Es ley el proyecto de Argentina Digital, que apunta a
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de las telecomunicaciones en condiciones sociales equitativas.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 131 contra 97
votos el proyecto de Argentina Digital, que apunta a garantizar el acceso de
todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones
sociales equitativas.
El proyecto fue aprobado en general por 131 votos que fueron
aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Cívico de
Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Solidario
Popular, y el Frente por la Inclusión Social.
En tanto, un heterogéneo grupo de bancadas opositoras
conformadas por fuerzas políticas de centroderecha, radicales, socialistas,
massistas y trotskistas reunieron 97 sufragios por el rechazo al proyecto
promovido desde el gobierno.
La sanción del proyecto de Argentina Digital fue festejado
por trabajadores del gremio de los telefónicos (Foetra) que se encontraban
observando el debate en los palcos destinados a los invitados.
Tras casi cuatro horas de debate y tras la aprobación en general,
el plenario de diputados en un trámite rápido realizó la votación en particular
de cada uno de los capítulos que conforman esta estratégica iniciativa.
El debate del proyecto de Argentina Digital fue abierto por
el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de
Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió la iniciativa, al señalar que con
el mismo se pretende “profundizar este camino de justicia social con inclusión
digital” y que “no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso
libre a las telecomunicaciones”
Para el diputado por la provincia de Buenos Aires, en
materia de telecomunicaciones “el Estado juega un rol importante, el papel de
tener que regular el control del sistema, y a eso apunta esta legislación”.
“El Estado debe jugar y no dejar todo en papel del mercado;
porque la intervención del sector público es imprescindible porque los actores
son muy grandes”, aseveró el diputado oficialista.
Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Guibergia dijo que
este proyecto "modifica peligrosamente las reglas de juego" y se
quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV
"evitó el debate".
En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que "es
necesario actualizar la ley de telecomunicaciones", pero se quejó de que
"este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de
ser cámara revisora" y dijo que "no va a generar competencia ni
inversiones" y tiene "contiene facultades delegadas al gobierno
anticonstitucionales".
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le
pareció "vergonzoso el trámite del proyecto de ley" porque "los
representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder los
representantes del pueblo incluir modificaciones".
El proyecto apuesta a garantizar la "completa
neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de
todos los argentinos "a los servicios de la información y las
comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".
Además tiene como objetivo apuntalar la competencia entre
empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee
internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga
infraestructura propia.
Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los
servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.
Asimismo, se establece que para el Estado argentino las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para
el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los
ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
En otro sentido, se propone reestructurar los servicios
incluidos en el concepto de "Servicio Universal" que deberán tener el
mismo precio y la misma calidad en todo el país.
Además, define como "servicio público en
competencia" a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes
troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como "última
milla" o "bucle local".
Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e
interconexión a otros operadores.
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser
previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.
Esa repartición también definirá qué operadores deben
"desagregarse de la red local" o sea obligar a los que tienen una
posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.
Además, el proyecto propone crear un Consejo Federal de las
TIC.
El proyecto permite a las telefónicas ingresar al sector
audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital.
La AFTIC determinará plazos y localidades en donde las
telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en las localidades
más pequeñas.
Las telefónicas podrán dar televisión por cable, a través de
las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay
una obligación de interconexión "para y entre licenciatarios", a las
tarifas que fije el Estado.
El proyecto establece que los licenciatarios de servicios
TIC "fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y
razonables" pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas
por la autoridad de aplicación "por razones de interés público".
La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además,
otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que
los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del
servicio universal.
Finalmente, la AFTIC tendrá a su cargo el manejo de la
empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales y el Plan Argentina Conectada.
(Télam)
