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El Diputado Leandro Busatto presidió la Comisión |
Más de 20 millones de dólares es el perjuicio, según el informe presentado por la Comisión
Investigadora del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe en conferencia de prensa.
La Comisión Investigadora del Ente Administrador del Puerto
de Santa Fe presentó públicamente, en conferencia de prensa, el informe que
cuenta con más de 900 fojas de documental recabado y más de 20 testimonios que
dan cuenta de las irregularidades cometidas por dicha administración, con la
anuencia del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cabe recordar que dicha comisión, presidida por el Diputado
Provincial Leandro Busatto e integrada por los Diputados Federico Reutemann,
Héctor Acuña, Mario Lacava y Ricardo Olivera,
fue creada el 29 de mayo de 2014 por la resolución 666 de la Cámara de
Diputados de Santa Fe, con la finalidad de investigar hechos denunciados
públicamente sobre irregularidades cometidas por el Ente Administrador,
principalmente bajo la presidencia de Marcelo Vorobiof, designado por el ex
Gobernador Hermes Binner como representante del Estado y ratificado por el
Gobernador Bonfatti. Dichas irregularidades son materia de investigación
judicial.
También es necesario recordar que en el marco de la ley
24093 del año 1992 la Nación dispuso el traslado de los distintos puertos que
operaban bajo su jurisdicción a las provincias, con la condición de que las mismas sancionaran una ley que les
permitiera crear un ente no estatal para la administración de los puertos y el
manejo de los mismos. En ese marco es que se creó la ley 11011, la cual
estableció la creación del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. Sobre
ello, el legislador del Frente Para la Victoria, expresó: “Esa misma ley es la
que ha sufrido distintas vulneraciones, cometidas por el representante de la
provincia en el Ente. Entendemos que eso fue posible por la falta de control
del Gobierno Provincial, que pese a tener funcionarios como Víctor Hadad, Secretario
de Puertos y Vías Navegables, que participó en algunas reuniones de directorio,
o pese a contar con dos informes que realizó la Sindicatura General de la
Provincia, se negó a actuar; no dispuso ninguna recomendación a sus
representantes en el directorio y permitió que todas estas vulneraciones al
régimen legal fueran posibles”.
El informe enumera una serie de puntos, entre los que se
destacan “un perjuicio económico para la provincia que en algunos casos supera
los 20 millones de dólares; se produjo además, un desplazamiento de los
objetivos del puerto, de objetivos portuarios se pasó netamente a objetivos
comerciales o inmobiliarios, que claramente favorecieron intereses privados con
fondos públicos; se ha entronizado la discrecionalidad como manera de conducirse
en contrataciones que el Ente ha hecho y se han contratado distintas empresas
para la realización de obras que tenían poca solvencia técnica, pocos
antecedentes, y que estaban vinculadas a través de algún nivel de parentesco o
amistad con quien era el director del Ente del Puerto de Santa Fe representando
a la provincia, Marcelo Vorobiof”, continuó el diputado.
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Puerto de la ciudad de Santa Fe |
En las más de 20 audiencias, la comisión ha recibido a
funcionarios, como al propio Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, Antonio Ciancio, al Dr. Hadad, Director Provincial de Entes
Portuarios, y al representante del municipio de Santa Fe, el Dr. Chemes,
quienes manifestaron que la ley 11011 no posibilitaba un marco para que el
Estado pudiera controlar a quienes se desempeñaban a cargo del puerto de Santa
Fe. “Nosotros entendemos que esto no es
así, que hay consideraciones de hecho y de derecho que permiten afirmar que la
ley 11011 tiene un carácter público y que habilita en sus distintos artículos
el contralor por parte del Estado e inclusive prevé la figura de la
intervención al Ente Administrador del Puerto,
o por lo menos la posibilidad de recomendarle a su representante que
actúe de otra manera. A su vez, los
informes de la sindicatura también traslucían este tipo de irregularidades”,
afirmó el Presidente de la Comisión.
Para finalizar, Busatto opinó: “En todo momento cuando hubo
que definir y que decidir en qué lugar pararse, el bloque del oficialismo (en
Diputados), y las fuerzas políticas del radicalismo de esta ciudad y del
socialismo en esta provincia, siempre se han parado en pos de obstruir
cualquier tipo de investigación. No conformaron la comisión, no nos dieron la
información que requerimos en su momento y el día que hubo que darle
tratamiento al ingreso del informe se negaron sistemáticamente en una actitud
que tiene que ver claramente con una complicidad a las irregularidades que ha
sufrido el Ente del Puerto de Santa Fe, y en una actitud tendiente a tratar de
obstruir el avance de una investigación que a todas luces siempre trató de
resguardar la salud del patrimonio del puerto, y de que la administración
pública en la provincia y el poder político no fueran conniventes con cualquier
hecho de corrupción”. Asimismo, aseguró: “A cualquier gobernador le puede pasar
el hecho de encontrar entre sus funcionarios a alguna persona corrupta, lo que
no puede hacer es seguir avalándolo una vez que toma conocimiento de la
situación, porque de esta manera el gobernador termina siendo parte o cómplice
de ese hecho de corrupción, y queda evidenciado que el Poder Ejecutivo estaba
al tanto de los hechos enumerados”.
BY LEGISLARWEB · 22 DICIEMBRE, 2014