jueves, 5 de febrero de 2015

LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN DEFENSA DE LOS MAGISTRADOS

Políticos de la oposición elaboraron un documento
de apoyo a los magistrados del Poder Judicial
Inquietos por el nuevo Código Procesal Penal que deja las investigaciones en manos de los fiscales, donde ya no serán “juez y parte” -los que investigan, acusan y juzgan-, los magistrados recurrieron a la oposición política para buscar aliados.

En medio de la “conmoción” por la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde quedó al descubierto la convivencia promiscua del fuero federal con los “autónomos” servicios de inteligencia, la oposición salió al rescate de los jueces: todos los candidatos presidenciales opositores hicieron fila ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (el ente corporativo que representa a los jueces) para rubricar un documento que llamaron “Acuerdo político en pos de la independencia judicial”.

Dispuestos a no dar el debate parlamentario por la reforma al sistema de Inteligencia estatal por su relación autónoma y promiscua con el Poder Judicial y a bancar al único de los tres poderes de la República que no se ha sometido a los cambios democráticos -tras más de 30 años de haber terminado la dictadura militar- y que no acepta modificaciones a sus privilegios, la oposición le brindó su respaldo siempre y cuando jueguen a su favor de sus intereses políticos.

Todos los candidatos presidenciales opositores tuvieron su foto con la corporación de magistrados al momento de rubricar el documento para crecentar su impunidad. Por la oficina porteña  de Lavalle al 1300, pasaron Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Julio Cobos, Ernesto Sanz y Hermes Binner, además de sus laderos Margarita Stolbizer, Gerardo Morales, Mario Negri, Graciela Ocaña, Francisco De Narváez y los duhaldistas Carlos Brown y Gerónimo Venegas, entre muchos otros. La única excepción fue el procesado jefe de Gobierno porteño y también precandidato presidencial Mauricio Macri –por ordenar y montar escuchas ilegales sobre ciudadanos-, que igual envió a su propia tropa a rendirles pleitesía a los magistrados.

El documento rubricados por todos ellos tiene cinco puntos.  El primero declama “la independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de la república, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía financiera”. Este último punto es un tema en debate: la Corte Suprema se negó siempre a ceder la administración y discreción del reparto de sus recursos económicos, a pesar que la reforma constitucional del ’94 –de acuerdo al Pacto de Olivos sellado por Carlos Menem y Raúl Alfonsín—establece que el mismo debe ser administrado por el Consejo de la Magistratura creado con la reforma. Algo que nunca sucedió.

El segundo afirma que “Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y decisiones que éste dicte”. Sin ninguna referencia a la labor legislativa de la que participan sus propios partidos, la sanción de leyes y cómo los grupos de poder fáctico, como –por ejemplo- el Grupo Clarín incumple, bajo el amparo judicial, la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso, otro de los poderes de la República.

El tercero dice que “el Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones constitucionales” (salvo el de administrar el presupuesto judicial) y que “el Congreso de la Nación velará por el permanente equilibrio en la integración del Consejo”, algo que está establecido en la Constitución, que siempre se respetó y que la oposición lamenta porque está en minoría parlamentaria.

Hermes Binner, Ernesto Sanz, Sergio Massa y Julio Cobos
En el cuarto “rechaza enfáticamente la partidización del Ministerio Público y su subordinación a cualquier poder público, partido político, persona o interés ajeno a su estructura”. Una dura crítica a la procuradora general Alejandra Gils Carbó puesta en funciones con la aprobación de una mayoría especial por el Senado (que requirió apoyo opositor). Algo que también consiguieron todos los gobiernos electos popularmente tras la recuperación democrática.

En el quinto, reclaman más poder para los jueces y reclaman para los magistrados el control de las escuchas judiciales y que no pasen a manos de la Procuración judicial, como establece el proyecto del Poder Ejecutivo que con al reforma del el área de inteligencia transfiere esa potestad al ministerio público. Sin tampoco mencionar, que los fiscales –que tienen a cargo la investigación judicial— deban contar siempre con la autorización de los jueces de la causa para llevarlas adelante.

Ángel Lisboa (Enorsai)