Cuatro represores serán juzgados desde hoy por
su actuación en el centro clandestino Monte Peloni. El juicio promete ventilar
las complicidades empresarias y sociales con la represión en Olavarría, una
ciudad ya sacudida con la aparición del nieto de Carlotto.
Por
Silvana Melo y Claudia Rafael
La identidad de Olavarría volverá a sacudirse
con otro temblor estructural. Un mes y diecisiete días atrás, la aparición
impensada de Ignacio Guido Montoya Carlotto había dejado al desnudo las
vergüenzas históricas y sociales de la ciudad. Esas mismas complicidades, a
través de los nombres de cinco militares represores, comenzarán a quedar
expuestas en la vidriera judicial: hoy comienza el emblemático juicio en torno
del campo clandestino de detención Monte Peloni, cuyos entretelones pueden
arrojar luz sobre la apropiación del nieto de Estela de Carlotto.
Cuatro de esos represores estarán sentados
allí, ante los jueces federales Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra:
el entrerriano Ignacio Aníbal Verdura, 82 años, general de Brigada retirado
obligadamente el 24 de mayo de 1986, después del atentado fallido contra el
presidente Raúl Alfonsín; el mendocino Walter Jorge Grosse, El Vikingo, temible
oficial de inteligencia que hoy ronda los 69 años; Horacio Rubén Leites, 64, y
el emblemático Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra, también de 64, sargento retirado
del Ejército, galardonado por el eterno intendente Helios Eseverri como
funcionario municipal.
El quinto jinete del horror, Juan Carlos
Castignani, quien secundó a Verdura en el mando del Regimiento de Tanques 2
Lanceros General Paz, de Olavarría, no llegó a tiempo: murió el 19 de octubre
de 2012. Los cinco habían quedado detenidos a mediados de 2009. El último en
caer había sido Castignani.
Tres años antes, en mayo de 2006, la imagen de
El Vikingo Grosse había quedado definitivamente congelada en el momento en que
golpeaba a un periodista de América TV, en un acto de reivindicación del
terrorismo estatal, en Plaza San Martín. Muchos años antes, en plena dictadura,
había regenteado, como interventor, la radio AM de la ciudad. La que tiempo
después compraría el grupo Fortabat.
Olavarría, esa ciudad de 110.000 habitantes
forjada entre la piedra y el agro, que se reivindicó a sí misma por décadas
como la capital del trabajo y del cemento, tiene una larga lista de 37
desaparecidos. Algunos de esos casos recién fueron denunciados muy pocos años
atrás. Sin embargo, de cara al juicio por el circuito represivo de Monte Peloni
son 21 las víctimas contempladas. Once son las que llegan con vida al juicio,
aunque probablemente sólo diez estén en condiciones psicológicas de declarar.
Seis fueron asesinados o continúan de-saparecidos desde 1977: Amelia Isabel
Gutiérrez de Ledesma (Pichuca), Juan Carlos Ledesma, Jorge Oscar Fernández,
Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín
Maccarini. Y otros cuatro murieron años más tarde: Francisco Nicolás Gutiérrez,
Ricardo Alberto Cassano, Mario Elpidio Méndez y Guillermo Oscar Luján Bagnola.
La ciudad llega como un rey desnudo a este 22
de septiembre. Tuvo un primer gran terremoto el 5 de agosto, cuando como un
reguero de pólvora empezó a instalarse el germen de la noticia que, horas
después, revolucionaría al país entero: Pacho Hurban, el joven músico talentoso
que suele tocar en Librería Insurgente, que dirige la Escuela Municipal de
Música, que se crió en el campo Los Aguilares (propiedad de su entregador) y
vive en el pequeño pueblo de Loma Negra era, en verdad, el hijo de Laura
Carlotto y Puño Montoya; el nieto de Estela. Si desde hace diez años, cuando se
presentó la denuncia penal por el circuito represivo que giraba en torno de
Monte Peloni, los ojos estaban puestos en el día en que por fin se juzgara a
los represores, nada fue igual desde ese 5 de agosto.
