Es un domingo de sol en Buenos Aires. Las paredes cargadas de adornos y tapices son un mapa de los recorridos del dueño de casa. A las 15 en punto, están todos alrededor de la mesa ratona. Rosa Bru, una de las tantas madres que las distintas violencias del Estado sacaron de su casa y convirtieron en luchadoras ejemplares, mamá de Miguel, estudiante de periodismo de 23 años torturado hasta la muerte en la comisaría 9ª de La Plata en 1993. Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se retiró a los 75 años, como marca la norma, y Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente para la Victoria, que hace tres años logró la aprobación de la Ley del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, incorporado al calendario escolar.
El anfitrión está sin dormir
porque a las 10 de la mañana llegó de México; poco después partirá nuevamente.
Por eso el apuro, ninguno quiso perderse una charla sobre los ejes de la
jornada del viernes en el Congreso de la Nación. El mate circula rápido y el
diálogo camina solo.
¿Por qué el tema de la pobreza es
central a la hora de debatir los modelos de seguridad?
Raúl Zaffaroni: –En Latinoamérica
somos campeones en dos índices. Primero, el de homicidios, ya que de los 23
países que del mundo que superan el 20 por cien mil anual, 18 pertenecen a
América latina y el Caribe; las excepciones son Uruguay, Argentina y Chile. Y
somos campeones del coeficiente de Gini (índice de desigualdad). No es casual,
hay dos proyectos de sociedad detrás, uno incluyente y otro excluyente.
La forma de control de la
exclusión en la región no se da tanto por la violencia institucional. El
Estado, además de matar a unos cuantos, hace algo peor, que es introducir
contradicciones entre los excluidos para que se maten entre ellos; la cocaína
es uno de los elementos clave para eso. En países como la Argentina, donde los
excluidos no se enfrentan con la virulencia de otros lugares, tienen que
fortalecer el aparato represivo. Y hay un cáncer regional, los monopolios u
oligopolios de medios que “construyen” la realidad, se llamen Azteca, Televisa,
El Comercio en Perú, La República en Chile, Red O’Globo en Brasil o Clarín en
la Argentina.
Rosa Bru: –Nosotros sentimos que
no podemos llegar a la Justicia. El ser pobre ya te retrae, no llegás a presentarte,
no podés expresarte ante un juez o ante un fiscal, eso ya es un problema para
un familiar.Un ejemplo de lo que pasa es el caso de Omar Cigarán. Lo mató un
policía, pero la fiscal Ana Medina dice que fue “en defensa propia” y pidió el
sobreseimiento. La mamá apeló a través de una defensora de menores y al año le
avisan que habían pedido el sobreseimiento definitivo. Desde la Asociación
(Miguel Bru) la acompañamos, la patrocinamos y ella vio una pequeña luz de
esperanza de Justicia para su hijo... Pero la causa se elevó a juicio sin
acusación fiscal, sólo con su acusación.
Leonardo Grosso: –Los escuchaba y
pensaba en cómo nosotros llegamos a esto desde una práctica; desembocamos en la
Campaña desde la realidad de nuestra militancia barrial. Día tras día, la
policía abusaba, torturaba y hasta mataba a los pibes. Como militantes no
teníamos dudas en acompañar a las familias en ese camino lento y tortuoso que
es el de la Justicia para los pobres. Acompañamos a los familiares, vamos a las
marchas, conseguimos abogados, buscamos testigos, contenemos al grupo de amigos
que quedó golpeado por esa muerte…, pero eso es llegar después. Nosotros, que
pretendemos cambiar la realidad, construir un país distinto, sentimos que
estamos llegando tarde. Ahí decidimos hacer esta Campaña.
¿Cuáles son las principales
cuestiones que dificultan el acceso de los más humildes al sistema judicial?
R.Z.: –Empezaría por la policía,
planteando un modelo de policía comunitaria. No podemos tener un modelo de
policía de ocupación territorial, tipo ejército, un modelo colonial, sin
vinculación con la comunidad. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos
pero no a su policía de los condados, con un sheriff electo, como el
intendente. La policía de calle tiene que tener inserción comunitaria, ser
preventiva, con un entrenamiento que le permita contener una manifestación sin
matar a nadie.
