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| Marina Benvídez, hija del trabajador desaparecido |
Daniel Benavídez está desaparecido desde 1977, pero fue
cesanteado por "abandono de tareas”, solicitan que se
indique el motivo real, a la vez que se reclama el derecho para la hija de ocupar
su puesto laboral.
Por Juan Carlos Tizziani
Daniel Benavídez está desaparecido desde octubre de 1977.
Era delegado gremial en la Empresa Provincial de la Energía cuando pidió
licencia sin goce de sueldo antes del golpe de estado. En julio de 1976, un
decreto de la dictadura lo dejó cesante por supuesto abandono de tareas para
encubrir la persecución del terrorismo de estado. Treinta y ocho años después,
su hija Mariana, presentó en los Tribunales Federales una acción de amparo que
repare las dos injusticias: el despojo a su padre y su propio derecho laboral.
Es el segundo recurso que se intenta en el país, en este caso para que se investigue
la desaparición de Benavídez como delito de lesa humanidad, se ordene a la EPE
revocar la causa de su cese de actividades en la empresa y se anote la
verdadera, como víctima de secuestro y desaparición y se reconozca el derecho
de la hija a ocupar el puesto de trabajo del padre, como lo establece el
convenio colectivo.
Ya hay una sentencia en un caso semejante. En noviembre del
año pasado, el juez federal Nº 1 de Rosario, Héctor Zucchi, resolvió que la
causal de cesantía de una trabajadora desaparecida, Adriana Tasada, era la
persecución del terrorismo de estado y ordenó que su hija, la abogada María
Laura Megna Tasada, ocupe su puesto en la Aduana de Rosario. María Laura logró
ingresar a la Aduana en enero de este año y ahora, Mariana reivindica el mismo
derecho para trabajar en la EPE.
Mariana Benavídez recurrió a la justicia porque ya agotó la
vía administrativa en la provincia. Presentó un recurso ante el gobernador
Antonio Bonfatti para que "se reconozca la situación de mi papá que fue
cesanteado durante la dictadura" y "víctima del terrorismo de estado
y la persecución", dijo. Bonfatti derivó el asunto a la EPE; el presidente
de la empresa, Daniel Cantalejo se lo mandó al vice, Cristian Berrino y éste al
gerente de Recursos Humanos. La EPE le respondió con evasivas y tono
burocrático. "No reconocieron la situación de mi papá" y tampoco
"mi derecho a ingresar a la empresa como hija de un trabajador
fallecido", relató Mariana.
- ¿Y con qué argumentos? preguntó Rosario/12.
- No tienen argumentos sólidos, desconocen el reclamo y
apelan a las evasivas. La empresa se lavó las manos - sintetizó Mariana.
Su abogado, Marcelo Abaca - que patrocinó el recurso de
María Laura en Rosario y ahora el de Mariana en Santa Fe- dijo que apelaron al
"amparo judicial porque la vía administrativa está agotada. El daño es
gravísimo, la lesión constante, permanente, y comenzó desde la desaparición del
papá de Mariana, en octubre de 1977", dijo.
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| Portada del diario Rosario 12 |
"Toda esta situación deja como único camino la vía del
amparo. Nosotros hemos pedido tres cosas en esta acción: la reparación del
legajo, el ingreso de su hija como familiar directo y que se inicie la
investigación por la desaparición forzada de Daniel Benavídez", explicó.
Abaca dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
firmó el decreto 1190 para que "se reparen los legajos de todos los
empleados públicos desaparecidos" y "conste la real causa de esa
desaparición. Pero en la provincia no hay ninguna norma de esas
características. Quizás este caso de la posibilidad de que eso suceda porque no
sólo en la EPE sino en otros estamentos del Estado se sufrió este tipo de
situaciones. Son derechos que tienen las personas que pertenecen a las familias
de las víctimas que seguramente no los conocen, nosotros entendemos que es la
justicia federal el ámbito donde se deben dirimir esta clase de
cuestiones", apuntó.
