El representante del Ministerio Público le solicitó al juez
Sebastián Ramos que para obtener pruebas ordene recabar información en el
Ministerio de Economía, el Banco Central y la oficina local del organismo
supranacional.
En un dictamen inédito, el fiscal federal Federico Delgado
pidió ayer que se investigue el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) en
el financiamiento de la última dictadura cívico-militar. El fiscal consideró
que aún no hay pruebas para desentrañar la responsabilidad del organismo
supranacional en el endeudamiento del país, por lo que le pidió al juez federal
Sebastián Ramos que ordene recabar información al Ministerio de Economía, al
Banco Central y a la representación argentina del FMI, adelantó Tiempo
Argentino.
La causa, caratulada "NN sobre delito de acción
pública", se originó con una denuncia realizada en 2005 por los diputados
Patricia Walsh, Mario Cafiero y Vilma Ripoll y está relacionada con otra
iniciada por Alejandro Olmos para declarar ilegal la deuda externa.
En el dictamen, Delgado consideró "una obviedad"
que existió una relación de "complicidad estructural" entre la
dictadura y el FMI, pero reconoció la dificultad de conseguir las pruebas para
"bajar" esa relación a las exigencias del derecho penal para
establecer si algunos miembros de aquel organismo participaron en delitos de
lesa humanidad.
Para lograrlo, la investigación debe "acreditar que
algunos agentes del FMI eran conscientes de que en la República Argentina se
estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad, para ‘ajustar’ las relaciones
sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente Consenso de
Washington", detalló.
Consideró en ese sentido que se debe lograr probar "que
entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además,
que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror
dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social".
Ante la imposibilidad de encontrar testigos o documentos que
acrediten participación de algún funcionario del FMI, Delgado decidió
"asumir el fracaso" de la pesquisa de lo que denomina la
"culpabilidad fina", es decir encontrar las personas responsables, y
centrarse en la "culpabilidad gruesa" o institucional.
"La 'inculpación fina' se caracteriza por simplificar
la realidad y asigna culpa a un sujeto individual que de alguna manera
participó en la comisión de hechos brutales. El paso del tiempo, al contrario,
es el que abre el camino a la 'inculpación gruesa', a través de la que se
analizan otras variables que asignan responsabilidad a agentes anónimos y a
instituciones", explicó.
Para tratar de entender esa responsabilidad a nivel
institucional, el fiscal incluyó una serie de documentos como anexos y propuso
al juez Ramos medidas de prueba que considera necesarias para avanzar: que
encomiende a un organismo del Poder Ejecutivo Nacional la compulsa de los
archivos para "verificar si es posible reconstruir el circuito
comunicativo del Estado 'hacia adentro' y 'hacia afuera' a fin de determinar si
el FMI es culpable en tanto institución".
El fiscal le recomendó al juez federal Ramos que le
encomiende la tarea de recabar la información a la Oficina de Coordinación de
Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia que funciona en el
marco de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y pidió al magistrado que
"fije plazos, estableciendo pautas de trabajo y los mecanismos necesarios
para que la información fluya de manera sencilla y sin mayores rodeos".
Al mismo tiempo, consideró que "debería requerir un
trabajo similar a la representación argentina del FMI para eludir el tortuoso
camino que propone el abogado de la entidad que, irónicamente, coloca al FMI en
el lugar de un caricaturesco Zeus de un Olimpo opaco. Y en un sentido similar,
al Banco Central de la República Argentina".
Entre la documentación anexada en el dictamen
figuran
algunos indicios que comprometen al Fondo Monetario con el régimen militar,
como los créditos millonarios otorgados a las Juntas a pesar de las denuncias
por violaciones a los Derechos Humanos que se hacían alrededor del mundo, así
como reuniones mantenidas por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de
Hoz, con autoridades financieras estadounidenses y del FMI.
figuran
algunos indicios que comprometen al Fondo Monetario con el régimen militar,
como los créditos millonarios otorgados a las Juntas a pesar de las denuncias
por violaciones a los Derechos Humanos que se hacían alrededor del mundo, así
como reuniones mantenidas por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de
Hoz, con autoridades financieras estadounidenses y del FMI.
El rol del Fondo en el financiamiento de la dictadura ya
había sido denunciado en 1982 por Alejandro Olmos al reclamar la ilegalidad de
la deuda externa, que entre 1976 y 1983 aumentó de 7000 millones de dólares a
unos 48 mil millones.
La causa fue tomada por el juez federal Jorge Ballesteros,
quien por prescripción de la acción penal debió archivar el expediente, pero
envió la causa al Congreso de la Nación para que investigara los hechos. En su
dictamen aseguró que "el país fue puesto desde el año 1976 bajo la
voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron
activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional".
La causa que investigó el fiscal Delgado se inició en el año
2005. Luego de que la Corte Suprema declarara la imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad en el fallo Arancibia Clavel, Walsh, Cafiero y Ripoll
hicieron la presentación ante el máximo tribunal para investigar "el
financiamiento del Estado represivo", es decir, quiénes fueron los que
gestionaron los fondos provenientes de préstamos en el exterior que luego
fueron utilizados para costear el terrorismo de Estado.
Los diputados sostuvieron en ese momento que "el
endeudamiento externo hubiera sido imposible sin el concurso de los Organismos
Internacionales de Crédito", y aseguraron que "sus funcionarios no
desconocían las circunstancias de hecho imperantes durante la última dictadura,
ya que eran objeto de público reproche internacional".
En la denuncia hecha nueve años atrás los legisladores
señalaban la participación de funcionarios del FMI, el Banco Mundial y el BID,
así como del economista Claudio Loser, funcionario del FMI luego nombrado como
asesor del Banco Central, bancos nacionales y extranjeros, empresas y
funcionarios de la dictadura.
(InfoNews)
