Condenaron al ex médico militar Norberto Atilio Bianco el TOF N° 6 a 13 años de prisión, y a 7 años a la obstetra Luisa Yolanda Sala de
Arroche García. También a los ex militares
Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.
Por: Cecilia Devanna.
El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a los militares Santiago Omar Riveros
y Reynaldo Bignone a las penas de 30 y 16 años de prisión respectivamente; a 13
años al médico militar Norberto Atilio Bianco, y a 7 años de prisión a la
obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García, en el juicio por apropiación de
menores en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. El
médico Eugenio Martin, quinto imputado de la causa, fue absuelto.
Es el mismo tribunal (con una sola variante entre sus
integrantes) que, en julio de 2012, estableció que durante la última dictadura
cívico militar existió un plan sistemático de apropiación de menores y condenó
al dictador Jorge Rafael Videla a cincuenta años de prisión. Bignone y Riveros
ya habían sido condenados en el marco de ese debate histórico. Los fundamentos
de esta nueva sentencia se conocerán el 26 de febrero de 2015.
El tribunal tomó en cuenta condenas en otros Tribunales que
los imputados ya tenían, por lo que se acumulan ambas montos de pena. En el
caso de Riveros la pena será a cadena perpetua y en el de Bignone a 25 años. El
Tribunal ordenó la inmediata detención de Arroche de Sala García y la
liberación de Martin, que no puede hacerse efectiva porque está imputado en
otro proceso.
Sobre la absolución de Martin, el fiscal Martín Niklison
aseguró que la decisión del Tribunal “es por duda, con disidencia de la jueza
María del Carmen Roqueta. Nosotros entendemos que no hay duda, por eso vamos a
recurrir a Casación”. Niklison destacó que el médico ocupaba un cargo de
importancia. “Si yo soy autoridad del Hospital Militar (como era el caso de
Martin) y ahí hay mujeres embarazadas secuestradas, se hacen partos y se llevan
a los chicos, la responsabilidad para nosotros queda claro”.
Riveros, Bignone, y Bianco fueron condenados como coautores
penalmente responsables de la apropiación, sustracción, y ocultamiento de
menores de 10 años. Arroche de Sala García como partícipe necesaria del delito
de falsificación de documento público, en el caso del certificado de nacimiento
de Francisco Madariaga Quintela, uno de los menores nacidos en Campo de Mayo.
La jueza Roqueta, que al igual que en 2012 presidió el
Tribunal votó en disidencia total con la absolución y liberación de Martín. Y
en disidencia parcial respecto de sus colegas, Julio Luis Panelo y Jorge
Humberto Gettas, el único que no integró el Tribunal en aquella oportunidad,
respecto de la coautoría de Bignone y la absolución de Bianco en algunos de los
casos que se le imputaban.
Cuando se conoció su absolución Martín miró hacia abajo y se
agarró el tabique con dos de sus dedos. Con la otra mano sostenía su bastón.
Pareció emocionarse y no levantó la mirada ni siquiera cuando su abogado,
Eduardo San Emeterio, le acarició la pierna. San Emeterio, defensor de
represores y torturadores, había hecho un alegato político y defendido la
dictadura al afirmar que no iba “a invocar la teoría de los dos demonios,
porque hay uno solo y sabemos quiénes fueron”.
Martín estaba sentado en primera fila junto a Riveros y
Bignone, que casi ni se inmutaron cuando se conocieron sus penas. Arroche de
Sala García, sentada detrás de ellos, con un sweater rosa y una pashmina fucsia
que subía tapando su boca movía la cabeza como negando los siete años que le
dieron de cárcel.
Consultado sobre las sentencias, el abogado Alan Iud, de
Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa, explicó que “es difícil
hablar de conformidad en un proceso de estas características” y reconoció que
en cierta forma es un “retroceso” en comparación con lo que fue el caso de plan
sistemático. Iud destacó que el proceso permitió poner en evidencia “la activa
participación” de los profesionales de la salud para que estos delitos se
llevaran a cabo.
Entre los casos que se juzgaron en este debate estuvieron la
apropiación de los bebes de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri,
Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela
Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De ellos, sólo Francisco, Valeria Gutiérrez
Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando, recuperaron su identidad.
Francisco estuvo hoy en la sala Amia de los tribunales
federales de Comodoro Py y se retiró después de que se conocieran los 13 años
que el tribunal le dio a Bianco, que estaba imputado por su apropiación. “Estas
son las reglas del juego. Vivimos en democracia y esto es lo que hay”, dijo el
joven de 37 años que recuperó su identidad en 2010, pero destacó el proceso en
sí mismo. Hijo del secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, que
también estuvo en la sala, Francisco recordó los años de horror que vivió con
sus apropiadores.
LO QUE SE HABÍA PEDIDO
La fiscalía a cargo de Niklison, y las fiscales ad hoc,
Viviana Sánchez y Nuria Piñol, había
pedido la condena a prisión perpetua para Riveros, 40 años para Bignone. Y penas 35 y 30 años de
prisión respectivamente para Martin y Bianco. Para Sala de Arroche García había
solicitado 13 años de cárcel. Por su parte, la querella de Abuelas de Plaza de
Mayo, había solicitado 40 años para Riveros, 35 para Bignone, 30 para Bianco y
Martín y 12 para Sala de Arroche García.
Durante los alegatos, la fiscalía había hecho hincapié en el
rol de los médicos en Campo de Mayo durante la dictadura. Niklison había
sostenido que era “necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del
guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función
sin mirar alrededor”. Sánchez había considerado que “los jefes de servicio y
médicos internos eran militares que prestaron servicios a la lucha
antisubversiva”.
De la exposición de la fiscalía quedó en evidencia cómo
médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas
detenidas dentro de la zona IV (bajo la órbita de la cual estaba Campo de
Mayo), y cómo este actuó como una unidad militar que brindó estructura
sanitaria. La atención de las embarazadas era parte de la misión de esa zona y
un objetivo prioritario. “Y para eso había médicos de confianza como Bianco,
Martin, y otros tantos” dijo la fiscal Nuria Piñol. Y había destacado que las
acciones no fueron individuales sino como parte del entramado contra “la lucha
antisubversiva”.
Iud había considerado que había "prueba directa"
para responsabilizar a Bignone, Riveros y, de acuerdo a los distintos casos, a
Martín y Bianco. Arroche de Sala García está imputada por haber falsificado el
acta de nacimiento de Francisco Madariaga, el hijo de Abel Madariaga
–secretario de Abuelas- y Silvia Quintela Dalla Lasta, que permanece
desaparecida.
Durante su alegato, el representante de Abuelas, contó
quienes eran las víctimas, dónde trabajaban, cómo fueron secuestradas,
torturadas y de cuánto tiempo estaban embarazadas cuando se las llevaron a la
clandestinidad y las sometieron a todo tipo de vejámenes. De esos relatos se
desprendió cómo hicieron pasar hambre a Isabel Acuña en el sótano de la
comisaría 4 de San Isidro, la violación que sufrió Marta Álvarez mientras
estaba embarazada y cómo le destrozaron el cráneo en medio de un fusilamiento
después de parir.
(Infojus)
