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| La Presidenta le toma juramento a Oscar Parrilli |
El relevo de la cúpula de la SI es oportuno, necesario y
tardío. Implica realizar como se pueda y a los apurones lo que no se hizo bien
cuando se debía. Cómo incidirá en las relaciones con Estados Unidos e Israel y
en la investigación del atentado a la DAIA.
Por Horacio Verbitsky
El relevo de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia es
oportuno y necesario pero tardío, y atestigua el fracaso de la política seguida
durante demasiados años con esa organización que depende de la presidencia de
la Nación y que se ha escapado de su control. Retomarlo es la tarea que la
presidente CFK encomendó a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, flamantes
secretario y subsecretario de Inteligencia, quienes con quince relevos en el
primer día entraron pisando fuerte. De todos modos, es improbable que vayan a
repetir la hemorragia que provocó la Alianza, cuando el millar de especialistas
que purgó el banquero Fernando de Santibáñez se volcaron con entusiasmo a la
actividad privada. Una de sus consecuencias fue el negocio de las pinchaduras
de teléfonos y computadoras y la venta de las interceptaciones, un delito por
el cual esta semana el fiscal general de la justicia federal de San Isidro
Fernando Domínguez elevó a juicio oral la causa en la que están procesados el
ex secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre, el columnista de La Nación
Carlos Pagni, el entonces director de Ambito Financiero y actual columnista de
Perfil Roberto García, el empresario santiagueño de medios Néstor Ick, el
general Daniel Reimundes, los responsables de los portales Seprin y Urgente 24,
Héctor Alderete y Edgard Mainhard, entre otros. Yofre como jefe de una
asociación ilícita y por el delito de espionaje, con pena de cumplimiento efectivo,
los demás como encubridores.
La asociación ilícita habría operado cuanto menos desde
agosto de 2006 y hasta junio de 2008, “dedicada a la procuración, búsqueda,
sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e
información de orden político, social, militar y económico, que debían
permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa y de las
relaciones exteriores de la Nación”.
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| Los nombres de sus E mails evocaban al nazismo |
Las casillas de correo que utilizaban sugieren que no son
hombres sin sentimientos ni ideas que sólo bailan por la plata:
kristalnacht45@gmail.com, rgalland2@gmail.com, oskorzeny43@gmail.com,
avanti1922@gmail.com, littorio22@gmail.com. La noche de los cristales rotos fue
el primer pogrom nazi, Adolf Galland fue uno de los más conocidos pilotos de
bombardeo nazis, Otto Skorzeny era el comando SS a quien Hitler encomendó en
1943 el rescate de Benito Mussolini; 1922 fue el año de la marcha del fascismo
sobre Roma y Littorio el nombre de la división de infantería motorizada que
Mussolini envió a combatir durante la guerra civil española. Esta es para ellos
una semana agridulce: al mismo tiempo que avanza la causa que con amenazas y
filtraciones consiguieron demorar durante cinco años, es defenestrado el espía
a quien responsabilizan por su desdicha, Antonio Horacio Stiuso, quien dejó la
secretaría junto con sus jefes formales, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher.
La situación de cada uno es distinta: Icazuriaga, que no cayó por deslealtad
sino por imposibilidad de controlar ese nido de víboras, reemplazaría a Juan
Manuel Abal Medina en la embajada ante el Mercosur y la Aladi; Stiuso podría
adelantar su jubilación o partir a un destino exterior, en Egipto; Larcher será
puesto a dieta de sardinas, en el desierto. Desde allí le parecerá apetecible
una mudanza a Nordelta, pero habrá que ver si es bien recibido. Hace un par de
meses, Larcher viajó a España con su esposa que debía realizar un tratamiento
médico. Durante su ausencia, Icazuriaga llevó varios informes a la residencia
de Olivos. La advertencia por esta alteración de los conductos establecidos
llegó con una tapa de la revista Noticias. La ilustraba una fotografía de
Icazuriaga en la playa, con el título “La SIDE al desnudo”. La presidente
entendió el mensaje. Más vale tarde que nunca.
