El informe de la OIT sobre salarios y la política
distributiva de la Argentina. Los fondos buitres y las maniobras devaluatorias. El escenario
económico actual según la perspectiva de Carlos Heller.
Carlos Heller
A la hora de analizar la coyuntura de la economía global,
surgen como una lectura obligada los informes que elaboran las principales
instituciones de carácter multilateral, entre ellas el Fondo Monetario
Internacional. No obstante, por fuera de los estudios técnicos y de la aparente
neutralidad que dicen representar, las recomendaciones de política económica
poseen un contenido profundamente político ya que afectan de manera directa a
las condiciones de empleo y la distribución de la renta y la riqueza.
Sobre estos temas echa luz el reciente Informe Mundial sobre
Salarios 2014/2015, confeccionado por la OIT, que analiza la evolución de los
ingresos de los trabajadores y la distribución de la renta en el mundo,
quedando expresados con claridad los avances mostrados por los países
emergentes, así como también las consecuencias negativas de la aplicación del
recetario ortodoxo en la mayor parte del bloque de países desarrollados. En
estos últimos, el impacto de la recesión 2008-2009 derivó en una caída y posterior
estancamiento de los salarios reales, que en la Eurozona, para citar el caso
más dramático, afecta el ingreso de los hogares e incrementa el riesgo de
deflación. Este hecho contrasta con el crecimiento de los salarios reales de
las economías en desarrollo, que según la OIT han sido considerados como un
"componente fundamental de las estrategias generales de reducción de la
pobreza y la desigualdad".
El trabajo de la OIT resulta contundente al demostrar cómo
en los países desarrollados los salarios se han quedado rezagados respecto del
incremento de la productividad laboral (cuánto produce cada trabajador). En
otras palabras, esto significa que se ha producido una apropiación más desigual
de la renta a favor de los empresarios. Lo interesante es que esta es la
dinámica que las economías desarrolladas han mostrado desde los años '70, y que
continúa, e incluso se incrementa, en contextos de escaso crecimiento como el
actual.
Según la OIT, "la desigualdad comienza en el mercado de
trabajo", lo cual está íntimamente emparentado a situaciones de
"estancamiento o reducción de los ingresos". De hecho, España y
Estados Unidos han sido los dos países donde mayor incremento de la desigualdad
hubo entre 2006 y 2010, con ingresos que se vieron afectados por la desmejora
de la situación salarial y las pérdidas de empleo; son variables que se
realimentan entre sí, teniendo en cuenta que el desempleo, como todos sabemos,
es una poderosa herramienta para intentar acallar los pedidos salariales de los
trabajadores.
Respecto de las economías en desarrollo, a pesar de los
altos niveles de desigualdad de los que se parte en muchas de ellas, el informe
destaca la reducción de la regresividad en la distribución de la renta. En ese
último aspecto descollan los casos de Brasil (2001-2012) y Argentina
(2003-2012), los de mejor desempeño de la muestra, tanto por la incorporación
de nuevos empleos, así como por la mejora de los salarios percibidos. En
cambio, Chile y México son los países de peor evolución a nivel regional, algo
que está muy emparentado con la dirección que siguieron las políticas públicas.
El informe, además de dejar en evidencia los efectos
perniciosos del enfoque que plantean los principales organismos de crédito,
destaca explícitamente la prioridad de que el salario mínimo se fije según las
necesidades de los trabajadores y seguir contando con instituciones valiosas
como las convenciones colectivas de trabajo. También subraya la necesidad de
crear trabajo formal y del pleno empleo como herramientas para reducir la desigualdad,
además de la importancia de la política fiscal, que permite "compensar la
desigualdad a través de los sistemas de tributación progresiva y de las
transferencias". No es casual que casi todas las políticas mencionadas
–aunque aún resta avanzar en una reforma tributaria– estén siendo aplicadas por
el gobierno argentino. Tampoco es casual el amplio rechazo de las principales
cámaras empresarias a las políticas de distribución de ingresos o de
transparencia de los costos de los grandes formadores de precios que, bajo el
lema de la intangibilidad de las ganancias empresarias, intenta ponerle un
límite a la redistribución progresiva de los ingresos. En la información de la
OIT queda claro cómo en los países desarrollados las empresas engrosaron sus ganancias
a costa de los salarios reales. En Argentina, en el marco de la puja
distributiva, que como expresé en varias oportunidades es un causante
fundamental de los aumentos de precios, ese objetivo empresarial de engrosar
ganancias sigue tensionando las relaciones con los asalariados, aunque gracias
a la libre negociación por rama sindical de los salarios, y la intervención del
Ministerio de Trabajo en las paritarias, en los últimos años se ha recuperado
una gran porción del ingreso nacional para los trabajadores, que anteriormente
fluía a los dueños del capital.
