Los represores condenados integraban la patota que torturó y mató en el
centro clandestino de detención donde estuvieron secuestrados Héctor
Oesterheld, Raymundo Gleyzer y Haroldo Conti.
Por Ailín Bullentini
El sol calcinante de las dos de la tarde no parece hacerle
efecto a esa señora que llora y se ríe a la vez. Sale corriendo hacia afuera,
ya que en el hall de espera de la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py
los celulares dejan de funcionar. “Perpetua, ¿me escuchás? Perpetua para todos,
una alegría inmensa”, le dice a alguien teléfono mediante. Corta rápido y
vuelve con los suyos. Ella sobrevivió a El Vesubio y recuperó un poco más de
aquello que le arrancaron en ese lugar que funcionó sobre el Camino de Cintura,
en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, como chupadero de la última
dictadura cívico-militar. Ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a prisión
perpetua a tres militares retirados y a un ex penitenciario que formaron parte
de la patota de aquel infierno. El público, en el que familiares de víctimas,
sobrevivientes y miembros de organismos de derechos humanos se hicieron uno,
celebró la sentencia que incluyó no sólo los secuestros y tormentos aplicados a
más de 200 víctimas, sino también casos de homicidio y delitos sexuales.
La jornada culminó ayer con lágrimas, abrazos y aplausos. El
“como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar” funcionó de
válvula de escape para soltar los nervios y la angustia que habían llenado,
temprano en la mañana, los cuerpos de mujeres y hombres que pasaron por El
Vesubio y lograron salir, y también de madres, hermanos e hijos de los que no
tuvieron esa suerte. “Esto es más que una alegría para todos nosotros y mucho
más fuerte de lo que podríamos imaginar. Lloro por mí y por todos los
compañeros que no volvieron. Esto es por ellos”, destacó Claudio. A nivel
general, la evaluación de la sentencia fue positiva. La querella que representó
a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Anahí, entre
otros, remarcó las faltas: revocación de prisiones domiciliarias y condenas por
genocidio.
No obstante, las penas fueron contundentes. Se debió a la
ampliación de las acusaciones contra los cuatro imputados que solicitaron la
fiscalía y las tres querellas participantes del debate y que fueron admitidas
por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Fernández. En
septiembre pasado, las partes acusatorias habían exigido sumar 27 casos de
homicidio y tres de delitos sexuales a los 204 secuestros e imposición de
tormentos con los que los imputados llegaron a juicio.
Sin embargo, el día comenzó bastante más áspero. Fueron dos
de los cuatro acusados los que ina-uguraron la última y definitoria audiencia
del segundo juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de
detención de Camino de Cintura, algo con lo que no se contaba en la expectativa
popular.
El ex penitenciario Néstor Cendón negó todo y le echó la
culpa de su acusación a Jorge Watts, un sobreviviente. “Me encuentro acusado de
cientos de delitos por haber tenido la osadía de hacer una denuncia en la que
involucré a un militante como el señor Watts”, declaró en relación con su
exposición ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep),
cuando admitió su participación en El Vesubio y ofreció detalles no sólo del
funcionamiento de ese centro clandestino de tortura y muerte, sino también de
los mecanismos que él y sus colegas desa-rrollaban con fines genocidas. Según
su selectiva memoria, Watts, quien lo señaló en su testimonio, actuó luego “por
venganza”: “No me acusó en la Conadep ni en el Juicio a las Juntas. Y tanto
tiempo después me ubica como guardia de El Vesubio, como jefe de la patota, y
como nazi que mató a todos –se quejó–. No entiendo por qué tanto ensañamiento
conmigo. Creo que está equivocado, que me confunde con Estanislao Vaello, que
tenía hijos. Ahora, si es por odio o venganza, creo que la venganza es un
veneno que uno toma para lastimar al otro. En este caso a mí, pero también a la
Justicia”.