R.B.: –Creo que tendríamos que
cambiar la Justicia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos
muchos problemas. El fiscal trabaja con la policía. En el caso de Cigarán está
claro, la fiscal le da la investigación a la misma policía que lo mató. ¿Y
ellos qué, van a decir “nosotros fuimos”? ¡No! Hay que transformar a la
policía, pero también hay que arreglar esto. El juez elevó la causa a juicio y
Asuntos Internos le devolvió el arma al policía por el “beneficio de la duda” y
está trabajando con el arma en la calle.
L.G.: –La policía dispara y la
Justicia también lo hace. Es necesaria una profunda reforma de la policía para
que no dispare, pero es imprescindible un poder controlador del resto de las
instituciones. Hay que empezar por crear un cuerpo que investigue.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS JÓVENES
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R.Z.: –Porque no tienen un
candidato mejor. Si hubiese terrorismo… Hay un elemento que da más miedo, que
es el conspirativo. Una conspiración de pibes de barrio, algo muy raro.
R.B.: –Como madres nos pasa que
jueces y fiscales creen lo primero que les traen, que es el parte policial.
Aportás pruebas y no te las reciben porque ya tienen el criterio formado.
L.G.: –Con la militancia barrial
empezamos a comprender cómo funciona la policía, a ver que hay pibes que se
pelean con otros pibes, que las armas que deja el narcomenudeo son más
peligrosas que las sustancias. Uno de los casos que originó la Campaña fue la
Masacre de La Cárcova, con Mauricio Ramos y Franco Almirón asesinados por la
espalda por la policía. Se comprobó en el juicio oral que tiraron gases para
que corran y les dispararon. La Justicia no les creyó a los testigos que decían
“fue ese”, porque eran otros pibes del barrio y absolvieron al policía acusado.
Al año siguiente, en un barrio que está vía de por medio, aparecen 13 o 14
muertos en varios meses por la guerra narco del control del territorio. Esos
pibes eran los mismos que Mauricio y Franco.
R.Z.: –Esto de meter
contradicciones entre los excluidos, que pasa en grande en otros países, acá
también sucede. Los números de la Ciudad de Buenos Aires son reveladores. En
las villas el índice de homicidio está en 13,5, en el resto de la Ciudad
estamos en 2,6. Lo ideal sería llegar a 1. Pero tenemos un 42% de homicidios
sin esclarecer en las villas.
L.G.: –Por eso este año la
consigna es “Mi cara, mi ropa y mi barrio NO son delito”. Vos siempre hablás de
genocidio por goteo y hay algo que tiene que ver con los modelos de país, con
los modelos de sociedad que se quieren construir. Hay algo “sistémico” con la
violencia institucional, que no es lo mismo que “sistemático”, es parte de las
necesidades de reproducción del sistema, es contra los pibes pobres. Son
víctimas “invisibles” porque no son vistos como víctimas. Un chico muere
después de un robo, arrodillado, con testigos que dicen que se estaba
entregando. Sin embargo, la mayoría de las veces, las fiscalías responden que
no hay nada que investigar, que el chico estaba en un hecho y que la policía
actuó de forma legítima.
R.Z.: –Si querés hacer una
sociedad que tenga 30 por ciento de incluidos y 70 por ciento de excluidos, a
este 70 por ciento lo tenés que controlar de alguna manera. Una de las formas
más “prácticas” es que se maten entre ellos. Si eso no sucede, tienen que
construir un aparato represivo. Hace como 30 años, cuando planteamos esto con
Alicia (Oliveira) nos trataban de locos. Había dos o tres muertos por día,
cerca de 1.500 en un par de años. La policía venía del entrenamiento de Camps
(Ramón, jefe de la Bonaerense durante la dictadura) y seguía matando con la
misma lógica, se preciaba de eso ya en pleno gobierno constitucional. Es un
desafío que se continúe con el trabajo de investigación de homicidios por parte
de la Corte para descubrir patrones de funcionamiento policial.
Hay un avance en los procesos de
organización de familiares de víctimas de violencia institucional y en la
visibilidad de esta problemática.
L.G.: –Antes hablábamos de
gatillo fácil y ahora hablamos de violencia institucional y podemos comprender
estas problemáticas desde un ámbito mucho más amplio. Cada vez que hacemos algo
con la Campaña planteamos que venga Estela de Carlotto, que vengan de Hijos,
porque tiene que ver con la posibilidad, como sociedad, de haber podido empezar
a juzgar a los crímenes de la dictadura, que influyeron en la formación de
nuestra policía, en la cabeza de nuestra sociedad.
