Llama la atención que la denuncia sobre censura a la libertad de expresion la hayan realizado los periodistas más escuchados, vistos y leídos de los grandes medios. También, que lo hicieran en el marco histórico en el cual nuestro país derogó el delito de desacato y la despenalización de las figuras de calumnia e injurias cuando se trate de expresiones relacionadas con asuntos de interés público. Lo cierto es que el grupo de periodistas encabezados por Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá no pudieron convencer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los peticionantes –tal el rótulo que le otorgó la Comisión a
los representantes de las empresas que solicitaron la audiencia– redujeron la
cuestión de la libertad de expresión a una mera discusión económica sobre la
distribución de la pauta oficial y no pudieron explicar por qué ante la
supuesta gravedad de la situación no hicieron presentaciones judiciales ante la
justicia local.
Tanto Rosa María Ortiz como Rodrigo Escobar Gil, dos de los
miembros de la Comisión, avanzaron ante el relato de los interesados y
preguntaron, ante la supuesta gravedad de la situación denunciada, "si
habían presentado denuncias en la justicia o ante la Procuración General de la
Nación", y en caso de que no lo hubieran hecho solicitaron "que
expliquen la razón".
La respuesta nunca llegó. Tanto Morales Solá como Ruiz
Guiñazú prefirieron dedicar el tiempo de la Comisión a intentar enhebrar
argumentos que demostrasen sin ejemplos concretos los supuestos atropellos del
Estado. El aporte más importante a la confusión lo hizo Morales Solá.
"Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o
escribir lo que pensamos", preguntó el hombre de TN y La Nación y siguió:
"La respuesta es que sí", aunque agregó que los periodistas allí
presentes "no trabajan tranquilos" debido a las críticas que reciben.
Con una concepción similar Ruiz Guiñazú comenzó su
exposición, en la audiencia que se extendió por una hora, con un breve
testimonio sobre un hecho ocurrido en 2010 en el que, según dijo, fue
protagonista y "acusada falsamente" de haber sido la jefa de prensa
del Ministerio de Economía de la última dictadura militar.
Al respecto, la relatora para la libertad de expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, advirtió que
quienes critican a los peticionantes "también están en el ejercicio de la
libertad de expresión". Más aún, Botero les preguntó si las críticas
dirigidas hacia ellos "no se tratan también del ejercicio de la libertad
de expresión de un sector de la sociedad civil" y si no se deben también
"respetar esas manifestaciones".
Ante la notoria vaguedad de los argumentos del tenor de
"la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada" y
teniendo en cuenta que al solicitar la habilitación del panel de discusión los
peticionantes advirtieron que se registran "distintas acciones adoptadas
por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del
derecho de libertad de expresión", la Comisión pidió precisiones. En este
caso, la respuesta tampoco llegó.
El director de Derechos Humanos en los Contencioso
Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó: "No se advierten razones objetivas para que
el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional,
donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales
estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención."
Por otra parte, Ortiz, ante la inverosimilitud de lo
planteado, abonó el camino recorrido por Salgado: "La ley Argentina es
motivo de felicitación. Es una de las tantas que bregan por la democratización
de los medios."
Dado el curso que tomó la audiencia y el casi monotemático
cuestionamiento sobre la distribución de la publicidad oficial Juan Ross,
secretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete y uno de los
dos representantes del Estado presentes , decidió profundizar al respecto y en
primer término subrayó: "El Estado Argentino tiene criterios para la
distribución de publicidad oficial."
En tanto que a la hora de argumentar, el funcionario
recurrió a demostrar la imposibilidad fáctica que tiene el Estado para ejercer
algún tipo de censura debido a la mínima porción de la torta publicitaria que
representa la publicidad oficial y detalló que "la publicidad oficial en
2009 fue de 388 millones de pesos y hacia fines de 2012 llegó a 796" en
tanto que la publicidad "en 2003 fue 2200 millones y a fines de 2012 llegó
a 22 mil millones".