Pueden señalarse al menos tres campos en los cuales el
déficit de la SI fue inocultable: sus relaciones asimétricas con los servicios
análogos de Estados Unidos e Israel; los manejos con distintas instancias del
Poder Judicial, y los conflictos entre su personal y sectores de la policía de
la provincia de Buenos Aires. Los presuntos roces con la Inteligencia del
Ejército constituyen un artículo de fe. La oposición política recita esa
construcción mediática como el catecismo, sin sustento en un solo dato
comprobable. De cada una de esas falencias se informó durante años en esta
columna. El efecto de esta reformulación de la SI que menos interés ha
despertado en la prensa argentina es cómo incidirá en las relaciones con
Estados Unidos. Nadie lo teme más que el fiscal de la causa por el atentado a
la DAIA, Alberto Nisman, quien en las últimas 48 horas llamó treinta veces al
flamante subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, con quien al cierre
de esta columna no había conseguido comunicarse.
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| El Tata Yofré, ex integrante de la SIDE |
¿QUIÉN ES EL AMO?
La Secretaría de Inteligencia cumplió un papel decisivo para
incriminar al gobierno de Irán por los atentados contra la embajada de Israel y
la DAIA. El entonces presidente Carlos Menem deseaba desviar la investigación
de la pista siria, por razones personales y familiares; los gobiernos de Israel
y Estados Unidos coincidían con él por definiciones estratégicas: habían
abierto negociaciones de paz con Damasco y no estaban interesados en que los
episodios porteños, que atribuían a incongruencias de su presidente,
interfirieran con esos lineamientos. En cambio, habían sindicado a Irán como el
enemigo absoluto e irreductible. La prueba judicial de su participación en esos
atentados no era una prioridad para ellos. Las resoluciones que en el último
año de gobierno de Néstor Kirchner pidieron la captura internacional de medio
gabinete iraní se basaron en informes de Inteligencia de esos aliados
internacionales, que con alta probabilidad no se sostendrían ante un tribunal
de justicia, cuyos estándares probatorios son más exigentes. Esta es la misma
razón por la que Estados Unidos retuvo durante más de diez años en la base de
Guantánamo a centenares de acusados por actos terroristas sin someterlos a
juicio. Con una actitud de sinceridad o cinismo que por aquí no abunda, allí
dijeron que no los presentarían ante un tribunal porque serían absueltos.
Kirchner formuló en 2006 la denuncia contra Irán ante la
asamblea general de las Naciones Unidas, si bien tuvo cuidado de reclamar el
funcionamiento de mecanismos multilaterales y no una decisión unilateral de la
superpotencia. Desde la Comisión Parlamentaria que supervisaba la causa
judicial, su esposa conocía la seriedad de los indicios que señalaban hacia
Siria. Cuando desde la presidencia CFK intentó desandar el camino trazado por
los servicios estadounidenses y negociar con Irán una vía alternativa para el
esclarecimiento de los atentados, los responsables de la Secretaría de
Inteligencia cerraron filas con sus corresponsales de Estados Unidos e Israel,
en contra de su propio gobierno, reivindicando un grado de autonomía
inconcebible, que no podía sostenerse en el tiempo. Para ello azuzaron a la
colectividad judía en contra del memorando firmado por los cancilleres de la
Argentina e Irán y se sirvieron de sus contactos en la justicia federal para
que lo declararan inconstitucional. El magistrado de primera instancia que
tenía la causa, dejó saber que su decisión estaba vinculada con la suerte de su
hijo, que se postulaba para ocupar un juzgado. Un sector del gobierno lo consideró
una extorsión y propuso denunciarlo. Otro entendió que valía la pena tomarlo en
cuenta porque el hijo del juez tampoco era el peor candidato en el concurso en
que participaba. El fallo fue favorable a los deseos oficiales, pero una sala
de la Cámara de Apelaciones, sin hijos en oferta y más sensible a los deseos de
la Secretaría de Inteligencia, lo revirtió.
