sábado, 6 de diciembre de 2014

UN NUEVO PASO CONTRA LOS FONDOS BUITRE

Por 128 votos a favor, 34 abstenciones y sólo 16 en contra, Argentina logró avanzar en el mecanismo con el que se debatirá y creará el texto para limitar los abusos de la especulación financiera.






Por Sebastian Abrevaya

La Argentina volvió a recibir un importante respaldo de la comunidad internacional en su lucha contra los fondos buitre. La Asamblea General de las Naciones Unidas, donde nuestro país impulsa la creación de un marco regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana, aprobó por 128 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones, la creación de una comisión para debatir y proponer el contenido de ese nuevo marco regulatorio que será votado el próximo año. “A pesar de la enorme presión que recibieron muchos países por parte de algunos organismos internacionales, el apoyo abrumador hacia la posición de Argentina y el G-77 indica que otra vez tuvimos un triunfo”, aseguró el canciller, Héctor Timerman, quien siguió desde Quito las negociaciones encabezadas por la representante permanente ante la ONU, María Cristina Perceval. Entre los países que votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel y Gran Bretaña. La posición argentina, en cambio, fue consensuada y apoyada por el G-77 + China, grupo que incluye a la gran mayoría de los Estados de Latinoamérica, el Caribe y Africa, entre otros.

La resolución aprobada ayer en las Naciones Unidas cumple con el mandato de la Asamblea General votado en septiembre pasado, cuando se estableció la necesidad de sancionar una estructura legal que ponga un límite a los abusos de los fondos especulativos. En esta oportunidad, se incorporaron cuatro países a los 124 que habían acompañado la posición argentina: México, Belice, Papúa Nueva Guinea y Armenia, que resistió la presión de la Unión Europea.

El texto aprobado establece la creación de “un comité especial, abierto a la participación de todos los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas, que elabore, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario en su sexagésimo noveno período de sesiones, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”.

Ese comité celebrará “por lo menos” tres reuniones, de cuatro días hábiles de duración, en los meses de enero, mayo y junio/julio de 2015. Funcionará en la sede de la ONU en Nueva York e invitará a participar tanto a sus países miembros así como a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, entidades del sector privado e instituciones académicas. Entre las primeras se encuentra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Precisamente, al igual que en septiembre, los países que ayer votaron negativamente argumentaron que la Asamblea General de la ONU no es el ámbito adecuado para la discusión de esta temática, sino que debe estudiarse en el marco del organismos como el FMI. “Ni la Unión Europea ni sus Estados miembros participarán en discusiones con el objetivo de establecer un marco multilateral jurídicamente vinculante para los procesos de reestructuración de deuda soberana”, señaló una representante de Italia.

El presidente del G-77 + China y embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, remarcó que los 16 países que se opusieron ayer representan el 8,29 por ciento de los votos de la Asamblea General, mientras que esos mismos países representan un 45,73 por ciento de los votos en el FMI. “Si la Asamblea General, que es el lugar más democrático, no es el escenario para debatir, ¿entonces cuál es su rol? ¿De qué nos sirve si no podemos hablar de estos temas?”, preguntó Llorenti. La embajadora Perceval destacó que el mecanismo aprobado permitirá “debatir con apertura, pluralismo, respetando todas las opiniones” y “en igual condición de trato y dignidad”. Timerman por su parte, dijo que se reiteró “el apoyo masivo para que de una vez por todas sean todos los países los que decidan cómo se resuelve el tema de las deudas soberanas y no solamente la Justicia de un país o las decisiones a veces inentendibles de un juez” las que definan estas cuestiones.