Organizaciones nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos
y vecinos autoconvocados marcharán a la Casa de Gobierno de la Provincia para reclamar el respeto por la salud.
Además pedirán una audiencia pública para abordar los
pormenores del proyecto de modificación de la ley que regula el uso de
agroquímicos.
Por Luis Emilio Blanco
Este jueves las organizaciones nucleadas en el colectivo
Paren de Fumigarnos y vecinos autoconvocados de pueblos fumigados marcharán a
la Casa de Gobierno para demandar el cumplimiento de la ley y el respeto por la
salud y la vida del pueblo santafesino y de sus bienes comunes. Además pedirán
una audiencia pública para abordar los pormenores del proyecto de modificación
de la ley que regula el uso de agroquímicos.
Cercano al final del segundo periodo legislativo, el
proyecto de ley "más democrático y mejor fundamentado que haya transitado
por la Legislatura" con el fin de actualizar la vieja ley 11.273/95 que
regula el uso de químicos agrarios y que fue ingresado en mayo de 2013 por el
diputado José M. Tessa, "sigue durmiendo en la Cámara de Diputados y
apenas superó la instancia de una comisión", remarcaron las organizaciones
convocantes.
También enfatizaron su legitimidad ya que "miles de
voluntades confluyeron en su redacción y lo enriquecieron médicos y científicos
de todo el mundo, sin vínculos con las empresas". La congregación frente a
la Casa Gris será a las 12 y luego marcharán a la Legislatura para indagar
sobre los motivos de la demora en el tratamiento del proyecto modificatorio de
la vieja ley de fitosanitarios, que por estos días cumplió más de un año y
medio en Diputados. Actualmente el proyecto que modifica la ley 11.273 está en
tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente tras haber transitado por la
Comisión de Agricultura y que lograra dictamen por mayoría.
"Nuestro proyecto prohíbe las aspersiones aéreas en
toda la provincia, prevé zonas de resguardo en las que no se puedan usar
agrotóxicos en una franja de 800 metros de la línea urbana de pueblos, caseríos
y humedales y unos mil metros a contar desde las escuelas rurales", explicó
Carlos Manessi, integrante del Centro de Protección a la Naturaleza.
Devolución. La iniciativa también propone la instauración de
un sistema de devolución de la totalidad de los envases que se expendan para
evitar que el depósito final de esos recipientes quede bajo criterio de cada
productor y las reiteradas situaciones de reciclado irregular o el descarte en
espejos de agua o zonas cercanas a centros urbanos. "La idea es que
quienes lucran con la fabricación, comercialización y distribución de agrotóxicos
tengan al menos la responsabilidad de minimizar el impacto ambiental que tiene
esa actividad", remarcó Manessi.
"Así, con el uso de bidones retornables, se evitaría
que la gente le dé usos alternativos como se observa en todas las poblaciones
del interior. También se impediría que vuelvan al mercado luego de reciclar el
plástico en otras formas de elementos que pueden poner en riesgo la salud de
los usuarios", enfatizó el ambientalista.
Entre otros puntos, el proyecto prevé el desarrollo de
sistemas agroecológicos de producción de alimentos en terrenos comprendidos en
las zonas de resguardo.
"Compareceremos en la Casa de Gobierno a fin de exigir
al gobernador el cumplimiento de las escasas normas vigentes para paliar el
proceso de destrucción masiva en curso, demandando, entre otras medidas, la
acreditación del control realizado a las plantas de acopio, el cumplimiento de
la prohibición de fumigar banquinas, mecanismos de control y seguimiento de
bidones tóxicos que suelen terminar en ríos, arroyos o convertidos en juguetes
infantiles, cucharitas para helado o botellas plásticas. Reclamaremos que, en
uso de sus facultades, detenga la utilización de los tóxicos más potentes y
antiguos, como el 2,4 D, con sus semillas resistentes asociadas, como proponen
las multinacionales del agronegocio", remarcaron.
