Por 128 votos a favor, 34 abstenciones y sólo 16 en contra,
Argentina logró avanzar en el mecanismo con el que se debatirá y creará el
texto para limitar los abusos de la especulación financiera.
Por Sebastian Abrevaya
La Argentina volvió a recibir un importante respaldo de la
comunidad internacional en su lucha contra los fondos buitre. La Asamblea
General de las Naciones Unidas, donde nuestro país impulsa la creación de un
marco regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda soberana,
aprobó por 128 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones, la creación de
una comisión para debatir y proponer el contenido de ese nuevo marco
regulatorio que será votado el próximo año. “A pesar de la enorme presión que recibieron
muchos países por parte de algunos organismos internacionales, el apoyo
abrumador hacia la posición de Argentina y el G-77 indica que otra vez tuvimos
un triunfo”, aseguró el canciller, Héctor Timerman, quien siguió desde Quito
las negociaciones encabezadas por la representante permanente ante la ONU,
María Cristina Perceval. Entre los países que votaron en contra se encuentran
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel y Gran Bretaña. La posición argentina,
en cambio, fue consensuada y apoyada por el G-77 + China, grupo que incluye a
la gran mayoría de los Estados de Latinoamérica, el Caribe y Africa, entre
otros.
La resolución aprobada ayer en las Naciones Unidas cumple
con el mandato de la Asamblea General votado en septiembre pasado, cuando se
estableció la necesidad de sancionar una estructura legal que ponga un límite a
los abusos de los fondos especulativos. En esta oportunidad, se incorporaron
cuatro países a los 124 que habían acompañado la posición argentina: México,
Belice, Papúa Nueva Guinea y Armenia, que resistió la presión de la Unión
Europea.
El texto aprobado establece la creación de “un comité
especial, abierto a la participación de todos los Estados miembros y
observadores de las Naciones Unidas, que elabore, mediante un proceso de negociaciones
intergubernamentales y con carácter prioritario en su sexagésimo noveno período
de sesiones, un marco jurídico multilateral para los procesos de
reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar
la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero
internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y
equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y
prioridades nacionales”.
Ese comité celebrará “por lo menos” tres reuniones, de
cuatro días hábiles de duración, en los meses de enero, mayo y junio/julio de
2015. Funcionará en la sede de la ONU en Nueva York e invitará a participar
tanto a sus países miembros así como a organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, entidades del sector privado e instituciones académicas. Entre
las primeras se encuentra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Precisamente, al igual que en septiembre, los países que
ayer votaron negativamente argumentaron que la Asamblea General de la ONU no es
el ámbito adecuado para la discusión de esta temática, sino que debe estudiarse
en el marco del organismos como el FMI. “Ni la Unión Europea ni sus Estados
miembros participarán en discusiones con el objetivo de establecer un marco
multilateral jurídicamente vinculante para los procesos de reestructuración de
deuda soberana”, señaló una representante de Italia.
