Un paso crucial en el proceso de adecuación en el que será
central el control del Estado, cómo se decidió la operación de escisión del
Grupo Clarín SA que pretende aprobar el 30 de junio en asamblea de accionistas
para cumplir con la Ley de Medios de la democracia. La actitud vigilante de la
AFSCA, la CNV y la UFI. ¿Para quién queda Papel Prensa?
Por: Roberto Caballero
La noticia es impactante por su fuerte contenido simbólico y
práctico. Quizá sea la más relevante luego del fallo que resolvió la
constitucionalidad plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA). "Magnetto y Herrera de Noble se van de Clarín para adecuarse a la
Ley de Medios", tituló Tiempo Argentino. "El Grupo Clarín presentó su
propuesta de nuevos accionistas", dijo Clarín. "El Grupo Clarín quedó
dividido en dos partes con socios diferentes", publicó La Nación; y
Página/12 decidió titular: "Los nombres de la división de Clarín".
La concentración empresarial en materia de comunicación
entró en su fin de ciclo; y con él, su máximo exponente, el hacedor de un
modelo de negocios que empieza a conjugarse como tiempo pasado, Héctor
Magnetto. La nueva ley democrática, que cumple con todos los requisitos
exigidos por el sistema interamericano de DD HH en materia de libertad de
expresión y derecho a la comunicación, ya no le permite mantener su oligopolio.
Las interpretaciones pueden ser dispares, más cautas o más
optimistas, con perspectivas más legalistas o exclusivamente políticas, pero
sin dudas el paso que dio el Grupo Clarín S.A. y se conoció este viernes va en
un sólo sentido: la adecuación a la LSCA dispuesta por sus accionistas directos
e indirectos, escenario que se abrió con un viaje de Magnetto y Lucio Pagliaro
a Nueva York, el 21 de abril, para presentarse ante un notario público
estadounidense, prueba del grado de extranjerización de los '90 que todavía
rige el mercado local de la comunicación.
De las 30 páginas del documento que entregó María de los
Milagros Páez, la apoderada del holding, lo que surge como novedad inmediata es
que el oligopolio decidió aplacar la visceralidad de sus escritos previos. Hay
un lenguaje frío, técnico, de negocios, que parece haber enterrado el
diccionario bélico que había usado hasta ahora.
La capitulación verborrágica puede también advertirse en la
crónica sin firma de Clarín de ayer sobre la noticia: "El Grupo propuso
que los cuatro accionistas controlantes se dividan en dos empresas principales,
que serán continuadoras de Cablevisión y de los medios periodísticos del grupo.
En tanto que otras cuatro unidades se venderán a terceros, dentro del plan de
adecuación a la ley de medios".
Ya no es "Ley de medios K", ni de "control de
medios", ni "ley mordaza", ahora es "ley de medios", a
secas. Hay un notorio avance pretendidamente democrático en la prosa.
El periodista de La Nación José Crettaz, implacable crítico
de la LSCA, en su nota de ayer también introdujo este ánimo pacificador como si
de golpe se le hubiera elevado la cuota de "Francisco en sangre":
"Los cuatro socios controlantes del Grupo Clarín decidieron dividir en dos
la empresa para cumplir con las disposiciones de la ley de medios (…) Aprobada
en 2009 y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema en octubre
de 2013 establece múltiples topes a la cantidad de licencias de TV por cable en
compatibilidades cruzadas entre la propiedad de distintos tipos de medios que
hicieron completamente ilegal la actual configuración del grupo
empresario". ¿La Nación tratando de "ilegal" a su socio en Papel
Prensa, si no se adecúa? Leer para creer.
Claro que no todas son rosas. También puede leerse: "La
propuesta de escisión, que ya está en manos de la CNV, desconcertó a la
Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que hasta último
momento especuló con que el grupo presentaría como nuevos titulares a los
herederos de los actuales accionistas, una versión que hizo circular
públicamente el socio minoritario del Grupo Clarín en Cablevisión, David
Martínez".
