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| Políticos de la oposición elaboraron un documento de apoyo a los magistrados del Poder Judicial |
Inquietos por el nuevo Código Procesal Penal que deja las
investigaciones en manos de los fiscales, donde ya no serán “juez y parte” -los
que investigan, acusan y juzgan-, los magistrados recurrieron a la oposición política para buscar aliados.
En medio de la “conmoción” por la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde quedó al descubierto la convivencia promiscua del fuero federal con los “autónomos” servicios de inteligencia, la oposición salió al rescate de los jueces: todos los candidatos presidenciales opositores hicieron fila ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (el ente corporativo que representa a los jueces) para rubricar un documento que llamaron “Acuerdo político en pos de la independencia judicial”.
Dispuestos a no dar el debate parlamentario por la reforma
al sistema de Inteligencia estatal por su relación autónoma y promiscua con el
Poder Judicial y a bancar al único de los tres poderes de la República que no se ha sometido a los cambios democráticos -tras más de
30 años de haber terminado la dictadura militar- y que no acepta modificaciones
a sus privilegios, la oposición le brindó su respaldo siempre y cuando jueguen a
su favor de sus intereses políticos.
El documento rubricados por todos ellos tiene cinco puntos. El primero declama “la independencia del
Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos
públicos y los actores de la vida política e institucional de la república,
principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía
financiera”. Este último punto es un tema en debate: la Corte Suprema se negó
siempre a ceder la administración y discreción del reparto de sus recursos
económicos, a pesar que la reforma constitucional del ’94 –de acuerdo al Pacto
de Olivos sellado por Carlos Menem y Raúl Alfonsín—establece que el mismo debe
ser administrado por el Consejo de la Magistratura creado con la reforma. Algo
que nunca sucedió.
El segundo afirma que “Los poderes públicos respetarán la
labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de
interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia
que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y
decisiones que éste dicte”. Sin ninguna referencia a la labor legislativa de la
que participan sus propios partidos, la sanción de leyes y cómo los grupos de
poder fáctico, como –por ejemplo- el Grupo Clarín incumple, bajo el amparo
judicial, la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada
por el Congreso, otro de los poderes de la República.
El tercero dice que “el Consejo de la Magistratura de la
Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones
constitucionales” (salvo el de administrar el presupuesto judicial) y que “el
Congreso de la Nación velará por el permanente equilibrio en la integración del
Consejo”, algo que está establecido en la Constitución, que siempre se respetó
y que la oposición lamenta porque está en minoría parlamentaria.
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| Hermes Binner, Ernesto Sanz, Sergio Massa y Julio Cobos |
En el quinto, reclaman más poder para los jueces y reclaman
para los magistrados el control de las escuchas judiciales y que no pasen a
manos de la Procuración judicial, como establece el proyecto del Poder
Ejecutivo que con al reforma del el área de inteligencia transfiere esa
potestad al ministerio público. Sin tampoco mencionar, que los fiscales –que
tienen a cargo la investigación judicial— deban contar siempre con la
autorización de los jueces de la causa para llevarlas adelante.
