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| La Presidenta Cristina Fernández y el Canciller Timerman |
El analista político Mario Wainfeld, en su columna de opinión publicada hoy en el diario Página 12, pone su mirada en el pedido del Fiscal Nisman, como parte de una estrategia de judicialización de la actividad política.
Cuesta hablar en serio sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En parte (y sólo en pequeña parte) porque su contenido se desconoce, aunque se ha filtrado parcial y frondosamente a los medios dominantes. Pero lo principal, que sí es ostensible, es porque lleva al paroxismo la tendencia de judicializar la vida política. El contexto es ineludible: la disputa entre una parte importante del Poder Judicial y la reciente movida del Gobierno en la Secretaría de Inteligencia (SI). El oficialismo pateó dos avisperos y recoge las represalias. En el caso de la SI, como apuntó días atrás en este diario el periodista Horacio Verbitsky, hizo lo debido pero tardíamente.
Judicializar la política no es un invento argentino. Es
habitual en muchos sistemas democráticos. El sociólogo francés Pierre
Rosenvallon la analizó en su libro La contrademocracia. Pero hablemos en
particular de nuestro Sur. Los que judicializan “todo” a veces son ciudadanos,
que se sienten desprotegidos. Esa no es la desviación más habitual y
preocupante. No son gentes de a pie desamparadas quienes más frecuentemente
judicializan a troche y moche. Son dirigentes políticos o factores de poder.
Los que pierden en las urnas (donde prima la regla de la mayoría popular) van
al foro para revertir el veredicto: paralizar o entorpecer la gestión de
gobiernos legítimos.
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| El Fiscal "todo servicio" Alberto Nisman |
Un principio general establece que la inconstitucionalidad
de las leyes debe ser resuelta sólo de modo excepcional, la regla es la
presunción de su validez. Por si hace falta: una ley mala o pésima no es, de
por sí, inconstitucional. Las diferencias de criterio o de oportunidad o
ideológicas no bastan para descalificar una norma.
De todas maneras, el control de constitucionalidad es una
facultad del Poder Judicial, un modo de contrapesar a los otros estamentos del
Estado. Pueden dictarse malos fallos (los hay para regalar), pero es el
imperfecto ejercicio de una potestad legal. Como ocurre con los otros poderes:
una cosa es funcionar mal y otra salirse de los marcos legales.
Hasta ahora, a nadie se le había ocurrido que una ley (el
Memorándum de Entendimiento con Irán lo es) pudiera ir más allá de ser
cuestionable o hasta inconstitucional: constituir delito. Es lisa y llanamente
un disparate, sin precedente histórico que pueda respaldarlo.
Nisman atraviesa esa frontera. De momento no se sabe con qué
argumentos, pero pide que se juzgue a funcionarios por el contenido de una ley.
Razones no tiene; él sabrá cuáles son sus motivos. Podrán conocerlos, acaso, en
“la embajada” de la cual es correveidile y a la cual acude para pedir órdenes
según surge de los papeles de Wikileaks, emanados del mismísimo Departamento de
Estado.
Es dable esperar, dada la magnitud del dislate jurídico e
institucional que articula el fiscal, que dirigentes opositores y juristas no
vasallos se pronuncien. El diputado Jorge Yoma lo hizo, argumentando en un
sentido similar al que acá se formula. El se opuso con firmeza a la aprobación
del tratado, pero no banca la absurda interpretación que lanza Nisman.
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Como legisladora, la actual presidenta Cristina Fernández de
Kirchner fue una de las políticas que más se interesó y trabajó para que la
investigación avanzara. El nombramiento de Nisman, por el presidente Néstor
Kirchner, tenía el mismo designio. Cuando el kirchnerismo llegó no dio con un
expediente impecable, en avance, ya se había amurallado la impunidad. Esta se
plasma en los primeros días o meses ulteriores al crimen... póngale un par de
años si quiere exagerar.
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| La causa de la AMIA y su utilización política |
Llevar un debate político al área, de por sí estricta, del
delito rompe todas las reglas institucionales sensatas. Sólo se explica (que no
justifica) entendiendo la ecuación funcional y personal de Nisman. Sus aliados
en la SI han sido removidos o están a tiro de serlo. El sector opositor
acérrimo del Poder Judicial, en el que revista, ha dejado de lado todo apego a
la legalidad o respeto por el sistema democrático mismo.
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Abundemos en minucias sobre una insensatez. El Código Penal
es una ley, una ley posterior (el tratado) lo deroga. Si había un delito, la
sanción de otra norma, especial, lo dejaría sin efecto. Estamos aceptando
demasiados desvaríos. Vamos por uno más.
Si el tratado es un delito, todos los legisladores que lo
votaron son partícipes necesarios. Sería forzoso procesarlos. Si se extremara
el celo, habría que procesar hasta a los que dieron quórum, aunque hubieran
votado en contra.
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| El analista Mario Wainfeld |
El juez Ariel Lijo intentó hace poco sobreseer al ex
ministro Carlos Corach en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. La
cámara lo frenó, por ahora. Ese magistrado tiene a cargo la insólita novedad
jurídica que lanzó Nisman, tras años de no poder probar nada sólido y en plena
feria judicial.
