El colectivo de intelectuales
difundió un comunicado en el que reconoce sentir “estupor frente al descaro con
que sectores del Poder Judicial y el Misterio Público Fiscal operan
políticamente como un partido de oposición”.
En un documento titulado “¿El
silencio de los Inocentes?”, sostiene que mientras Argentina espera que cumplan
su deber, sectores significativos del Poder Judicial pretenden tapar sus
incapacidades sobreactuando actitudes opositoras”.
COMPARTIMOS EL COMUNICADO:
“Hoy los argentinos vivimos con
estupor el descaro con que sectores del Poder Judicial y el Misterio Público
Fiscal operan políticamente como un partido de oposición
Mientras la Argentina toda espera
que cumplan su deber esclareciendo miles de causas criminales, entre ellas
algunas emblemáticas como los ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada del
Estado de Israel, sectores significativos del Poder Judicial pretenden tapar
sus incapacidades, intereses corporativos y complicidades con los poderes
fácticos sobreactuando actitudes opositoras. Para ello se esconden detrás del
homenaje al fiscal Nisman cuya muerte, que requiere urgente esclarecimiento,
conmueve al país.
Estos fiscales no son ignotos
funcionarios, encarnación de una Justicia aséptica. Han tenido activa
participación para turbar las transformaciones que el gobierno democráticamente
elegido puso en marcha legítimamente: han frenado leyes aprobadas por el
Parlamento, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; han trabado
los intentos por democratizar sus órganos; han convalidando la invitación de la
oposición a violar la Constitución al no cubrir las vacantes producidas en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación; han abusado de las cautelares, de las
prescripciones y en general han promovido la judicialización de la política.
Ahora, atentan contra la figura presidencial al tratar de dar cauce de modo
imperioso, sin el menor fundamento jurídico, a la denuncia reciente del Fiscal
Nisman.
Además, con el pretexto de defender
las instituciones, desafían al Poder Ejecutivo con el llamado a la marcha del
18 de febrero donde funcionarios del Ministerio Público Fiscal y magistrados
exigen JUSTICIA, en términos abstractos, universales, como si no fuera esa su
propia área de incumbencia como funcionarios.
¿Es esta la gobernabilidad
deseable proclamada tantas veces desde la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?
¿Es concebible que en nuestro
sistema republicano, con el debido respeto a la división de poderes, la Corte
se mantenga en silencio frente a esta convocatoria desestabilizadora, impulsada
por Jueces y fiscales?
¿No será esta la forma en que la
Corte pretende erigir al Poder Judicial como el verdadero custodio de una
República conservadora, que ponga freno a los procesos de inclusión social y
soberanía que se han venido gestando en esta última década bajo gobiernos
democráticamente elegidos? ¿Es casual que esto ocurra en un año de elecciones
presidenciales, cuando la oposición dispersa confía cada vez menos en desbancar
en las urnas al proyecto nacional y popular? ¿No han sido suficientes los
constantes embates de la prensa que multiplican las difamaciones, las presiones
de los sojeros, las de los buitres y sus títeres locales…?
Sres. Jueces de la Corte Suprema
de Justicia, es su deber, su responsabilidad histórica frenar esta
autonomización de uno de los poderes de la República, esta evidente
partidización política de los magistrados del Poder Judicial que pone en riesgo
la vida institucional de un régimen democrático.
Es urgente que, como Supremos
Jueces, hagan escuchar una palabra que sostenga la institucionalidad, que no es
otra que la preservación de las garantías constitucionales para las autoridades
legítimamente elegidas, desautorizando a este Partido Judicial en gestación, que
parece cumplir hoy el rol desestabilizador que en otros tiempos cumplieron las
Fuerzas Armadas.
Si hay jueces y fiscales que
tienen la vocación de servicio y quieren legítimamente participar en política,
que lo hagan ganando representatividad de cara a la sociedad.
Que no pretendan lograrlo a
partir de su condición de magistrados o miembros del Ministerio Público Fiscal.
De esta última manera harían un daño irreparable a la ya dañada confianza de
nuestro pueblo en la Justicia.
A los argentinos nos costó mucho
reconstruir las instituciones, recuperar y sostener la democracia y avanzar en
un camino de dignidad y justicia para todos y todas.
Esperamos, necesitamos que
nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA asuma su rol institucional y las
responsabilidades que le competen.”
Espacio Carta Abierta 17/02/2015
