Por
Raúl Zibechi, Desde Puebla, México
El Estado se ha convertido en una institución
criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad.
Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar
la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.
“Vivos
se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras
veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del
colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su
trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que
los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y
lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.
Nada
que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur.
En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo
mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un
ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para
forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a
cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por
lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.
Fundem
nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan
a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y
Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en
territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón,
tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca
tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.
PEOR
QUE EL ESTADO ISLÁMICO
Un
comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada
en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de
2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la
“guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, ChristofHeyns, relator
especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el
gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de
1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual
gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios
(1.688 al mes).
La
cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las
muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco
mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en
tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000
(RussiaToday, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos de
decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos
de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con
el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual
que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes
sociales”.
Muchos
medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o
intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de
57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos
ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos
asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.
La
pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde
que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la
inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás
del narcotráfico.
Diversos
estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre
autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su
última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue
alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios
federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de
seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta
(Proceso, 19 de octubre de 2014).
Analizando
los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa
(seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro
concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense”
(La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los
partidos, incluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.
Raúl
Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió
apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su
antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde
provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y re
reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres
trabajan codo a codo.
En
1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron
asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de
Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la
masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó
presentarlo como un conflicto étnico.
CONTROLAR
LA SOCIEDAD
Por
su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito
al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San
Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente
reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas
violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual
presidente.
Esos
“mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre
Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina
la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige
un albergue para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura
que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de
ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que
participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de
octubre de 2014).
Si
el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los
objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del
obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras
política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber
dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar
que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto,
“no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).
Pero
el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el
nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es
socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice,
no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante
Marcos.
Por
último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de
sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno
de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana”
bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada,
30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de
exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del
gobierno de Peña Nieto.
Fazio
destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que
“siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores
colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se
comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.
Pero
hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través
de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil
armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es
posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo
dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis
de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios
servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse
boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en
duda.
(*) Periodista uruguayo,
escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.
Ecupres
