Un análisis de las viejas recetas económicas puestas de manifiesto en las negociaciones con los fondos buitres.
Por Claudio Scaletta
El ministro de Hacienda y
Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, convocó a una conferencia de prensa en la
que se esperaban anuncios sobre las negociaciones llevadas adelante ayer en
Nueva York con los fondos buitre. Dijo poco y nada. Se limitó a compendiar la
visión que Mauricio Macri expresó desde el día cero del fallo de Thomas Griesa:
pagar sin chistar discutiendo, en el mejor de los casos, sobre la acumulación
de intereses, “el taxi” que sigue corriendo. También descargó responsabilidades
en el kirchnerismo, al que acusó de sostener una pseudo dureza en la
negociación, lo que graficó por el arreglo “en 48 horas” con el Club de París,
a quien se le habría pagado “intereses como nunca en la historia”, contra los
“15 años” de demora en arreglar con los “holdouts”; como si la sumatoria de
reestructuraciones no hubiese existido y como si prácticamente la totalidad de
la deuda no se hubiese regularizado y, buena parte, pagado. En suma, una
perspectiva más acorde a su viejo empleo en el JP Morgan que a la del titular
del área económica de un país soberano. Así, las trabas al crecimiento de la
economía durante los últimos cuatro años habrían sido una consecuencia de no
arreglar con los acreedores más litigiosos, lo que habría devengado un costo
adicional de intereses de más de 6000 millones de dólares.
Pero el pago sin chistar a los
buitres, que amenaza con retrotraer la situación de la deuda pública en divisas
a etapas anteriores a la reestructuración, no fue el centro de la exposición.
El objetivo principal del ministro fue relatar los objetivos económicos de la
nueva administración, una remake de lugares comunes de la ortodoxia, a los que
sumó una cargada dosis de voluntarismo al momento de exponer los factores que
explicarán la potencial reactivación, la que ahora se produciría recién a
partir de 2017.
Prat-Gay empezó por “la herencia
recibida”. Según sus números, el déficit fiscal que habría dejado la anterior
administración no sería de apenas 2,3 puntos del PIB, sino del 5,8: “El déficit
primario más alto de los últimos 30 años”, que sería producto del derroche y de
gastar mal en un año con “recaudación record en los últimos 200 años”. Raro,
todo funciona mal, pero la recaudación es record histórico.
Para inflar los números el
ministro recurrió al procedimiento de manual: aumentó gastos y redujo ingresos.
Nada muy sofisticado: presentó a sus secretarios como verdaderos detectives y
denunció una “disciplina fiscal trucha” plasmada en una suerte de “gasto pero
no pago”, es decir; una deuda flotante de pago a proveedores y organismos por
alrededor de 1,1 punto del PIB, unos 110 mil millones de pesos que no detalló.
Por el lado de los ingresos consideró espurias las transferencias del Banco
Central al Tesoro por 78.000 millones de pesos y la registración como ingresos
de los intereses ganados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
Anses. Quizá advirtiendo lo flojito de papeles de contabilizar estos factores
como menores ingresos, reconoció que era una discusión teórica pendiente, pero
vale aclarar que, en el caso del BCRA y el Tesoro se trata de movimientos entre
cuentas de un mismo dueño que por razones ideológicas el ministro insiste en
separar. Es caso de la Anses es simplemente una cuestión de registro contable.
Y las deudas flotantes entre años son un clásico de todos los presupuestos anuales.
A la herencia recibida el
ministro sumó la inflación. Lo hizo de una manera particular, pues consideró al
pico producido entre fines de noviembre y todo diciembre, un subproducto de las
promesas devaluatorias y la posterior devaluación llevada adelante por su
fuerza política, como responsabilidad del gobierno anterior, pero también, por
partida doble, como un éxito en el proceso de sinceramiento de precios
relativos que acompañó la salida del “cepo”, pues según sus mediciones, las
previsiones para la primera quincena de enero serían de una inflación similar a
las de septiembre y octubre. Así, la devaluación apenas se habría expresado en
“una joroba”; sin dudas un dato para anotar cuando todavía no se produjeron los
prometidos ajustes tarifarios.
La proyección del Gobierno para
los próximos cuatro años es de una inflación del 20-25 por ciento en 2016, del
12-17 en 2017, del 8-12 en 2018 para terminar en 2019 en el 5 por ciento. El
dato notable aquí es que estos números no se compararon con el realmente importante:
el crecimiento esperado del PIB para el período.
El dato saliente es que el
ministro cree que en 2016 no habrá tiempo para que ya “liberadas de las fuerzas
productivas reprimidas” se recupere el nivel de actividad, hecho que ahora se
trasladó a 2017. Pero el dato verdaderamente preocupante es que Prat-Gay crea
que “terminar con el derroche” será suficiente para que la economía se
reactive. Hasta ahora, todo lo anunciado son las viejas recetas del
neoliberalismo recesivo sin nada que tire del carro del crecimiento.
Fuente: Página 12
