El organismo internacional de
derechos humanos inició una campaña por la líder de la Tupac Amaru y junto con
las otras organizaciones planteó a la CIDH la necesidad de medidas cautelares
para garantizar la libertad de Sala.
Amnistía Internacional lanzó una
“acción urgente” exigiendo que se garantice la integridad física de Sala, se
ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las organizaciones
sociales. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas
relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de
expresión”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina. “El uso de leyes penales no puede ser usado para
intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamos”,
destacó.
Además, Amnistía Internacional
junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas
del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes)
formularon ayer un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, Alberto
Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de
Jujuy. Las organizaciones de derechos humanos le plantearon a la CIDH la
necesidad de medidas cautelares para garantizar la libertad de Sala –cuya
detención calificaron de “extorsiva”–, el ejercicio de la libertad de expresión
y del derecho a la protesta social en Jujuy. “Las medidas judiciales impulsadas
por el Poder Ejecutivo” jujeño a cargo del radical Gerardo Morales “procuran
desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes”, advirtieron.
Milagro Sala está acusada de
organizar una protesta (interpretada como incitación al delito y tumulto) en
rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del
cual forma parte (interpretado como delito de sedición). “El gobierno
provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para
criminalizar la protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación
formalista contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la
protesta, se ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un
procedimiento lleno de irregularidades”, advirtieron los organismos. “En un
proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que
la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva. La privación
arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social implica un daño
irreparable para las personas directamente involucradas y también tiene efectos
intimidatorios para el conjunto de la comunidad”, señalaron el CELS, Amnistía y
Andhes.
Las organizaciones advirtieron a
la CIDH que “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal
con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la
criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a
atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de
desalojo de la protesta”. “Se concreta así un impacto arrollador sobre el
ejercicio de la libertad de expresión”, destacaron. Las medidas judiciales
impulsadas por el gobierno de Morales “procuran desarticular la manifestación y
amedrentar a sus participantes”. “De esta manera, el Estado en lugar de generar
condiciones efectivas para el ejercicio de la protesta como lo establece la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone impedir su desarrollo.
Esta restricción de las libertades democráticas por vía de la obstaculización y
criminalización del derecho a la protesta tienen la gravedad, la urgencia y la
irreparabilidad que justifican el otorgamiento de las medidas cautelares que le
solicitamos a la Comisión”, concluyeron el CELS, Amnistía y Andhes.
Amnistía Internacional, por su
parte, lanzó una acción urgente, que es “una herramienta de nuestra institución
para visibilizar el caso a nivel internacional”, explicó Belski. “Lo que
hacemos es difundir la información en francés, inglés y español con nuestra
membresía, compuesta por siete millones de personas en todo el mundo, para que
le escriban al gobernador Morales y le exijan que libere a Milagro Sala y
garantice la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Jujuy”,
explicó. La organización había realizado acciones similares por el líder de la
comunidad qom, Félix Díaz, quien protagonizó una larga protesta, pero no fue
arrestado, y de la referente mapuche Relmu Ñamku, quien fue acusada de
homicidio y fue absuelta en un juicio que se realizó en un jurado
intercultural.
Fuente: Página 12
