El recurso también alcanza a
acusados, en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento accionario
de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar.
La Sala I del tribunal, por
mayoría, hizo lugar a los recursos de queja presentados por el fiscal Leonel
Gómez Barbella y por el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda.
Los camaristas Jorge Ballestero y
Eduardo Freiler hicieron lugar a la queja del fiscal para analizar la apelación
y decidir si ordenan las indagatorias de los acusados, en tanto que Eduardo
Farah se opuso.
Freiler y Ballestero indicaron
que "de acuerdo con la jurisprudencia parcialmente concurrente de esta
Cámara, la crítica formulada por el Fiscal y la querella reúne los presupuestos
-gravamen de imposible reparación ulterior y arbitrariedad del decisorio-
pertinentes para cimentar la procedencia del recurso de apelación".
La fiscalía advirtió en aquella
oportunidad que se "impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes
contra la humanidad" y que en la causa "se encuentra comprometida la
responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones
internacionales en la materia".
Gomez Barbella advirtió que
"el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad".
En este contexto, Freiler y Ballestero
sostuvieron en el escrito que "toda vez que la denegatoria de los recursos
de apelación -debidamente fundados- dejan al Ministerio Público y a la querella
sin herramientas" para impulsar la revisión de la decisión
"entendemos que corresponde, en consonancia con los precedentes citados,
hacer lugar a las quejas introducidas y declarar mal denegados los recursos de
apelación".
El fiscal Gómez Barbella fue en
queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez de la causa, Julián
Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación presentada contra
su negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble,
Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.
Podestá era Secretario de Estado
en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para la fiscalía, la causa tiene
"indudablemente interés institucional suficiente" para justificar la
intervención de la Cámara, aunque por regla general esa instancia de apelación
no se abre por negativas a citaciones indagatorias en el marco de una causa
penal.
La causa penal se abrió en el
2010 por denuncia del juzgado nacional en lo Comercial 2, que extrajo
testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal pidió llamar a
indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en el marco
de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y
religiosos.
Ercolini rechazó el planteo
aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un
peritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se
traspasaron a un "precio vil" por parte de la familia Graiver a las
empresas de los imputados.
El recurso también alcanza a
acusados, en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento accionario
de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar.
