El macrismo desarticula áreas clave de DD.HH. de diferentes
organismos del Estado.
Por Alejandra Dandan
Son áreas que desde 2003 se ocupan
de las causas de lesa humanidad desde distintos ministerios. En algunas
despidieron a la mayoría de los empleados, en otras dejaron de consultarlas
para los nuevos nombramientos.
La política de despidos masivos
está desarticulando áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las
causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado. A las tensiones en
el Ministerio de Justicia, se sumó la dirección de Derechos Humanos de Defensa
que no está recibiendo consultas sobre antecedentes para la designación de
militares. La semana pasada desmantelaron la subgerencia de Derechos Humanos
del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad
del sistema bancario y financiero durante la dictadura. Y durante ese mismo
período se desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de
Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: la coordinación de huellas y el
Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en
dictadura. La única área de momento quedó en pie de ese ministerio está a cargo
de asistir a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura,
Gendarmería y Policía pero pasó a depender directamente de Pablo Noceti, jefe
de Gabinete de Patricia Bullrich, ex socio del defensor de Leopoldo Galtieri
que alguna vez describió los juicios por crímenes de Estado como “la
legalización de una venganza”. Noceti les dijo a los trabajadores que, a partir
de ahora, todo lo que produzcan, pasa por él.
Los recortes que aparecen a
diario comenzaron a ser relevados por Adriana Taboada desde la red de abogados
y abogados de lesa humanidad que están siguiendo de cerca la construcción de
este otro tipo de mapa. Lo que puede verse como primera edición de un informe
que piensa ser actualizado una vez a la semana, reseña algunos de los datos de
organismos nacionales que se conocen hasta el día de hoy.
La Dirección Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Seguridad es una de las áreas donde el desguace tiene
impacto. El área coordinaba pedidos de la Justicia en causas de lesa humanidad
y articulaba con las fuerzas de seguridad en las investigaciones y operativos
por apropiación de niños durante la dictadura. Hasta ahora había 33 personas
trabajando en tres coordinaciones de las cuales despidieron a 13. Entre ellas,
fueron despedidos cuatro de las cinco personas del equipo de huellas que
trabajó en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga y echaron a la
coordinadora del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), Natalia
D’Alessandro. También despidieron a quienes hacían tareas de políticas de
género y las capacitaciones en Derechos Humanos a los funcionarios de las
fuerzas de seguridad.
El área produjo documentación
sumamente importante para las causas de lesa humanidad durante los últimos
años. De aquí surgió el informe de Prefectura para la causa ESMA Unificada que
permitió comprender parte de la ruta que seguían los aviones para los vuelos de
la muerte. Salió un informe sobre la Triple A para la causa que investiga
Norberto Oyarbide y un informe sobre la Superintendencia de Seguridad Federal
para la causa del Primer Cuerpo del Ejército. Esta es el área que de subsistir
pasará a estar supervisada por Noceti, una persona que consideró en sus
escritos a los juicios de lesa humanidad como “un proceso en el que la verdad
material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza,
estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer
un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.
El segundo punto del informe son
los datos que surgen del Ministerio de Defensa. Como ocurrió en Seguridad, la
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
produjo información importante a partir del análisis de documentación
desclasificada de las Fuerzas Armadas; colaboró activamente con los
requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura y trabajó en la consolidación de las
políticas del gobierno nacional de lucha contra la impunidad, por la memoria y
la verdad.
Según el informe, al día de la fecha
la situación es la siguiente:
Han extendido por tres meses los
contratos de todos los equipos de investigación que desarrollan su tarea en los
archivos (vencen en marzo). Todos los equipos están trabajando en los trabajos
de investigación que estaban realizando antes del cambio de gobierno. La nueva
gestión aún no les dio nuevas tareas.
La Secretaría de Derechos Humanos
de Nación ya no está consultando al área por los antecedentes ante la
designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están
ocupando cargos en la administración pública.
En el Ministerio de Justicia, uno
de los cambios más importantes es el Programa de Verdad y Justicia. Como señala
el Informe, el Programa fue creado en 2007 para fortalecer el proceso de Verdad
y Justicia intentó centralizar, entre otros méritos y con bastante éxito el
trabajo de las áreas del Ejecutivo que intervenían en causas de lesa humanidad.
Además, hizo investigaciones y tuvo como tarea auxiliar a la Justicia con
testigos que son convocados a prestar declaración en los debates orales en todo
el país. Los contacta y notifica reemplazando de ese modo las notificaciones
que usualmente realizan las fuerzas de seguridad y que revictimizaban a
aquellos testigos.
Con esa área sucedieron o están
sucediendo varias cosas:
Despidos: despidieron a 11 de los
50 trabajadores, entre ellos tres abogados que son nexo entre los tribunales y
víctimastestigos. Una de ellas, en Salta, único contacto entre las víctimas y
el tribunal. Despidieron además a un antropólogo, una socióloga del equipo de
evaluación de riesgo, dos comunicadores sociales y dos docentes. Además, en la
lista hay cinco personas abocadas a las causas de Abuelas cuyos contratos están
en revisión.
Traslado: el Programa sale de la
Unidad del Ministro de Justicia y pasa a la secretaría de Derechos Humanos.
Para los titulares salientes esto es un problema dado que “estaría
interviniendo desde un área que es querellante en las causas de lesa. Aunque el
Programa anticipó esta dificultad, (el ministro Germán) Garavano avanzó con la
reestructuración”.
Hubo además tres despidos en el
Archivo Nacional de la Memoria, dentro de la dirección de Gestión de
Información a cargo de la digitalización del material de archivo de las causas
de delitos de lesa humanidad y legajos Conadep. Despidieron a cuatro personas
del Centro Ulloa, una trabajadora social y tres psicólogas, una de La Rioja y
otra de Chaco donde estaba a cargo de la articulación de las políticas de
asistencia y acompañamiento de la zona en los juicios de lesa humanidad y
violencia institucional, otra área de trabajo del organismo. De la dirección de
Sitios de Memoria, “despidieron a las coordinadoras de Las Flores y la
Escuelita de Famaillá que eran las únicas trabajadoras de esos Sitios, quedando
los mismos en una situación de vaciamiento institucional”. Estos Ccdtye
actualmente son Espacios para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.
Fuente: Página 12