Mientras Verdura, Leites, Grosse y Ferreyra
apuestan a una defensa política (no por casualidad, Verdura caracterizó que la
calificación de crímenes de lesa humanidad constituye una “torpe excusa
sofística y pseudojurídica para abrogar garantías” constitucionales) los velos
sobre la ciudad se van descorriendo con una velocidad abrumadora. Que deja con
jirones de piel a los referentes intocables del poder económico y social.
Dos años atrás, la génesis de la ciudad y su
identidad cementera habían comenzado a temblar cuando se ventiló en Tribunales
el secuestro y asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno, patrocinante de los
trabajadores de Loma Negra que contraían la silicosis (aspiración de sílice)
como enfermedad laboral. Sus triunfos jurídicos generaron pérdidas económicas a
la fábrica, a la que los jueces mandaron a investigar como “instigadora por
codicia” después de la sentencia que condenó a tres militares y dos civiles.
Fue puesta en tela de juicio la fábrica, la principal benefactora de la ciudad
y Amalia Lacroze, la viuda de uno de los padres de Olavarría. La mujer a quien
se siguió instalando en un altar, a pesar de todo.
El Monte Peloni se transformó en primer o
segundo destino (en decisiones aleatorias) de los secuestrados, que en algunos
casos pasaban por los calabozos de la Comisaría Primera o por la Brigada de Las
Flores antes de caer en la casa en medio de la serranía. Pero también era un
lugar de paso donde recibían el primer “ablande”. Carlos Genson, en su
testimonio en los Juicios por la Verdad (Olavarría, 2006), aseguró haber visto
en ocasiones a otros detenidos que no estaban entre los históricos militantes
con quienes compartió cautiverio y que solían permanecer por uno o dos días.
Al teniente primero Horacio Rubén Leites, al
sargento Omar Antonio Ferreyra, al capitán del Ejército y oficial de
inteligencia Walter Jorge Grosse y al entonces teniente coronel Ignacio Aníbal
Verdura se los imputa de privación ilegítima de la libertad y tormentos en los
21 casos de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo
Alberto Cassano, Néstor Horacio Elizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto
Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres, Carlos
Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar
Lujan Bagnola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castelucci, Rubén Francisco
Sampini, Osvaldo Raúl Ticera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo
Serafín Maccarini y Juan Carlos Butera. Todos secuestrados en Olavarría entre
el 14 de septiembre y el 1º de noviembre de 1977. Varios de ellos fueron vistos
en los centros clandestinos de Las Flores (Brigada), Tandil (La Huerta), Monte
Peloni (Olavarría), Pozo de Banfield o Brigada de Investigaciones de La Plata.
A Verdura, además, se lo juzgará por los
homicidios de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini.
Tal vez los dos imputados más emblemáticos
sean Verdura y Ferreyra. El primero, por haberse erigido en el dueño de la vida
y la muerte en los primeros años de la dictadura, a la vez de tejer profundos
lazos sociales y empresariales en la ciudad. El poder económico y la clase dominante
fueron conniventes y aduladores del teniente coronel, jefe del Regimiento.
Ferreyra, el de menor rango, casi veinte años
más joven que Verdura, se mantenía oculto en el ostracismo hasta que el
entonces intendente Helios Eseverri (por consejo de la misma casta empresarial
que compartía asados en los cuarteles) lo nombró director de Control Urbano.
Sus víctimas lo reconocieron, las denuncias sacudieron a la ciudad y El Pájaro
fue corrido por los pasillos de la Municipalidad por Araceli Gutiérrez (una de
sus víctimas en Monte Peloni) con el micrófono y la cámara de Punto Doc, en las
manos de Miriam Lewin. Eseverri lo mantuvo en el cargo con explicaciones de
profunda vileza.
Poco más tarde, cuando fue mandado a casa por
presuntos problemas de salud, fue detenido y enviado a Marcos Paz, donde esperó
hasta esta semana el juicio que correrá el velo sobre el horror escondido y
silenciado en medio de la naturaleza y el canto de los pájaros.
