El día viernes 25 de febrero de 1977, alrededor de las 10 de
la mañana, personal de la policía provincial, con armas largas en la mano y
haciendo exhibición ostentosa de las mismas, sin aviso previo, acompaña a
funcionarios provinciales en la toma de posesión de las instalaciones de la
Biblioteca Vigil, por el gobierno de facto de la provincia de
Santa Fe.
Hoy se cumple un nuevo aniversario de la intervención militar en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, unas de las experiencias educativas y populares más importante de Latinoamérica. Antes de eso, la misma contaba con 19.639 socios, sus escuelas con 2.956 alumnos que podrían disfrutar sus 100.000 libros, de los cuales 47.500 fueron quemados por las llamas del odio en la época del plomo y el terror.
Las motivaciones esgrimidas por el decreto de la dictadura establecían que la intervención se dictaminaba por graves falencias económicas y que, en modo alguno, "significará un impedimento para la actividad del establecimiento que continuará normalmente" (Diario La Capital, 26-2-77). El objetivo real fue, sin embargo, como veremos, la aniquilación del complejo Biblioteca Vigil.
El capitán de Corbeta Esteban César Molina es designado
interventor normalizador.
A él lo acompañan distintos asesores y colaboradores, entre
ellos, el oficial de la policía provincial Ramón Alcides Ibarra que se hace
cargo del departamento de Educación. Este oficial es denunciado años más tarde
como uno de los más "destacados" transgresores a los derechos humanos
en la zona de Rosario, bajo el nombre de guerra "Rommel". Nos
detenemos en este caso que es altamente demostrativo del pensamiento de los
interventores.
El cargo en el departamento de Educación ocupado hasta el
25-2-77 por una personalidad de la educación nacional como el profesor Mario
López Dabat , es ejercido de ahí en más por un sicario del proceso militar
(sicario: asesino asalariado. Diccionario Real Academia Española).
Esta Intervención Normalizadora produce un primer informe en
el que ya se determinaba el cierre de algunas actividades educacionales de la
institución en contraposición a lo planteado el 26 de febrero (La Capital,
15-3-77).
En fecha 15 de abril de 1977 se sustituye al capitán Molina
por el coronel (R) Sócrates Alvarado, con facultades de interventor liquidador,
ya que el 19 de abril se decreta la liquidación judicial de la entidad. Se
cambian de esta manera, radicalmente, los enunciados primeros de continuidad de
la obra. Con nuevas personas designadas en distintos cargos ejecutivos se
profundiza la persecución ideológica y se realizan investigaciones sobre todo
el personal docente y no docente y asociados en general, produciendo graves
irregularidades en nombramientos y procedimientos educativos.
En este proceso se produce la operación más relevante, con
la venta a la provincia de los locales y bienes más importantes de la
biblioteca. Las condiciones de venta y los montos establecidos son muy
discutibles. Quizás alguna vez, si se permite el acceso a los cerrados archivos
provinciales, pueda hacerse una exhaustiva investigación sobre estos
procedimientos que enajenaron parte fundamental del activo físico
institucional.
Posiblemente no existió pago efectivo alguno en una sola
operación, sino una especie de resarcimiento por sumas adelantadas o a proveer
por la provincia, para el mantenimiento de algunas actividades y obligaciones
imprescindibles. Lo cierto es que al 31 de diciembre de 1976, de acuerdo a
balance certificado, aplicando la conversión monetaria correspondiente a los
cambios de moneda que hubieron en el país y la tabla de coeficientes elaborada
en base a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el
patrimonio de la institución ascendía, en un cálculo moderado, a unos 10
millones de pesos o dólares de hoy. Patrimonio que permitía, con creces,
afrontar su pasivo.
Esa compra y venta que la provincia se hace a sí misma, ya
que es compradora y vendedora a la vez a través de la intervención puesta por
ella, se realiza mediante decreto 1170/80.
LOS DESMANES COMETIDOS
Inmediatamente de producida la Intervención, bajo la
coerción resultante, la comisión directiva destituida hizo entrega de todas las
instalaciones y bienes de la entidad. Esta entrega se efectuó adjuntando todos
los inventarios correspondientes que una prolija contabilidad mantenía al día.
La Intervención recibió estos inventarios sin proceder a constatarlos
legalmente, actitud que pretendía la ex comisión directiva.
Esta actitud de la Intervención sería coherente, sin duda,
con lo ocurrido luego. Los participantes de la fuerza de ocupación, porque así
necesariamente debe ser llamada, entraron en la institución a "saco
roto". Embozada y desembozadamente se sustrajeron y desaparecieron
innumerables elementos con los cuales se desarrollaba la actividad diaria:
máquinas de escribir, calculadoras, grabadores, proyectores, libros,
ventiladores, estufas, discos, diapositivas, muebles, instrumentos musicales y
todos los correspondientes al observatorio astronómico, incluyéndose la lente
del telescopio y también las máquinas de los distintos talleres de producción.
Cuando unos años después se establece en los locales del
Servicio Bibliotecario el funcionamiento de la Biblioteca Pedagógica provincial
"Eudoro Díaz", se reciben en inventario, provenientes de la
Biblioteca Vigil, unos 35.000 volúmenes, otros 35.000 (20.000 según inventarios
más 15.000 en depósitos de un cuarto piso, debiendo agregar a ellos unos 40.000
ejemplares de los diversos títulos en existencia de la Editorial Biblioteca) se
esfumaron en el aire. Esta última expresión no es una forma literaria, porque a
una buena cantidad de ellos la caza de brujas los destinó al fuego.
