de lo que denomina la "culpabilidad fina", es decir encontrar las personas responsables, y centrarse en la "culpabilidad gruesa" o institucional.

"La 'inculpación fina' se caracteriza por simplificar la realidad y asigna culpa a un sujeto individual que de alguna manera participó en la comisión de hechos brutales. El paso del tiempo, al contrario, es el que abre el camino a la 'inculpación gruesa', a través de la que se analizan otras variables que asignan responsabilidad a agentes anónimos y a instituciones", explicó.

Para tratar de entender esa responsabilidad a nivel institucional, el fiscal incluyó una serie de documentos como anexos y propuso al juez Ramos medidas de prueba que considera necesarias para avanzar: que encomiende a un organismo del Poder Ejecutivo Nacional la compulsa de los archivos para "verificar si es posible reconstruir el circuito comunicativo del Estado 'hacia adentro' y 'hacia afuera' a fin de determinar si el FMI es culpable en tanto institución".

El fiscal le recomendó al juez federal Ramos que le encomiende la tarea de recabar la información a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia que funciona en el marco de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y pidió al magistrado que "fije plazos, estableciendo pautas de trabajo y los mecanismos necesarios para que la información fluya de manera sencilla y sin mayores rodeos".

Al mismo tiempo, consideró que "debería requerir un trabajo similar a la representación argentina del FMI para eludir el tortuoso camino que propone el abogado de la entidad que, irónicamente, coloca al FMI en el lugar de un caricaturesco Zeus de un Olimpo opaco. Y en un sentido similar, al Banco Central de la República Argentina".

Entre la documentación anexada en el dictamen
figuran algunos indicios que comprometen al Fondo Monetario con el régimen militar, como los créditos millonarios otorgados a las Juntas a pesar de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que se hacían alrededor del mundo, así como reuniones mantenidas por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, con autoridades financieras estadounidenses y del FMI.

El rol del Fondo en el financiamiento de la dictadura ya había sido denunciado en 1982 por Alejandro Olmos al reclamar la ilegalidad de la deuda externa, que entre 1976 y 1983 aumentó de 7000 millones de dólares a unos 48 mil millones.

La causa fue tomada por el juez federal Jorge Ballesteros, quien por prescripción de la acción penal debió archivar el expediente, pero envió la causa al Congreso de la Nación para que investigara los hechos. En su dictamen aseguró que "el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional".

La causa que investigó el fiscal Delgado se inició en el año 2005. Luego de que la Corte Suprema declarara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el fallo Arancibia Clavel, Walsh, Cafiero y Ripoll hicieron la presentación ante el máximo tribunal para investigar "el financiamiento del Estado represivo", es decir, quiénes fueron los que gestionaron los fondos provenientes de préstamos en el exterior que luego fueron utilizados para costear el terrorismo de Estado.

Los diputados sostuvieron en ese momento que "el endeudamiento externo hubiera sido imposible sin el concurso de los Organismos Internacionales de Crédito", y aseguraron que "sus funcionarios no desconocían las circunstancias de hecho imperantes durante la última dictadura, ya que eran objeto de público reproche internacional".

En la denuncia hecha nueve años atrás los legisladores señalaban la participación de funcionarios del FMI, el Banco Mundial y el BID, así como del economista Claudio Loser, funcionario del FMI luego nombrado como asesor del Banco Central, bancos nacionales y extranjeros, empresas y funcionarios de la dictadura.

"Sorprende que el FMI fuera llamativamente flexible con el gobierno militar a punto tal que no sólo consintió en silencio su desproporcionado nivel de endeudamiento, sino que hasta facilitó el mismo", sostuvieron y agregaron: "El poder de las armas requirió del poder económico y este fue aportado por los cultores de la Escuela de Chicago y por funcionarios de organismos internacionales".

(InfoNews)