Con el título "Información guardada bajo siete llaves", el documento del CEAP, fechado hace tres días, con las firmas de sus integrantes, Hugo Kofman, Pilar Sapino y Rodolfo Candioti, menciona que "El reciente procesamiento del renunciado Presidente del Ente
Administrador Puerto de Santa Fe (EAPFS), por ´peculado y negociaciones
incompatibles con el deber del funcionario público´, está lejos de agotarse en sí mismo."
El documento agrega que "Además de las implicancias para
ambas fuerzas políticas que componen la coalición gobernante de la provincia,
la firme decisión judicial de avanzar en el tema es posible que acerque al
banquillo a otros integrantes del Ente, que aparecen como copartícipes de
múltiples maniobras, que llevaron al organismo a una situación financiera
fuertemente deficitaria en los últimos años. A punto tal que para capear la
emergencia, recurrió a cobros anticipados de cuotas de concesión del Casino de
Santa Fe –con quitas- hasta el año 2019.
Fue ese grave
deterioro económico, no revelado hasta el presente, lo que determinó que el 13 de mayo de 2012,
la legislatura santafesina aprobara la ley N° 13259, mediante la cual se eximió
al Ente Administrador Puerto de Santa Fe (EAPSF) de la futura amortización del
Préstamo del FonPlata por 40 millones de dólares, que debía aportar para la
construcción del Nuevo Puerto. Deuda que fue transferida directamente al fisco
provincial. Aunque el Ejecutivo, para convencer a los legisladores solo
mencionó una operatoria que aceleraría los trámites de licitación para el
inicio de una obra que estaba destinada al desarrollo de la región, y que
representaba un histórico anhelo de todos los santafesinos.
A partir de ese momento quedó en el pasado el enunciado
fundamento del “Masterplan”, por el cual en 2005 se destinaron 50 de las 70
hectáreas del viejo puerto de Santa Fe, para su concesión a diversas empresas
privadas, y que la suma millonaria de los cánones aportados, se invirtieran en
la construcción del nuevo puerto.
Dos años atrás de la sanción de esa ley, en abril de 2010,
el Gobernador Binner había dejado caducar - por la no ejecución en el plazo de
dos años- la ley N° 12855 de
expropiación de las tierras para el futuro puerto a “valores históricos”. Esta
ley, originada en el anterior gobierno de Obeid, había surgido como respuesta
al escándalo desatado en la Cámara de Diputados por la denuncia del Diario UNO,
de compra especulativa desde 2003, de miles de hectáreas por “inversores”
vinculados a la presidencia del EAPSF. Posiblemente la ley no se ejecutó porque
afectaba el negocio de uno de los socios
del diario El Litoral: Carlos Nahuel Caputto, uno de los compradores de
tierras. Detalles que ilustramos en un mapa anexo.
El 28 de mayo de 2014, el CPN Marcelo Vorobiof, junto al
Gobernador Bonfatti, abría el único sobre presentado para la licitación del
nuevo puerto. En ese momento, los funcionarios se mostraron extrañados ante la
prensa, por la ausencia de los
candidatos más serios para hacerse cargo del proyecto: el Consorcio Camargo
Correa / Paranagua. En realidad eso ya se sabía unos 15 días antes, razón por
la cual promovieron a último momento el armado de la UTE “NTM-Santa Fe”, que
compró los pliegos 8 días antes del vencimiento. Se trata de un consorcio
compuesto por empresas que tendrían
dudosa solidez: La más importante de ellas, de capitales españoles, está
investigada en su país de origen por posible duplicación de boletas para la
obtención ilegal de subsidios de la Unión Europea.
El entonces Presidente del Ente Portuario dijo en la
ocasión, que el análisis de la propuesta insumiría entre 4 y 6 meses, tarea a
la que se avocaría una Comisión Evaluadora. El hecho es que al respecto reina
un silencio total. No ha trascendido siquiera quienes forman parte de la
Comisión, cuales son las características de la propuesta económica de esa UTE,
y si nos remontamos a tiempo atrás, tampoco se conoce el Proyecto Técnico, ni
el Informe de Impacto Ambiental. Al respecto hay que tener en cuenta que la
Nación exigió dos requisitos para otorgar los 20 millones de dólares que
comprometió para la obra: la garantía de aportes de capital privado y el
informe de Impacto Ambiental.
Este manto de secretos, se suma a anteriores ocultamientos,
que por cierto no son menores: en 2006, cuando el EAPSF decidió el lugar de
emplazamiento del nuevo puerto, los expertos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL, que integraban el Grupo de Inspección, se retiraron
del mismo y se negaron a firmar el informe técnico. Sus investigaciones
indicaban que el lugar era inadecuado por su estrechez, escasa profundidad e
intensa sedimentación que obligaría a periódicos y costosos dragados, además
del enorme impacto ambiental y la enorme inversión que insumirían las obras de
acceso. Nada de esto tomó estado público.
De hecho, estas obras financiadas con fondos públicos,
generarían como “efecto colateral” un jugoso beneficio para los compradores de
tierras a precio vil, uno de los cuales no ocultó su intención de encarar
emprendimientos inmobiliarios y turísticos en esa zona de islas, que se hacía
accesible al tránsito vehicular gracias a la construcción de la autovía de
acceso al nuevo puerto.
Tanto el EAPSF como el Ejecutivo provincial no accedieron a
entregar copia a la Cámara de Diputados, de los estudios técnicos de la
consultora COINRE, ni de las objeciones realizadas en su momento por los
expertos de la FICH, los cuales habían sido solicitados en junio de 2013. Menos
aun se respondió a los pedidos de Información Pública realizados por nuestro
Centro de Estudios. Tampoco nos respondió el Ministro de Economía, Angel
Sciara, a un pedido de audiencia que le hiciéramos en enero de 2013.
Actualmente aguardamos respuesta a la nota que le presentamos hace unos 20
días, y que también anexamos a este documento.
Esperamos que se avance en la causa judicial, y que la
investigación de la Comisión de la Cámara de Diputados se introduzca en otras
áreas con más profundidad. Ya llegará el momento en el que se pondrán en el
tapete las responsabilidades de todos los funcionarios en un tema que afecta a
la gran mayoría de los santafesinos. Y que se generen los cambios para superar
la estructura del ENTE heredada del neoliberalismo de los 90’, lo cual
implicaría que el Estado vuelva a asumir su responsabilidad en la
administración de los bienes comunes de los ciudadanos.
Hoy la decisión sobre la licitación depende centralmente del
Ejecutivo Provincial, tema que ha decidido manejar con total hermetismo. De
modo que es de su exclusiva responsabilidad el hecho que en Santa Fe se
construya el tan ansiado y polémico puerto, o que se resuelva en función de los
intereses de una minoría que especula con negocios inmobiliarios, o que se
vuela a foja cero, luego de haber invertido millones de pesos en consultoras,
viajes de funcionarios, licitación, propaganda."
