viernes, 14 de noviembre de 2014

HOMENAJE A MARTA ZAMARO Y NILSA URQUÍA

Se realizó un acto en homenaje a Marta Zamaro y Nilsa Urquía, asesinadas por un comando parapolicial hace cuarenta años. El crimen todavía permanece impune.

El acto se realizó en la sede de la sede de la Asociación de Prensa de Santa Fe, ya que una de ellas se desempeñaba como trabajadora de prensa en Nuevo Diario.

Sobre estas dos abogadas, la periodista Cintia Mignone escribió una nota que da detalles de aquel episodio. Reproducimos parte de ese informe.

40 AÑOS DE IMPUNIDAD (Escribe Cintia Mignone)

Marta Zamaro y Nilsa Urquía eran abogadas, integrantes de la Asociación de Abogados Defensores de Presos Políticos, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Marta además, trabajadora de prensa y delegada en Nuevo Diario. Fueron salvajemente asesinadas hace 40 años. Repasamos, a través de los expedientes judiciales, cuatro décadas de impunidad.

La Asociación de Prensa de Santa Fe decidió solicitar la reapertura de la causa por el asesinato de Marta Zamaro y Nilsa Urquía. De aquel momento pasaron algo más de tres años. Los avances han sido lentos, pero el cúmulo de testimonios que se produjeron desde 2011 permitió que el fiscal federal Walter Rodríguez solicitara al juez Reinaldo Rodríguez algunas medidas, entre ellas, algunas imputaciones.

Sin embargo, cuesta aún romper el círculo de impunidad. Una impunidad que comenzó a construirse hace 40 años.

EL EXPEDIENTE ORIGINAL

Repasemos las poco más de 200 fojas que contiene el expediente iniciado el 14 de noviembre de 1974. Está caratulado como “NN s/ Homicidio. Víctimas: Zamaro Marta Adelina – Urquía Nilsa María”. Lo llevó adelante el Juzgado  de Instrucción de la Tercera Nominación, a cargo del juez Néstor Latorre y del fiscal Raúl Betemps.

El sumario policial se inicia en la Unidad Regional XI de Esperanza, donde se informa del hallazgo y la recuperación de los cuerpos, se describe y se realiza un croquis del lugar; siguen las autopsias y la identificación de las víctimas primero por sus huellas dactilares y luego por sus familiares.

Luego pueden leerse actas y denuncias que el propietario de la casa que habitaban Zamaro y Urquía realizó ante la seccional 7ª de policía de la ciudad, en la que hacía constar que había hallado papeles arrojados en el piso y violentada la puerta de calle. Rápidamente tres uniformados visitaron el lugar. Eran las 7 de la mañana del 14 de noviembre. En el patio  encontraron un zapato para dama color marrón con plataforma, correspondiente al pie izquierdo, tres sobres para carta, dos de ellos color marrón, uno abierto y otro sobre color blanco cerrado con cintas adhesivas, conteniendo el sobre abierto hojas escritas a máquina, un cassette, una postal y una boleta. El dueño de la casa dijo que nada de eso le pertenecía. Llamaron insistentemente a la casa donde vivían Zamaro y Urquía, pero nadie les respondió.

Ya con los cuerpos encontrados e identificados, el 21 de noviembre, el jefe de la seccional 7ª, Comisario Principal Juan Pallé, se dirige al juez Latorre indicándole que en esa dependencia se había examinado la documentación secuestrada en el patio  “y presumiéndose podría estar relacionada a comunicaciones entre grupos extremistas, se dio tal novedad al señor jefe de la Tercera Zona de Inspección Comisario Inspector ANÍBAL BUSTAMANTE, quien a su vez ordenó se informe al Servicio de Informaciones de la Unidad Regional I y al Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales Comisario Inspector JUAN FERNÁNDEZ; haciéndose presente posteriormente este último juntamente con el Oficial Principal GERMÁN CHARTIER Sub-Jefe de Informaciones de la Unidad Regional I y personal a sus órdenes, ordenando el Inspector FERNÁNDEZ  proseguir las diligencias en el domicilio mencionado planta alta, mediante el otorgamiento Federal de la correspondiente orden de allanamiento por el Juez Federal Dr. ELBIO CANO”.

