LA JUSTICIA BENEFICIÓ A CLARÍN CON UNA CAUTELAR

El juez Horacio Alfonso frenó la adecuación de oficio ordenada por la AFSCA  y suspendió el proceso iniciado tras detectar irregularidades en el plan presentado por el Grupo de Magnetto.

Por Gabriel Morini

La justicia Civil y Comercial Federal otorgó una nueva medida cautelar que favorece al Grupo Clarín y frena el proceso de adecuación de oficio dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El juez de primera instancia Horacio Alfonso concedió, el martes, la suspensión del proceso que la autoridad de aplicación inició tras denunciar irregularidades en el plan voluntario presentado por el holding para desprenderse de las licencias excedentes, conforme a los límites impuestos por la Ley de Medios, informó Tiempo Argentino. La decisión judicial, que rige por un máximo de seis meses hasta pronunciarse sobre la cuestión de fondo, será apelada hoy por el organismo que conduce Martín Sabbatella.

A fines de octubre, Alfonso había concedido una medida precautelar ante una presentación del
multimedios que impugnaba resoluciones del órgano de aplicación ante una supuesta "violación del procedimiento legal", algo que ahora para el juez, en principio, "luce verosímil". Lo fundamentó en "aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y consiguiente proceso de conformación de la voluntad" del directorio de AFSCA que decidió rechazar el plan de escisión en seis unidades por presuntos vicios ocultos en lazos societarios que violaban la Ley. Aunque aclaró que su aproximación al caso es en base a "indicios", el juez sostuvo que la resolución que dispuso la transferencia de oficio "luce fuera de márgenes razonables de proporcionalidad" por la "gravedad e incidencia de la extrema consecuencia aplicada". En síntesis, para el juez que declaró en su momento la constitucionalidad de la norma también cuestionada por Clarín, la resolución adoptada por el pleno "provocará una grave afectación patrimonial y operativa cuyas secuelas –de materializarse– serían de muy difícil o imposible reparación". Por ende, los hechos denunciados "son susceptibles de poner en grave entredicho la legitimidad de su actuación".

A la vez, el magistrado se desligó del dictamen fiscal. Miguel Ángel Gilligan a cargo de la Fiscalía Nº 5 se había pronunciado en contra de la concesión de la cautelar solicitada por el Grupo Clarín.

Desde la AFSCA cuestionaron que Alfonso hubiera ponderado la existencia o no de un debate profundo en el cuerpo, cuando la resolución fue adoptada por el voto mayoritario de sus miembros. Le achacaron que se remitiera a declaraciones periodísticas para fundamentar la presunta ausencia de información sobre el tratamiento de la cuestión sobre tablas, sin tener en cuenta informes técnicos que la avalarían. Y también cargaron contra la respuesta negativa que dio el Grupo por la denuncia sobre sociedades cruzadas entre las unidades de negocio, a pesar de que estaba intimada del riesgo de un procedimiento de oficio.

El proceso de notificación del fallo tuvo un dato llamativo: los abogados de la AFSCA concurrieron a la mesa de entradas del juzgado el martes a las 13:20, al filo del horario judicial, y fueron informados que no tenían novedades para comunicar en la causa. Pero según los registros, tan solo ocho minutos después, a las 13:28, el abogado Damián Cassino, uno de los representantes más visibles entre los asesores legales del multimedios, fue notificado y retiró copias, en persona, de la decisión de Alfonso. Allí también se fija que Clarín deberá depositar un millón de pesos en concepto de contracautela.

"La adopción de esta medida no implica juzgar ni prejuzgar los derechos de los accionantes ni la procedencia de su reclamo", se atajó el juez en relación a que no afirmó si las resoluciones y las normas regulatorias de la transferencia de oficio son "inconstitucionales", tal como pretende el holding como reclamo de fondo. Sin demasiadas expectativas por los antecedentes de la Cámara Civil y Comercial Federal en su intervención en la causa que mantuvo detenida la plena vigencia de la ley durante cinco años, el organismo oficial apelará hoy mismo la decisión. Recordará allí que el propio Alfonso en su escrito hizo referencia a que la cautelar corresponde a un procedimiento de tutela de índole contencioso administrativo, lo que para el Estado refuerza el reclamo –siempre rechazado– de que las causas de Clarín contra la Ley de Medios sean tratados en ese fuero.

(InfoNews)