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El titular de la Afsca, Martín Sabatella |
Fueron las declaraciones del titular de la Afsca en relación
a la nueva medida cautelar que favorece al Grupo Clarín con la interrupción de
la adecuación de oficio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"Le hacen
favores a una corporación económica que demostró una y otra vez no querer
cumplir las leyes de la Democracia”, señaló Sabbatella.
En ese sentido, sostuvo que “queda probado una vez más que
una parte de la corporación judicial está aliada y al servicio de grandes
empresarios para favorecer la concentración y consagrar privilegios que la ley
prohíbe; esa parte del Poder Judicial trabaja para garantizarle a Magnetto que
pueda violar la ley de medios”, opinó.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el
juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 9, dispuso la suspensión de la resolución 1121/14 de
Afsca, en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del
Grupo Clarín.
“Queda probado una vez más que una parte de la corporación
judicial está aliada y al servicio de grandes empresarios para favorecer la
concentración y consagrar privilegios que la ley prohíbe" Fue en el marco
de una causa iniciada por los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge
Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín
Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, todos vinculados
al grupo laboralmente añ grupo Clarín.
“El argumento mentiroso que avala el juez es que la
adecuación de oficio podría vulnerar la libertad de expresión y significar una
censura indirecta contra esos periodistas, lo cual está demostrado que es
absolutamente falso; ya no dicho por quienes trabajamos junto a la Presidenta
por la aplicación de esa ley, sino por la propia Corte Suprema de Justicia de
la Nación”, explicó Sabbatella.
Además, recordó los fundamentos del fallo del máximo
tribunal que convalidó la constitucionalidad de toda la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
“Volver hacia atrás en lo ya analizado y resuelto por la
Justicia en su máxima instancia es de una enorme gravedad institucional y
persigue el único objetivo de quitarle al Estado las herramientas legales con
las que cuenta para garantizar la pluralidad, la libertad, la diversidad y el
trabajo de miles de periodistas, técnicos y profesionales de la comunicación en
todo el país”, señaló el funcionario nacional.