El acta del allanamiento ordenado por Cano, “a fines de verificar si en dicho lugar se encuentran elementos de tendencia extremista” está fechada a las 10.30 horas del mismo 14 de noviembre. El resultado fue el secuestro de “cartas escritas a máquina, de distintos tenores, inclusive de alguna procedentes de vía Méjico y otras de distintas partes del país, las que son secuestradas a los efectos de realizar su correspondiente inteligencia por los Organismos competente (…), como así se procede al secuestro de un grabador ‘Phillips’, a cassette, sin número visible, y ocho cassettes; un ejemplar del Sindical Mundial; publicaciones de Nuevo Diario con recortes sobre hechos de violencia, pena de muerte y economía; documento pensamiento de Perón; un ejemplar de Nuevo Hombre-febrero de 1974; un ejemplar del Peronista-mayo 1974; otro ejemplar de Nuevo Hombre-junio 1974; un ejemplar de revista frente con las bases Peronista-julio 1974; un ejemplar Cuaderno de información popular; resoluciones de la Segunda Reunión de Abogados, Néstor Martín, por la libertad de los presos políticos; un libro de la Revolución Cubana, autor Silvio Frondizi; un mazo de cartas en su mayoría manuscrita, dirigida al señor Julio E. Martínez, Diagonal Aguirre 2537; otras dirigidas a Nilsa Urquía, Diagonal Aguirre 2525”.

El 22 de noviembre, el oficial principal Rafael del Pozo, de la Agrupación Unidades Especiales remite al juez Latorre un resumen del acta de allanamiento, señalándole que se buscaban elementos configurantes de infracción a la ley nacional 20840 (de Seguridad Nacional, que determinaba las penalidades para las “actividades subversivas”) dado lo observado previamente, la ausencia de las ocupantes de la casa y “antecedentes conocidos de ZAMARO por los asientos en los archivos de esta policía (Infracción Ley nacional 17401)”. Agrega Del Pozo que no se comprobó infracción a la ley, no obstante lo cual “se procedió al secuestro preventivo del grabador que se remite con el objeto de reproducir cassettes grabados que junto con otra documentación (cartas, publicaciones) de carácter político-ideológico, se encuentran sometidos a estudio para su evaluación informativa“.

Ese mismo día comienzan a tomarse, en sede judicial, los primeros testimonios. El primero es el de Miguel Ángel Urquía, hermano de Nilsa. Relata que la había visto dos días antes de su desaparición, con un cabestrillo en un brazo, y ante una pregunta, responde que la notó en un estado psíquico “normal”. Cuenta que se había enterado de su desaparición por una vecina y que al comprobar que no había concurrido a su trabajo se comunicó con el Juzgado Federal, donde el propio juez le informó que había librado una orden de allanamiento para la casa de su hermana, con resultados negativos. Le preguntan si había realizado denuncia por su desaparición, a lo que contesta que no, ya que al enterarse de que hubo gente que vio que se las llevaban y que “las chicas gritaban”, presumió que se trataba de una detención.

Graciela Susana Zamaro de González relata escuetamente cómo se enteró de la desaparición de su hermana.  Su esposo Juan Carlos declara luego, y lo hace del mismo modo. Ambos se habían enterado por Miguel Urquía.

El juzgado libra entonces oficios a Nuevo Diario y al Registro de la Propiedad, para que informen cuándo habían concurrido ambas por última vez a trabajar y quiénes eran sus compañeros más cercanos.

El expediente continúa con las exposiciones de varias personas, realizadas en sede policial y firmadas en su mayoría por el Jefe de la División judicial de la URI, comisario inspector Néstor Cirilo Silva y el secretario, oficial principal Evaristo Gaspar Segovia.

El primero de ellos es del propietario de la agencia de turismo Delta Tours, quien vendió el pasaje a Méjico a Urquía y que en ese acto entregó su pasaporte, el que había retenido para realizar el visado. Luego declara el agente de la empresa de transporte aéreo Braniff Internacional, por la que debió viajar Urquía el 15 de noviembre.