En una pequeña digresión, debemos decir que el sistema
conocido como de Newark para el control de préstamos bibliográficos, utilizado
en la Vigil, resultó útil a la Intervención para investigar a los socios y sus
lecturas. Este tipo de sistemas, con fichas en cada libro donde quedan
registrados los datos de sus lectores, constituyendo un elemento delator, no
son recomendables para utilizar en regímenes censores y dictatoriales.
Lo más "peligroso" verificado en esos
procedimientos fue que la entidad mantenía relaciones de canje con la
Biblioteca Nacional de Cuba y se recibía la revista "Casa de las
América". Claro que también se mantenía canje con 400 instituciones de
todo el mundo, como ya hemos visto, la gran mayoría de ellas tan insospechables
como la Biblioteca del Congreso de Washington, por ejemplo, amén de que la
hemeroteca contaba con casi 1.000 títulos de publicaciones periódicas no
observadas. Otro cuestionamiento importante resultó ser la edición del libro de
María Teresa Nidelcoff "Maestro pueblo, maestro gendarme", una conmovedora
y comprometida respuesta de trabajo docente en escuelas de zonas marginales,
aún hoy y antes también, bibliografía frecuentemente citada en distintas
carreras de nivel terciario.
Todo este cúmulo de "pruebas" concluyó con la
detención ilegal de ocho miembros de la ex comisión directiva el 10 de mayo de
1977. Rechazados los "hábeas corpus" presentados y puestos a
disposición del P.E.N., luego de tres meses de detención ilegal, legalizados
luego, se les concede la libertad el 24 de diciembre de 1977. Todas las
acusaciones extraoficial y oficialmente vertidas de malversaciones económicas y
relaciones subversivas no pudieron ser comprobadas por inexistentes. A los
directivos jamás se les inició un proceso ni estuvieron ante un juez.
MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Desde que la Biblioteca Vigil empezó a exceder con su
funcionamiento las simples actividades de una pequeña biblioteca popular de
barrio, ciertos grupos interesados la atacaron siempre apuntando a una
identificación ideológica. El macartismo imperante en muchos momentos de la
sociedad Argentina da un carácter descalificador al adjetivo de izquierdista
aplicado a personas e instituciones. En un primer momento la intervención a la
Vigil se declara asépticamente por motivos estrictamente económicos. Al poco
tiempo se vio que bajo ese aséptico manto se ocultaban las verdaderas motivaciones
de quienes sustentaban la ideología de la "seguridad nacional". El
coronel Sócrates O. Alvarado, con el macarrónico estilo que caracteriza a los
militares, expresaba el 10 de mayo de 1977 (Diario La Capital):
"Bien sabe la opinión pública que la inspiración
incuestionable de los distintos canales de acción de esta entidad, ha venido
siendo desde hace años, apátrida y marxista. Este aserto puede ser compulsado
por quien lo desee. Frente a pruebas que no son materia opinable, sino
evidencia concluyente. La responsabilidad patriótica y cívica no puede ignorar,
sin caer en abyecta complicidad, esta por demás clara afirmación, lo cultural,
educativo, mutualista y aun la asistencia social sirvió a esos fines, la que se
somete desde ya al juzgamiento de la opinión responsable del pueblo todo de la
Nación Argentina..."
Fueron entonces dos motivaciones las esgrimidas como
causales que justificaban la intervención: la económica y la ideológica. La
económica quedó desvirtuada por dos razones fundamentales:
a) "El destino de los fondos que hubieran ingresado y
que no hallen contrapartida lógica, en la existencia con la que se ha de
responder, será motivo del tratamiento jurídico correspondiente". (Coronel
Alvarado, La Capital, 10-5-77). Estas palabras hallaron su "contrapartida
lógica", luego de exhaustivas investigaciones, en que no se efectuó
ninguna acción judicial, ni siquiera indagatoria, por algún juez, contra la
comisión directiva destituida.
b) El activo de la institución era tan cuantioso que todavía
hoy, a pesar de los turbios manejos, continúa el proceso liquidatorio y se
poseen importantes propiedades no liquidadas.
En cuanto a la justificación ideológica se desvirtúa por los
siguientes motivos:
a) Por una razón
principista de defensa de derechos y garantías fundamentales, expresada en el
artículo 14 de la Constitución Nacional y de acuerdo con el artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos: "Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión".
b) Porque la Biblioteca Vigil nunca fue el coto cerrado de
una expresión ideológica o política determinada, sino una institución donde
todos aquellos que tenían ganas y capacidades, sin banderías políticas
partidarias para desarrollar una acción educativa, cultural, mutual en aras de
la comunidad, encontraban las formas y el ambiente adecuado para cumplirla.
Cabe recordar aquí dos párrafos de los "Principios educativos de la
Biblioteca Popular C. C. Vigil", los puntos 4 y 5 que establecen la
política educativa y cultural fundamental de la institución. (DECALOGO DE LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA
BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO C. VIGIL )
c) No se llevó a cabo ninguna acción judicial, ni siquiera
indagatoria por algún juez, sobre supuestas actividades ideológicas y/o
subversivas de los ex miembros directivos.
El objetivo fue sólo uno: de acuerdo con los postulados de
la teoría de la "seguridad nacional" la Biblioteca Vigil debía ser
eliminada. Así se hizo.
(Sitio de la Biblioteca Constancio C. Vigil)
