Fue aprobado por 130 votos a favor contra 99, el nuevo Código que reemplaza el sistema inquisitivo por otro
acusatorio y establece en un máximo de tres años el tiempo para resolver sobre
una causa.
La Argentina ya cuenta con un nuevo Código Procesal Penal
(CPP) que abandona el anquilosado paradigma inquisitorio por uno acusatorio,
mucho más transparente donde el fiscal investiga y el juez se dedica mediar
entre las partes y decidir. Luego de una extensa reunión, el Frente para la
Victoria (FPV) junto con los bloques aliados sancionó el proyecto con el
respaldo de 130 diputados, 99 votaron en contra y sólo dos se abstuvieron.
Como es costumbre ya en la Cámara baja, la oposición esperó
que el FPV logre el quórum para habilitar la sesión. El oficialismo no tuvo
problemas aunque es verdad que algunos de sus principales referentes
mantuvieron el ceño fruncido porque hubo diputados que estuvieron distraídos y llegaron
sobre la hora. El debate comenzó con el CPP a pesar de que el orden del día
original tenía como primer tema la creación de la comisión bicameral
investigadora de las maniobras fraudulentas detectadas en el banco HSBC.
La oralidad, el paso al sistema acusatorio, la
transparencia, la investigación del delito en manos de los fiscales y el rol de
la víctima fueron los ejes que la presidenta de la comisión de Justicia,
Graciela Giannettasio (FPV-Buenos Aires), utilizó en su discurso para
justificar la necesidad de respaldar el proyecto. "El nuevo sistema
procesal establece una nueva organización judicial y apunta a la celeridad, la
oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites", aseguró la
legisladora. Además dijo que el código modernizado "utiliza de manera
rigurosa el esquema de libertad y garantiza la vigencia de nuestros tratados
internacionales". Giannettasio dijo que ya era tiempo de abandonar el
actual código al que definió como el "peor proceso de
revictimización" porque los que ingresan al sistema judicial "no
saben nunca qué pasa con la investigación; no saben cuándo va a terminar el
proceso; no participan de la investigación y no tiene oralidad que es vivir
degradado y no tener justicia".
La satisfacción por el paso del sistema inquisitivo al
acusatorio fue el único punto en común entre oficialistas y opositores. No hubo
más. Por caso, el radical Manuel Garrido definió primero al CPP como una
"entelequia" para luego criticar "la inmediata designación de
1650 cargos en el Ministerio Público Fiscal (MPF)" y la imposibilidad de
un control parlamentario. La designación de nuevos fiscales sirvió para que los
radicales como Mario Negri y José Cano presagiaran que se trata de una virtual
"colonización" de la justicia sin importar que no serán designados
por el Ministerio Público Fiscal (MPF) sino por concursos.
Cuando una sesión se extiende, el CPP consumió once horas,
se produce el fenómeno de la reiteración de conceptos. La oposición no escapó a
esa regla pero ante la insuficiencia de argumentos no dudó en criticar
artículos que ya habían sido modificados incluso antes de que el proyecto
llegase al recinto, como la conmoción social, o instalar otros temas, como hizo
el radical Oscar Aguad quien anunció el fracaso de Vaca Muerta. Patricia
Bullrich, en cambio, prefirió la futurología política y le auguró al CPP el
mismo final que "la ley de autoamnistía" (del dictador Reinaldo)
Bignone, la derogación. Esto provocó que el kirchnerista Jorge Rivas los
calificara de "ilusionistas políticos más cerca de la magia que de la
realidad".
El bloque del Frente Renovador, con la consuetudinaria
ausencia de su jefe Sergio Massa, también se opuso al proyecto oficial. Adrián
Pérez se mostró incrédulo ante el nuevo rol que se le otorga a los fiscales
porque, dijo, "creo en los fiscales que están en el territorio y no en
Comodoro Py" y a modo de ejemplo citó a José Campagnoli. Esa
reivindicación no la dejó pasar el kirchnerista Remo Carlotto, quien definió a
Campagnoli como "un verdadero perseguidor de pibes pobres, una vergüenza
para la democracia". Pablo Kosiner (FPV-Salta) aportó lo suyo al afirmar
que el FR divide la sociedad en clase media y alta y "el resto son
delincuentes, y de nosotros dicen que representamos a los Derechos Humanos de
los delincuentes". El salteño los acusó de adherir a "la teoría
fascista de (Cesare) Lombroso" como prueba del tipo de país que pretenden.
(Felipe Yapur - Tiempo Argentino)