Ayer se realizó en distintas ciudades del país una marcha para manifestarse en contra de la violencia institucional. Un “nunca más” a la violencia policial.
En Buenos Aires la manifestación unió el Departamento Central de la Federal
con la sede de la Bonaerense y fue motorizada por la aparición del cuerpo de
Luciano Arruga. “Las fuerzas de seguridad siguen abusando de los derechos de
los pibes”, argumentaron los organizadores.
Por Carlos Rodríguez
Una marcha multitudinaria, que comenzó en las puertas del
Departamento Central de la Policía Federal, en el barrio porteño de Monserrat,
y finalizó frente a la sede de la Policía Bonaerense, en La Plata, reclamó “el
nunca más de la violencia de las fuerzas de seguridad contra los pibes que
viven en los barrios pobres”. La manifestación, que fue motorizada por la
aparición del cuerpo de Luciano Arruga, desaparecido desde enero de 2009 en un
caso que involucra a la Policía Bonaerense, tomó el nombre de la Marcha de la
Gorra, que en Córdoba se realiza desde hace ocho años para denunciar los casos
de gatillo fácil y torturas en sede policial. Una gigantesca gorra con visera,
como las que usan los adolescentes en todo el país, fue depositada como símbolo
del “nunca más” en la vereda de la sede central de la Federal, en Belgrano al
1500, acompañada por centenares de gorras blancas lanzadas al aire por los
manifestantes.
“Lo que queremos marcar con esta marcha es que las fuerzas
de seguridad siguen abusando de los derechos de los pibes que viven en los
barrios pobres”, dijo en el comienzo de la manifestación el diputado nacional
Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, una de las agrupaciones convocantes.
Grosso explicó que, por esa razón, la consigna que llevaba la bandera que
presidió el acto fue: “Los pobres tenemos derechos”. Grosso sostuvo que fueron
a las sedes de la Federal y la Bonaerense “para marcar que las fuerzas de
seguridad siguen hostigando a nuestros pibes y se cobran la vida de miles de
pibes, y esto no puede seguir”.
Las críticas, tanto de Grosso como de otros oradores,
estuvieron dirigidas a las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires,
donde ocurrió el caso Arruga, “a partir de la gestión de (Ricardo) Casal” y que
se incrementaron “con la aplicación del Plan de Emergencia en Seguridad”
lanzado por el gobierno de Daniel Scioli, a partir de la asunción del actual
ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados.
Los manifestantes llevaban pancartas que expresaban
consignas tales como “Seguridad es inclusión a los pibes”, “Detrás de cada
gorra hay un pibe con su historia”; también se levantó otra que mostraba una
gorra, pero en este caso la típica policial, con la frase “juicio y castigo”.
Uno de los cánticos que se escucharon frente a la sede de la Federal decía: “No
queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y
educación”. Antes de la partida hacia La Plata, se leyó un documento
consensuado entre las cerca de 50 agrupaciones políticas, gremiales y sociales que
convocaron al acto.
En el texto se denunció que los ataques contra los jóvenes
en los barrios pobres “no son casos aislados”, porque “las instituciones
policiales legitiman un clima de guerra contra un estereotipo de delincuente y
encuentran en la lucha contra el crimen un peligroso discurso que fundamenta su
despliegue e intervención territorial constante y creciente en zonas
vulnerables” de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Agregaron que en la
actualidad “se presentan escenarios similares en distintos países del
continente, con resultados sociales y políticos de alto riesgo para los
pueblos”.
Recordaron que Luciano Arruga “era hostigado por la policía
de su barrio; su hermana (Vanesa Orieta) escuchó sus gritos bajo tortura en el
Destacamento de Lomas del Mirador y (después) ocultaron su cuerpo durante cinco
años y ocho meses”. Consideraron que la aparición del cuerpo en el cementerio
de la Chacarita fue “la gota que rebasa el vaso” y que su caso “es símbolo de
una problemática social persistente” en todo el país. En nombre de los pibes de
los barrios pobres, expresaron: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.
Entre otras personalidades y entidades convocantes figuraron
Hebe Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S., la Asociación Miguel Bru, la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre, Ctera, Suteba, CTA, la Federación
Juvenil Comunista y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estuvieron
presentes las madres de varias víctimas de la violencia institucional, entre
ellas las de Sebastián Bordón, Mariano Witis, Martín Aranda, Ezequiel Demonty y
Jonathan Ezequiel Lezcano. En La Plata se sumó Rosa Bru, la madre de Miguel
Bru, el estudiante de periodismo asesinado por la Policía Bonaerense cuyo
cuerpo todavía sigue sin aparecer. También estuvieron en la cabeza de la marcha
Horacio Verbitsky, Gastón Chillier y Paula Litvachky, del CELS.
El diputado Grosso sostuvo que lo que se quiere expresar con
esta marcha es que “toda la sociedad debe intervenir para que se produzca una
profunda democratización de las fuerzas de seguridad y también una profunda
reflexión y democratizacion del Poder Judicial”.
Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón, asesinado por
la policía de Mendoza, expresó que la intención es “luchar por todos los
Luciano Arruga que hay en el país, porque estas cosas no pueden seguir pasando
impunemente; acá hay una responsabilidad policial, pero también una gran
responsabilidad de la Justicia porque la Justicia provincial, en el caso Arruga
y en otros, no actuó como debía”.
Agregó que “parece que la vida de nuestros pibes no tiene
ningún valor, porque parece que vale más cajonear un expediente, no hacer nada,
y eso no es más que desidia por la vida de los pibes. Estas son las cosas que
tenemos que cambiar, de la policía y de la Justicia”.