El que especuló con esa posibilidad, primero que nadie, fue
Jorge Fontevecchia, CEO del Grupo Perfil, a través de su bisemanario; y no el
AFSCA, que conduce Martín Sabbatella. Es raro que se hable de desconcierto del
órgano de aplicación de la ley, cuando Este tendrá la última palabra sobre el
proceso de adecuación que todo indica comenzó este viernes. Aún se desconoce a
manos de quiénes irán las otras cuatro unidades de negocios, que Clarín tiene
que poner a la venta a terceros. Todo, finalmente, será analizado por los
equipos técnicos y jurídicos de la AFSCA y la CNV.
Según el material que presentó el Grupo Clarín S.A., integrado
por los accionistas ELHN Grupo Clarín New York Trust, HHM Grupo Clarín New York
Trust, LRP Grupo Clarín New York Trust, José Antonio Aranda, Aranlú S.A., GS
Unidos LLC, Ralph Booth II, el holding se va a dividir en dos grandes unidades
de negocios. La Unidad 1, que queda para los socios José Aranda y Lucio
Pagliaro (a los efectos legales, Aranlú S.A., LRP Grupo Clarín New York Trust),
e integra a Artear (Canal 13), Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, la
señal de noticias TN y Radio Mitre de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, más las
24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, y aunque no está
regulado por la LCSA, con el diario Clarín, con el 49% de Papel Prensa, con el
55% de Polka, con el 100% de CIMECO (diario Los Andes y La Voz del interior),
el 100% de AGR, Tinta Fresca, Librería Cúspide y el 50% de Impripost, en sociedad con Techint, entre
muchas otras empresas.
Y la Unidad 2, que queda en poder de Héctor Magnetto y
Ernestina Herrera de Noble (sus firmas legales son HHM y ELHN New York Trust),
que nuclea al cableoperador Cablevisión, más otras 24 licencias de cable,
además de la declarada ilegal por la famosa resolución 100 Fibertel, tampoco
contemplada en la LSCA.
En teoría, Aranda y Pagliaro administrarán las empresas que
representan el mayor capital simbólico del grupo (Canal 13, TN, Clarín, Radio
Mitre, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, entre otros) y
Ernestina de Noble y Magnetto –en sociedad con Fintech, de Martínez– se
refugian en la cableoperadora y sucedáneos que generaban el 70% de la
facturación de todo el grupo hasta ahora. De hecho, en medio de la crisis
económica tan fogoneada por sus medios y licencias, los accionistas le
informaron a la CNV que antes del 28 de mayo y antes de la escisión se van a
repartir dividendos por 80 millones de pesos producto del ejercicio 2013. Mucha
plata para un grupo que se dijo "jaqueado" por el gobierno, que se
queja en la misma presentación por "la baja valoración del Grupo Clarín
debido al deterioro valuatorio de las empresas argentinas en general y las
contingencias y trabas regulatorias y judiciales que afectan a los negocios de
la sociedad en particular".
Quedan pendientes cuatro unidades que tendrán nuevos dueños
sin vínculos legales entre ellos, ni con los viejos accionistas, según la ley.
La Unidad 3: con un porcentaje de Cablevisión que incluye 18 licencias de TV
por cable y una licencia de TV por suscripción con uso de espectro. La Unidad
4: son señales de cable, entre ellas, TyC Sports, TyC Max, El Trece Satelital,
Magazine, Volver, Quiero Música, Canal Rural y Metro. La Unidad 5: son radios
del interior, FM 99,5 de Tucumán, FM 92,1 de Bariloche, FM 93,3 de Santa Fe y
FM 96,5 de Bahía Blanca. Y, por último, la Unidad 6: es TV abierta del
interior, entre ellas, LU 81 TV Canal 7 de Bahía Blanca y LV 83 TV Canal 9 de
Mendoza.
El pedido a la CNV para que acepte la escisión conlleva un
plazo para la venta de estas cuatro unidades, que es setiembre próximo.
(Fuente: Tiempo
Argentino – Artículo condensado)