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| Los fiscales que convoaron a la marcha del 18 de febrero |
La marcha del miércoles 18 repetirá algunos episodios
históricos de las últimas siete décadas, representativos de un clivaje profundo
de la sociedad argentina, de ninguna manera exclusivo de estos tiempos.
Que todas las fuerzas de la oposición, política, económica, cultural, profesional, interna e internacional se manifiesten en las calles con absoluta libertad es una forma de sinceramiento de profundo valor catártico, un clímax del que habrá que prever el descenso.
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada
para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de
septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la
recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien
dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a
reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg
para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad
Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de
noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las
diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios
elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de
Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos
materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden
grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una
realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una
fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la
buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras
de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la
república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa
es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera
edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse
conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las
bellas almas de los verdugos”.
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| La procesión de Corpus Chisti en 1955 |
Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y
radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para
pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las
Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma
con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de
febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas
declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte
electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se
produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan
burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el
que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo.
La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta
liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y
envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la
Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de
clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de
masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las
movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin
remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los
discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o
desesperada por comprar dólares.
UN GIGANTESCO OXÍMORON
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| Las marchas lideradas por Blumberg |
La convocatoria de esta semana no es menos policroma y
escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el
atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de
Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más
antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que
sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones
planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria
Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de
la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión
Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un
próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity.
Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de
Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra
la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos
de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace
llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la
irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en
los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron
ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad
gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el
grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos
posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que
completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno
de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo
afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los
alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la
economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al
gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en
Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las
que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales
y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la
marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su
número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como
con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos
cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le
seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de
capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de
la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las
fuerzas de oposición para construir tal alternativa.
FISCALES Y JUECES
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| Ronald K. Noble, ex secretario general de Interpol |
Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta
poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su
identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de
Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que
provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex
secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas
páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el
juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se
volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de
las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó
empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un
proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad,
justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar
la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el
que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual
lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y
Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas.
Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición
sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el
vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la
vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe
del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los
pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura
los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la
DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron
ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su
investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización
laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado
impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.
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| En la marcha confluirán distintos sentires |
Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo
y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino
La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación
que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la
denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no
necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la
acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los
acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172
del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos
títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito,
comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en
los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la
investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus
responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro
Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de
la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas
frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto,
participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis
desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal
no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido
Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los
títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina.
Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como
columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que
INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de
Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además
reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de
la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que
el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del
juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el
Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento
internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa
comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no
traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.
