Desde Beatríz Sarlo y Hermes Binner, hasta Manuel Garrido, Felipe Solá y León Arslanian
rechazan la reforma que autoriza derribar aviones.
La declaración de Emergencia en Seguridad del gobierno de Macri generó un rechazo unánime entre políticos, intelectuales e investigadores. La reforma PRO le da más poder a las Fuerzas Armadas y de seguridad y autoriza el derribo de aviones, en caso de sospecha.
Las reformas sobre seguridad
encaradas por el macrismo generaron una curiosa coincidencia entre dirigentes
de variadísima simpatía política e ideológica. Todos se unieron para rechazar
las medidas PRO.
En la lista figuran el ex
ministro y camarista León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella,
Beatriz Sarlo, el radical Manuel Garrido, el Premio Nobel Adolfo Pérez
Esquivel, el socialista Hermes Binner, el massista Felipe Solá, el especialista
Marcelo Sain, Dante Caputo, Nilda Garré, Leo Grosso, Juan Manuel Abal Medina,
Juan Pablo Cafiero, entre cerca de un centenar de nombres.
La semana pasada, con el
argumento de que existiría “una situación de peligro colectivo”, el Gobierno
declaró la Emergencia en Seguridad, medida que durará un año y que incluye
posibles acciones conjuntas de fuerzas militares y de seguridad y hasta la
convocatoria de personal retirado (que no esté implicado en crímenes de lesa
humanidad) si es considerado necesario.
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| Ministra de Seguridad Patricia Bullrich |
Ese “peligro” descripto es
atribuido por las autoridades nacionales al “delito complejo, el crimen organizado
y el narcotráfico”, y entre las medidas más virulentas, autoriza el derribo de
aviones ante alguna situación considerada sospechosa.
El texto colectivo de dirigentes
y especialistas advierte especialmente que el decreto de Macri no está fundado
en ningún análisis o seguimiento concreto que permita definir el escenario del
narcotráfico como lo hace, según detalló Página 12.
“Las políticas de seguridad en
general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de
un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por
el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre
las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y
la violencia”.
Identificados con el espacio
multisectorial conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo
Convergencia, los dirigentes alertaron sobre los peligros del decreto
presidencial, que trata de instalar la idea de que el narcotráfico es la base
del delito y la violencia en general y que –según explican en un documento
colectivo– en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas y de seguridad como
parte del problema les termina dando más poder. Eso se advierte en la
autorización para derribar aviones, lo que equivale, interpretan, a una “pena
de muerte encubierta”.
Al respecto, la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich relativizó la medida con argumentos que bordearon
lo ridículo. Ante la consulta sobre si la llamada ley de derribos viola la Ley
de Seguridad Interior, Bullrich respondió: "Desde nuestro punto de vista,
no. Fuerza Aérea hace una tarea de apoyatura: acompaña el avión y lo entrega a
Gendarmería".
(Fuente: Enorsai)