DE LA DISCRECIÓN AL
ESCÁNDALO
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| El juez Norberto Oyarbide preso de un escándalo sexual |
La manipulación de la justicia federal desde la Secretaría
de Inteligencia tiene tantos años como la democracia argentina, pero transitó
por distintas etapas. Algunas discretas y vergonzantes, durante el primer
gobierno posdictatorial, otras estridentes y desbocadas. Bajo la presidencia de
Alfonsín la esposa de un camarista recibió un paquete de fotografías que documentaban
varios encuentros con una antigua novia. En este terreno la ideología y la
identidad política no cuentan, es cuestión de pragmatismo y de recursos
económicos. Uno de los alfiles del ajedrez menemista sobre el Poder Judicial
fue el ex subsecretario de Justicia radical Ricardo Recondo, un gremialista que
varias veces ha presidido la asociación mutual de los funcionarios judiciales.
Los gobiernos kirchneristas confiaron esas funciones a protegidos de Enrique
Nosiglia, como Darío Richarte, o a colaboradores de los miembros de la mayoría
automática menemista en la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra y Adolfo
Vázquez, como Javier Fernández. Los métodos que se emplean en estas tareas no
se enseñan en la UBA, cuyo vicerrector desde este año es Richarte. Los
funcionarios acusados de algún delito deben elegir como defensores a los que
giran en la órbita de la SI. En la jerga tribunalicia se les llama defensores
de confianza, pero en estos casos no siempre la merecen.
Algunos episodios de ese submundo sombrío salieron a luz
cuando el juez federal Norberto Oyarbide fue filmado en un prostíbulo para
homosexuales, en 1998. Era parte de la pugna subterránea entre la Secretaría de
Inteligencia y la Policía Federal por el control político de algunos poderosos
consumidores vergonzantes de servicios sexuales. La competencia salvaje por tan
escabroso mercado estalló con las causas cruzadas que involucraron a Oyharbide
y al proxeneta Luciano Garbellano, vértices de un turbio triángulo que
completaba el Jefe de la División Seguridad Personal de la Policía Federal,
Roberto Rosa, y que llegó a involucrar a la ex jefa de gabinete del ministro
Carlos Corach, Bettina Guardia, antes de su casamiento con el empresario
Alejandro Bulgheroni. La mujer declaró que esas versiones eran obra de la SIDE,
“que me odia”. El caso terminó con el relevo masivo de comisarios de la Policía
Federal y la cesión del terreno a la entonces SIDE. Cuatro años después, en
abril de 2002, se publicó aquí la reunión en un domicilio privado del jefe de
Inteligencia durante el interinato del senador Eduardo Duhalde al frente del
Poder Ejecutivo, Carlos Soria, con los ministros de la Corte Suprema Julio
Nazareno y Eduardo Moliné con camaristas y jueces federales de la Capital. Allí
Soria los amenazó con el juicio político si no encarcelaban al ex ministro de
Economía Domingo Cavallo y a tres banqueros, cosa que tuvo luego principio de
ejecución. Además ordenó espiar a la entonces senadora Cristina Fernández y a
su esposo gobernador de Santa Cruz, y denunció un fantástico complot para poner
el país patas para arriba, con lo que se preparó el clima para el asesinato de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El encuentro con los jueces casi termina
a las trompadas.
El gobierno de Néstor Kirchner introdujo a partir de 2003
nuevas normas para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia
y de jueces federales y el Senado reformó su reglamento, de modo que hubiera un
escrutinio público de la calidad profesional y personal de los propuestos. Pero
no cesó la lógica perversa que vincula a la Secretaría de Inteligencia con
determinados estudios jurídicos y con operadores informales que a su vez actúan
sobre el fuero federal. Un camarista federal presentó en forma silenciosa su
renuncia, sin que nunca se conociera el motivo, luego de varias salidas de
juerga con amigas vistosas que le presentó uno de los más conocidos operadores
de la Secretaría de Inteligencia. La vacante fue cubierta por un magistrado que
nunca desoye los deseos de sus mandantes, quienes se las ingeniaron para que
ocupara un asiento en dos salas distintas del mismo tribunal, como titular en
una y subrogante en otra. Otro camarista explicó su alejamiento en el deseo de
dedicarse al ejercicio lucrativo de la profesión, luego de una reunión a la que
fue citado en la sede de la Secretaría, de donde salió con los ojos
enrojecidos.