Su teoría no hizo mella: pocas horas después, el TOF 4 lo
encontraría culpable de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos
aplicados a 203 personas –el cineasta Raymundo Gleyzer, el guionista Héctor
Oesterheld y el escritor Haroldo Conti integran la lista–, de 26 homicidios y
de la comisión de delitos sexuales en perjuicio de las sobrevivientes Laura
Katz y Marta Golberg. Desde Canadá, una; desde Israel, otra, declararon vía
teleconferencia en el debate que culminó ayer y confirmaron las torturas y los
abusos de índole sexual que sufrieron.
Muy distinta a la de Cendón fue la intervención del Francés
que, lejos de declararse inocente, defendió su actuación en “la guerra contra
la subversión”. “Para defender a la patria vale todo. Y por suerte ganamos
nosotros. Porque si hubieran ganado los subversivos hubieran convertido el país
en un desastre, hubieran hecho de la cordillera una Sierra Maestra”, se
despachó el ex agente de Inteligencia del Ejército, que aún puede atemorizar a
quienes se le paren enfrente por su gran tamaño y su marcial seriedad. Gustavo
Cacivio se llama el Francés, apodo con el que durante años se lo mencionó como
jefe de El Vesubio desde 1978 en testimonios de sobrevivientes sin poder saber
su verdadera identidad. Ante el TOF ayer, y haciendo uso de sus últimas
palabras antes de la sentencia, confirmó su participación en ese centro
clandestino de detención, pero negó su rol de jefe: “Señores jueces, espero que
se marque un hito en lo que otros juzgados vienen haciendo. Júzguenme por lo
que yo hice, no por lo que dicen que hice”, concluyó. Fue condenado a prisión
perpetua por 100 secuestros y aplicación de tormentos, dos homicidios y delitos
sexuales cometidos contra Katz y Golberg. La pena se suma a la que recibió hace
poco más de dos meses por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro
clandestino platense La Cacha.
El ex agente de Inteligencia del Ejército Jorge Crespi oyó
la pena que le otorgó el TOF 4 desde su domicilio, en Paso de los Libres. Su
defensa intentó, en vano, ampararse en razones de salud para dejarlo afuera de
juego. No lo consiguió: fue condenado por 101 secuestros y aplicación de
torturas, dos homicidios y los abusos sexuales a Golberg y Katz.
El militar retirado Federico Minicucci fue el único acusado
que no recibió pena por delitos sexuales. Lo condenaron, de todas maneras, a
prisión perpetua por 85 privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de
tormentos y 21 homicidios. El fue quien le dijo a la madre de Genoveva Ares:
“Señora, mire, mejor váyase si no quiere seguir el mismo camino que su hija”.
Estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y
militante de la Juventud Comunista, Ares fue secuestrada en 1977 y llevada con
su compañero, Gabriel García, a El Vesubio. “A él lo destruyeron. Cada vez que
Radio Colonia daba la hora le pegaban. Le fisuraron la costillas, le hicieron
un agujero en la cabeza, le fracturaron la clavícula”, contó a Página/12.
García falleció. Y ella siente que la condena de ayer, de alguna manera, es
“una reparación” ante la “destrucción total de un proyecto de vida”: “Estuve
encerrada allí lo suficiente como para que me destroce la vida. Tenía un
proyecto, quería ser periodista, pero me secuestraron a instancias del rector
de la universidad y después de eso, mi vida quedó rota. Este juicio repara”, aseguró.
A cada prisión perpetua leída por el tribunal sobrevino el
aplauso concreto del público, que sobrepasó la sala anterior a la principal y
se acomodó como pudo en el palco de la Sala AMIA. A cada nombre de cada víctima
leído por el tribunal sobrevino un llanto. “Lo importante de los nombres es que
les ponen cara y cuerpo a los desaparecidos, a los torturados. Fuimos personas
de carne y hueso las que pasamos por allí”, remarcó Ares. Al punto final de la
lectura del fallo, sobrevinieron las emociones, sueltas, desprolijas:
“Asesinos”, “hijos de puta”, “genocidas”.