La iniciativa tenía media sanción del Senado y fue aprobada
por 132 oficialistas. La casa de estudios pasa a ser un instituto universitario,
que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la
estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La ley,
impulsada por el Frente para la Victoria, convertirá a esa casa de estudios en
un instituto universitario nacional que funcionará bajo la órbita del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En los fundamentos del proyecto,
firmado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de
Educación, Alberto Sileoni, y de Justicia, Julio Alak, el Poder Ejecutivo
anticipó que el instituto buscará formar “profesionales altamente capacitados
para la defensa de los derechos humanos”.
El proyecto fue aprobado con el voto favorable de 132
legisladores del oficialismo. En cambio, la UCR, el FAP, el Frente Renovador,
la Coalición Cívica, Unión PRO y el FIT votaron en contra, reuniendo 87 votos.
Hubo cinco abstenciones, las de Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Claudio Lozano,
Víctor De Gennaro, Antonio Riestra (Unidad Popular) y Facundo Moyano.
La aprobación de la ley fue saludada con cantos y aplausos
por los estudiantes y docentes de la Universidad Popular y los militantes que
siguieron el debate desde los palcos. Durante cuatro horas, oficialistas y
opositores habían mantenido duros cruces sobre los objetivos del proyecto. La
oposición hizo foco principalmente en la causa por desvío de fondos destinados
a la construcción de viviendas populares que afronta la Fundación Sueños
Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, mientras que el
oficialismo defendió la iniciativa como una ratificación de que las luchas en
defensa de los derechos humanos deben ser respaldadas e incentivadas desde el
Estado.
Así, en la apertura, el diputado informante del oficialismo,
Martín Gill, calificó de “mezquino” al enfoque que los opositores llevaron al
recinto. “La ley no tiene nada que ver con los hechos públicos que han sucedido
en torno de la fundación y sus responsabilidades”, sostuvo. Por el contrario,
defendió la estatización de la Universidad Popular “en honor a la lucha, a la
resistencia, el amor y la esperanza que representaron y representan todas y
cada una de las Madres de Plaza de Mayo”.
Uno de los argumentos puestos en juego por los diputados que
votaron en contra fue que el Estado deberá hacerse cargo de deudas de la
fundación. El radical José Riccardo, por ejemplo, habló de “200 o 300 millones
de pesos malversados” que deberían ser cubiertos con fondos públicos, aunque
este argumento fue rechazado por el oficialismo así como por los voceros de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo.
En la misma línea que los radicales, el PRO se centró en las
denuncias de corrupción. “Se pretende un salvataje a una institución que no
puede dar cuenta del manejo de los propios fondos”, sostuvo Héctor Baldassi. Su
par Patricia Bullrich sumó otro cuestionamiento, al asegurar que la casa de
estudios tiene bajo nivel académico. “Se creó la figura del instituto
universitario porque era imposible darle el carácter de universidad”, aseguró.
También votaron en contra los dirigentes del FA-Unen y los
del Frente de Izquierda. “No creemos estar ante una ley que vaya a ampliar la
educación pública”, sostuvo Néstor Pitrola.
El debate tuvo momentos caldeados. “Nos cuesta escuchar
ciertos términos que se sueltan a la ligera sobre la política de derechos
humanos de este gobierno”, se quejó el diputado Horacio Pietragalla al hacer
uso de la palabra. El nieto recuperado criticó a los legisladores que
introdujeron en la discusión las denuncias por malversación que involucran a
Sergio Schoklender, a quien –remarcó– “ni vale la pena nombrar” porque “ensució
la Fundación Madres con sus prácticas enfermizas”.
En el cierre, la jefa del bloque del FpV, Juliana Di Tullio,
acusó a la oposición de haber “tratado de confundir” el debate. “¿Ustedes creen
que un partido político puede cooptar Madres de Plaza de Mayo, que no se han
dejado amedrentar ni por la dictadura?”, preguntó. “Es vergonzoso que lo digan.
Las Madres no le pueden dar explicaciones a este Parlamento, le han dado el
ejemplo.”
En sus fundamentos, el proyecto valoró los saberes generados
por la militancia en defensa de los derechos humanos. “Desde hace más de tres
décadas los organismos de derechos humanos, abogados, académicos
universitarios, artistas, sindicalistas, docentes, movimientos juveniles, etc.,
han pensado y actuado buscando vectores, caminos creativos para encarnar la
memoria, la justicia y la verdad en nuestro país. Esa excepcional experiencia
acumulada nos permite pensar una experiencia educativa universitaria novedosa
en la que una vez más la universidad pública muestre su capacidad para
construir un espacio de excelencia académica, a la vez que dé lugar
democratizador, plural y crítico”.
En este sentido, el proyecto planteó que el objetivo de
“autorizar la creación de una institución universitaria” es “formar
profesionales altamente capacitados para la defensa de los derechos humanos”. Y
concluyó: “Es claramente responsabilidad del Estado la promoción de la
enseñanza de los derechos humanos y de las garantías fundamentales en todos los
niveles de la educación”.
El proyecto había recibido en mayo media sanción en la
Cámara de Senadores. Junto con el pase de la universidad a la órbita del
Ministerio de Justicia, dispuso la creación de un consejo para definir “el
marco filosófico y conceptual” del instituto. También estableció que el Poder
Ejecutivo le asignará un presupuesto.