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| Rodolfo Barra, ex funcionario de Menem |
El principal corsario judicial de la última década fue el
director de la Auditoría General Javier Fernández, quien pasó de actuar como
agente del ex secretario de Obras Públicas menemista Rodolfo Barra a navegar
con bandera kirchnerista. Esa jactancia le permitió impulsar numerosas
designaciones y vetar otras en los decisivos fueros federales, tanto penal como
contencioso administrativo y civil y comercial. Uno de los jueces que
padecieron esta organización de servicios y negocios advirtió que no estaría
disponible cuando el gobierno la precisara porque su exclusivo propósito era el
beneficio de sus propios miembros, en causas en las que se disputan decenas de
millones de pesos. Así fue. Uno de los protegidos de este grupo de tareas es el
ahora juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia
nazi.
LA DESERCIÓN
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| Carlos Corach, ex Ministro del Interios de Menem |
Otros jueces integrantes de esa organización evitaron
pronunciarse a favor del Fondo del Bicentenario, creado para pagar deudas con
reservas del BCRA y votaron a favor del Grupo Clarín en causas por la fusión de
sus cables y por la ley audiovisual y anularon las multas impuestas a
consultoras que realizaban mediciones dudosas de inflación. Con la impunidad
que en un tiempo tenían los bufones del rey, el senador bonaerense Mario Ishii
dijo hace unos meses que la SI controlaba al 98 por ciento de los jueces y
señaló como responsables a su entonces director de operaciones, Antonio Horacio
Stiuso, y a Javier Fernández. Más allá de la desmesura, la presencia de la
comunidad de informaciones en los asuntos judiciales no es ningún secreto.
También es evidente que ese aparato construido con la promesa de servir a las
autoridades sólo defiende sus propios intereses y suele desertar cuando se lo
necesita, algo que debería haber sido obvio a la luz de la experiencia: Carlos
Menem fue detenido por su juez Jorge Urso y a solicitud de su fiscal Carlos
Stornelli. En esa materia, tanto o más que en otras, el mejor negocio es la
honestidad. Las huellas de ese sistema que coloca jueces, abogados,
periodistas, peritos y testigos también se detectan en la causa contra el
vicepresidente Amado Boudou. Nadie recuerda, porque ningún medio se lo dice,
que el expediente se inició por la denuncia del “ciudadano común” Jorge Orlando
Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no
tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en
explosivos, un comando participante en los levantamientos carapintada,
dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros
artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por
una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old
Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona
“políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar
la empresa antes fallida”. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos
hombres, porque estaba de espaldas. El 18 de julio de 1994 Pacífico apareció
ensangrentado entre los escombros de la demolida sede de la DAIA y la AMIA. En
1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército. En
2011, el Tribunal Oral Federal 4 lo absolvió de la acusación de haber provisto
los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar
a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como en el caso
Ciccone. Para completar el cuadro, en la misma semana de la indagatoria a
Boudou en una causa, el juez Ariel Lijo sobreseyó en otra a los tres
secretarios del juez Juan José Galeano y al ex ministro del Interior Carlos
Corach, decisión revocada por la Cámara de Apelaciones, integrada con jueces
del fuero ordinario porque los titulares se habían excusado. La piedra del
escándalo llegó cuando además de no sostener las políticas oficiales, miembros
de esta banda avanzaron contra las más altas jerarquías del gobierno, con
deliberada bambolla. Con esta enumeración y sin discutir la razonabilidad de
cada decisión se intenta ejemplificar la escasa confiabilidad para el gobierno
del sistema montado por este grupo de operadores. El nombramiento como
subsecretario de Inteligencia de Mena, quien conoce como nadie cada vericueto
de los expedientes por los atentados de 1992 y 1994, es un intento por
controlar ese brazo rebelde de la administración, variante autóctona del Doctor
Strangelove, que intentaba ahorcar a su propio cuerpo. Al menos ahora no habrá
más plata dulce para que los jueces la empleen en contra del gobierno y la
información confidencial podrá circular en sentido inverso. Pero la designación
de un judicial en la SI también equivale a una confesión de las prácticas
espurias y los caminos equivocados que se siguieron cuando eran posibles otras
alternativas. Esos enjuagues fueron tan indecentes como ineficaces, porque
cuando los bienes intangibles salen a subasta en el mercado, siempre hay
alguien capaz de mejorar la oferta. También por esa razón utilitaria, no hay nada
más conveniente que elegir magistrados capaces e íntegros.