Una vecina, dueña del teléfono por el que solían hablar las abogadas, relata horarios de trabajo de ambas y dice que “casi no salían por cuanto eran muy caseras, tengo entendido que hacían manualidades”. Le pregunta la policía si realizaban reuniones en la casa; “no eran chicas de hacer fiestas ni espectáculos, eran muy tranquilas”, responde. Le preguntan si las abogadas tenían amistades en el vecindario, a lo que contesta  “eran queridas en el barrio, por cuanto sus tratos eran sencillos, se daban con todos, eran serviciales, sus vestimentas eran casi humildes, pese a la condición de ambas”.

La siguiente testimonial es la del dueño de la casa en la que vivían Zamaro y Urquía. Le preguntan también sus movimientos habituales, dónde comían, si recibían visitas.

Otra vecina, recibe el mismo tenor de preguntas. El propietario del departamento vuelve a ser interrogado a los pocos días, donde dice que no había oído nada la noche del secuestro y que sólo le había llamado la atención la rotura de la puerta. Lo mismo sucede con la vecina: no había oído nada.

Una vecina más tampoco vio ni escuchó nada, pero agregó: “…enterándome por comentarios que comenzaron a realizar los chicos del barrio, que decían ‘la han raptado, la han raptado’, refiriéndose a las dos chicas que vivían en el departamento de la planta alta”.

La mujer que limpiaba la casa de las abogadas una vez por semana, no pudo aportar los datos que le requería la policía.

Llama la atención la insistencia con que la policía intenta dar con el paradero de anteriores inquilinos del departamento. Urquía había declarado que su hermana había tenido un novio llamado Julio Martínez, a quien estaban dirigidas varias de las cartas secuestradas. En su primera declaración, el dueño del departamento había dicho que lo había alquilado anteriormente a un estudiante llamado Héctor, que luego se había instalado una persona llamada Julio. Que Héctor había abandonado el lugar, sumándosele Urquía. Luego Julio se fue y se instaló allí Zamaro.

Todos estos testimonios son elevados por la división Judicial al juez Latorre el 29 de diciembre de 1974. Y esto es todo.

El expediente duerme el sueño pero no de los justos, acumula polvo.

Es apenas sacudido cuando Carlos María Gómez en 1984 deambula por los pasillos de Tribunales, lo hojea,  escribe “Los chacales del arroyo”, aunque lo publica bastante después.

En 1997, el Dr. Alfredo Nogueras, comisionado por los familiares de las víctimas, le solicita al juez copias del expediente, para tramitar la indemnización correspondiente a la ley 24411 ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior. Misma solicitud le realiza al juez de la tercera nominación, por entonces el Dr. Julio César Costa, la funcionaria nacional Dra. Alicia Pierini. Con bastante celeridad, el juez eleva a la Subsecretaría 108 fojas correspondientes al expediente, aclarándole que “dicho proceso a la fecha se encuentra en trámite”.

El 4 de octubre de 2010, el secretario del juzgado corre vista a la fiscal de que había prescripto la acción penal.  Ésta también lo dictamina y ordena la elevación del expediente al Archivo de la Memoria.

EL COMANDO ANTICOMUNISTA DEL LITORAL

El 27 de septiembre de 1974 una bomba explotó en Mitre al 6900, donde residía el militante montonero Mario Alberto Nívoli.

Fue la presentación en sociedad del Comando Anticomunista del Litoral. La organización hizo llegar a los diarios un comunicado señalando:

Este operativo es una advertencia a las organizaciones paramilitares (ERP – MONTONEROS) y fundamentalmente a las estructuras de apoyo a las mismas.

Este comando considerará traidores a la patria, no sólo a los integrantes militares de las organizaciones subversivas, sino también a todos aquellos que se manifiesten a su favor, como así también a los abogados que defienden a delincuentes comunes llamados “guerrilleros” y “defensores del pueblo”, obstaculizando el accionar de la justicia.

El CAL pone en conocimiento del pueblo del litoral que jamás atentará contra los verdaderos trabajadores y sí lo hará contra quienes atenten con sus acciones el normal desarrollo de la institucionalización del país. La clemencia no existirá con los mercenarios que utilizan al pueblo cuando les conviene.