VANOLI CRITICA LAS
EXPECTATIVAS DEVALUATORIAS
En una audiencia en el Senado para aprobar su designación,
Alejandro Vanoli, titular del BCRA, comentó que con las tasas mínimas a los
plazos fijos "los pequeños ahorristas ganaron sólo en noviembre 300
millones de pesos por apostar a la moneda nacional". Con respecto a la
situación cambiaria, expresó que "había distorsiones, había un aliento a
hacer operaciones de dudosa legalidad estimuladas en gran parte por los
medios". Vanoli confirmó además que mientras las reservas aumentaron un
3,5%, la cotización del contado con liquidación bajó un 16 por ciento. A punto
seguido, expresó que desde algunos sectores "se habla de retraso cambiario",
advirtió que "no hay que convalidar las expectativas devaluatorias, porque
buena parte se la comen los precios y afecta principalmente al bolsillo de los
trabajadores", y reafirmó que "en este contexto, (la devaluación) no
sería una medida que mejore la competitividad". Si bien estas son unas
breves frases y resumen de su alocución, resultan definiciones importantes, así
como su aseveración a propósito de que "es preciso cambiar el sistema
financiero para hacerlo más eficiente, participativo y federal".
Sobre el fin del día viernes, se conocieron los resultados
del canje de Boden 2015; de los U$S 6700 millones puestos en juego, sólo el
2,7% del total del bono se canjeó por dólares, unos U$S 185 millones, mientras
que otros U$S 377 millones se canjearon por bonos 2024 y se colocaron nuevos
bonos por U$S 286 millones. Al analizar este resultado, el ministro Axel
Kicillof comentó: "En este marco catastrófico económico mundial, hemos
recibido un espaldarazo de confianza para el año que viene, aun cuando los
fondos buitre han querido desprestigiar al país."
En efecto, los resultados muestran un muy alto nivel de
confianza en la capacidad de pago del gobierno, a partir principalmente de su
comportamiento histórico, pero también influido por esta reducción de las
expectativas devaluatorias que lograron las políticas del Ministerio de
Economía y del Banco Central.
SIGUEN VOLANDO
Nuevamente volvió a los estrados neoyorquinos una acción
declarativa para establecer que el BCRA es el "alter ego" (otro yo)
de la República Argentina, y –por lo tanto– responsable por sus deudas. La
medida fue solicitada por los fondos buitre EM y NML y, de prosperar, estos
tendrían vía libre para embargar a nuestra autoridad monetaria. Tanto el BCRA
como la República Argentina expresaron ante las cortes estadounidenses que
estas carecen de jurisdicción para tratar lo solicitado por los fondos buitre,
dado que de hacerlo violarían la Ley de Inmunidades de Soberanos Extranjeros
(FSIA) de Estados Unidos.
Es una presión más de los buitres en la batalla que están
dando contra Argentina, lo que indica que, al seguir buscando la vía de los
embargos, evidentemente no desean negociar con nuestro país, sino intentar
garantizar que se pague la totalidad de lo dispuesto en el juicio, una opción
que el gobierno ya declaró que no es aceptable, puesto que además arrastra los
reclamos del resto de los holdouts y podría generar un endeudamiento para
Argentina bastante superior a los U$S 15 mil millones.
