Cuatro organizaciones presentaron un video que busca generar
conciencia de que es legal la interrupción de un embarazo producto de un abuso.
Ya se empezó a difundir en las redes sociales. Pedirán que sea exhibido en
hospitales públicos de todo el país.
Por Mariana Carbajal
“El aborto por violación es legal para todas las mujeres,
adolescentes y niñas. Es tu derecho exigirlo.” Con este lema, cuatro
organizaciones lanzaron un video para concientizar a la población sobre una de
las causales de no punibilidad de la interrupción de un embarazo en el país. El
spot, que ya se empezó a difundir por redes sociales –y se buscará que los
gobiernos provinciales y municipales lo exhiban en salas de espera de hospitales
públicos–, se presentó ayer con motivo del Día de Acción por la Salud de las
Mujeres, que se celebra hoy en todo el mundo. Durante su lanzamiento, las
entidades denunciaron que la situación del aborto legal “no cambió
sustancialmente” en la Argentina después del fallo de la Corte Suprema, del 13
de marzo de 2012, que confirmó los alcances de ese derecho y exhortó a los
gobiernos a eliminar las barreras arbitrarias que históricamente se les
imponían a las mujeres que pedían interrumpir un embarazo producto de una
violación.
La campaña la impulsan Amnistía Internacional Argentina, el
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Fundación para el Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género (ELA), con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto
Inseguro (Clacai). El video apunta a informar para que las mujeres sepan cómo
exigir su derecho a un aborto legal en casos de violación. Se presentó durante
una conferencia de prensa en la que las ONG reclamaron al Ministerio de Salud
de la Nación una “política pública general” sobre el tema y campañas oficiales
para que la información llegue a todo el país.
“Las directrices de la Organización Mundial de la Salud
establecen que toda mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de
violación debe tener acceso a un conjunto de servicios de apoyo, que incluya la
información sobre servicios de aborto seguro y legal y la opción de acceder a
ellos”, recordó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI.
En la Argentina es un derecho –y así lo precisa el video–
desde 1921, confirmado hace dos años por el máximo tribunal. De todas formas,
apuntó Natalia Gherardi, titular de ELA, todavía persisten obstáculos para que
se garantice en todo el territorio del país, como quedó en evidencia hace pocas
semanas con el caso de una niña de 13 años que pidió un aborto no punible en un
hospital de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, detalló
Gherardi, sólo ocho provincias tienen guías de atención que siguen los
lineamientos que recomendó la Corte Suprema: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja,
Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras ocho jurisdicciones
tienen protocolos, pero que se alejan del fallo del máximo tribunal porque
imponen algún tipo de exigencias arbitrarias para acceder a la práctica. Esto
ocurre en Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires,
provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las restantes provincias no
tienen ninguna normativa específica, aunque esa circunstancia no significa que
no deban garantizar también en sus hospitales el acceso a la intervención.
“Esta incertidumbre se traduce en litigiosidad que es
justamente lo que el fallo FAL de la Corte buscó eliminar. Encontramos juicios
en marcha en distintas provincias, en algunos casos se cuestionan los
obstáculos que incluyen algunos protocolos, en otros se busca directamente
impedir el acceso al aborto legal, otros denuncian las prácticas concretas de
operadores del sistema de Justicia o de salud para poner trabas a las mujeres
que buscan interrumpir un embarazo producto de una violación”, describió
Gherardi.
Mabel Bianco, presidenta de FEIM, repasó las barreras que en
el último tiempo padecieron mujeres y niñas que fueron violadas para acceder a
un aborto no punible: “Son formas de violencia institucional que se reiteran,
cuando funcionarios de distintas dependencias del Estado no cumplen con sus
deberes, retardan o impiden que mujeres y niñas ejerzan sus derechos y las
revictimizan”, dijo Bianco. Además señaló que, ante una denuncia de violación,
en la comisaría deben orientar a la mujer para que concurra al hospital, con el
fin de prevenir el VIH-sida y el embarazo, y ordenar la revisión por parte del
médico legista, simultánea con la atención preventiva para no duplicar la
revisión. Y en el hospital se debe garantizar el aborto si la mujer lo
solicita”, explicó.
“Pareciera que ahora se hacen más abortos legales, pero una
política pública no se hace a través de las redes informales. Hoy vemos que esas
redes informales incluyen también actores del ámbito público. No se hace así en
el caso de las campañas de vacunación, por qué hacerlo con el aborto legal”,
cuestionó Silvina Ramos, del Cedes.
(Fuente: Página 12)