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| El Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti |
El viernes de la semana pasada el columnista del diario
Clarín Marcelo Bonelli contó una reunión de jueces federales para tratar la
relación corporativa con el gobierno. “La piloteó el equipo de Ariel Lijo y
estuvo a punto de concurrir Ricardo Lorenzetti. El cónclave se hizo en el
departamento de un familiar de los magistrados y ahí los jueces manifestaron
estar cansados” de lo que consideran maltrato político. “Hablaron de
estrategia” y decidieron “acelerar todas las investigaciones de corrupción”. De
inmediato Bonadio elevó a juicio oral otra causa contra Boudou, “Lijo allanó el
Palacio de Hacienda” y Rodolfo Canicoba Corral “va a enviar un exhorto a la
Securities and Exchange comisión” pidiendo información sobre Julio de Vido y
Mario Das Neves. Los magistrados también acordaron “ser extremadamente
profesionales en las causas que involucran a funcionarios de alto nivel
político y solo avanzar si hay pruebas concretas para evitar dar pasos en falso.
Coinciden en que fue desprolija la citación a Julio Alak”. Luego de esa
columna, el llamado al ministro de Justicia por su desempeño en la intervención
de Aerolíneas Argentinas fue pospuesto hasta los idus de marzo.
CHANCHO Y LAUCHA
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| El comisario Fino Palacios |
Luego de la irrupción de Oyarbide en paños menores pero
fuera del horario de protección al menor, y con el procesamiento del comisario
Fino Palacios por encubrimiento en la causa por el atentado a la DAIA, la pugna
con la Policía Federal quedó zanjada a favor de la SI. Pero se agudizó entonces
el conflicto con la bonaerense, a partir de una decisión que Kirchner tomó a
poco de asumir. Preocupado por una sucesión de secuestros extorsivos y por el
esclarecimiento de algunos de ellos en los que se comprobó la participación de
oficiales y suboficiales, en octubre de 2003 el presidente dijo desde Puerto
Madryn que “en la mayoría de los secuestros extorsivos hay involucrados
efectivos de la Policía bonaerense”, a la que auguró “una profunda depuración
para que vuelva la tranquilidad”. El ahora flamante Secretario de Inteligencia
Oscar Parrilli, agregó entonces que “se necesitan acciones muy decididas, muy
firmes y muy rápidas para que los habitantes de la provincia de Buenos Aires
tengan una Policía en la cual confiar”. La primera que adoptaron fue encomendar
a la SIDE la investigación de los casos más resonantes, entre ellos el
secuestro del padre del futbolista Leonardo Astrada. La odiosidad que se
desarrolló desde entonces entre ambas fuerzas llegó a un clímax insoportable
con el asesinato en la madrugada del 9 de julio de 2013 del agente de la SI
Pedro Viale, El Lauchón, acribillado por diez policías del Grupo Halcón, que
están detenidos por homicidio agravado. El jefe de todos los bonaerenses,
comisario general Hugo Gabriel Matzkin no desmiente la raíz del conflicto. Por
el contrario dice que él será el jefe de la SI, en caso de que el próximo
presidente sea su gobernador Daniel Scioli, el viajero filmado.