El 20 de octubre, Nuevo Diario publica que había llegado a su redacción una esquela suscripta por el grupo ilegal denominado Alianza Anticomunista Argentina, Comando Litoral, donde se amenaza de muerte a una serie de personas. Ellos eran: Zurbriggen, Garramuño y presbítero Catena (Escuela Superior de Música); Bertona, Carcagno, Angelini y Papaleo (Municipalidad de Santa Fe); Pettinari, Contreras, Priamo, Pavón, Pérez y Quaino (Correos y Telégrafos); De Rosso y Efadull (estudiantes) y Kesller, hijo (comerciante).

Pocos días después, otra amenaza es publicada por el matutino: además de adjudicarse un atentado a la casa del Dr. Ricardo Molinas, la Alianza Anticomunista Argentina Comando Litoral, comunicó que dentro de las 72 horas se ejecutaría a Ricardo Puch, Italo Pastorini, Juan Glinca, Julio Fagalde y Marcelo Kopp.

Apenas unos días después de los asesinatos de Marta Zamaro y Nilsa Urquía, en la  madrugada del 21 de noviembre, el sereno de Nuevo Diario recibió un llamado telefónico advirtiéndole que se atentaría contra el matutino, mencionando al Comando Anticomunista del Litoral. Instantes después, cuatro personas que viajaban en una camioneta Citroën efectuaron dos disparos de armas de fuego, que destrozaron el vidrio de la puerta de entrada uno y una de las ventanas de la planta alta el otro.

Días antes de los asesinatos, varios trabajadores de Nuevo Diario habían recibido una sentencia del CAL. Entre ellos estaban Marta Zamaro, Alcira Ríos, Luis Córdoba y María de los Ángeles Pagano.

La Asociación de Prensa de Santa Fe se entrevistó con el ministro de Gobierno Roberto Rosúa pidiendo garantías. El Sindicato de Artes Gráficas emitió un comunicado “ante los hechos de violencia que les toca vivir a los compañeros gráficos que desempeñan tareas en el matutino Nuevo Diario y que tienen origen en el secuestro y posterior asesinato de la compañera Marta Adelina Zamaro y continúan con amenazas de muerte a otros compañeros y ataques armados contra el local de la empresa, quiere hacer oír su voz de enérgica protesta y total repudio ante hechos de esa naturaleza, provengan de donde provengan”. Rosúa le dijo a los trabajadores: “He impartido expresas instrucciones  para que se agoten todos los medios tendientes a lograr el esclarecimiento de esos lamentables sucesos. En tal sentido tengan la seguridad que se han adoptado y se adoptarán medidas que sean necesarias”.

EL EXPEDIENTE HOY

Desde 2011 se acumularon más de mil fojas. De cada uno de los testimonios se desprende la certeza de que en la madrugada del 14 de noviembre de 1974 hubo una zona liberada en las inmediaciones de Diagonal Aguirre 2537.

La certeza también de que se trató de un operativo conjunto en el que participaron personas de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

Uno de los testimonios da cuenta de que, ante la desesperación de compañeras y compañeros de trabajo en los días transcurridos entre el secuestro y la aparición de los cuerpos, el director de Nuevo Diario Alfredo Sahd les manifestó que había estado con el jefe de la Policía Federal, quien le dijo que “a las chicas las tenían ellos y que luego de terminar el papelerío las iban a poner a disposición del PEN”.

Otra certeza que surge de los testimonios es Marta Zamaro se sentía vigilada. Que ante el inminente viaje de Nilsa Urquía a Méjico iba a mudarse de una compañera para no quedarse sola. Que varios trabajadores de Nuevo Diario habían sido amenazados por el CAL y que se trataba de un periódico en el que todo se publicaba sin censura, por lo que, además de la militancia de las abogadas y de la posible represalia por las muertes del  teniente Gambandé y  el mayor López, la pertenencia de Zamaro a la plantilla del matutino pudo constituir un factor sumatorio.  Y que luego de los crímenes las amenazas no cesaron y varios trabajadores del matutino debieron abandonar no sólo el diario, sino también la ciudad.

Ya se analizó aquí el tenor de algunas comunicaciones que circulaban en secreto entre distintos organismos de inteligencia. Para 1974, el servicio de informaciones funcionaba en óptimas condiciones, y esa es otra certeza.

Es indudable que en estos tres años se avanzó mucho más que en los anteriores 37. Es de esperar que las medidas solicitadas por el fiscal sean aceptadas por el juez con celeridad, y el círculo de impunidad sea cerrado después de cuatro décadas.