Los escombros del atentado de 1994 se dispersaron en siete
causas. Las más conocidas de ese laberinto infernal son la
que llevaba Nisman por el propio atentado a la DAIA, la que se abrió por su
denuncia y aquella en que se investiga su muerte.
Por Horacio Verbitsky
Siete causas judiciales distintas
originadas en el peor atentado terrorista de la historia argentina y ninguna de
ellas que avance con vigor, testimonian la crisis de la justicia y su
impotencia para investigar. A ellas hay que sumar el expediente que instruye la
Corte Suprema de Justicia por la voladura de la embajada de Israel en Buenos
Aires, de la que pasado mañana harán 23 años. Su parálisis es tan completa que
el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, creía que era cosa juzgada, de
lo que tuvo que retractarse ante la gritería de las víctimas y de los
conocedores del derecho penal, especie ya extinguida en la Corte. Esta maraña
tribunalicia replica la de los servicios de inteligencia, descabezados en
diciembre pasado y en trance de reformulación ahora. Y hay todavía una novena
causa vinculada en forma indirecta con las anteriores. Es la que se explica a
continuación.
JUEZA Y PARTE
La hiperactividad que ha mostrado
Sandra Arroyo Salgado en la investigación por la muerte dudosa de su exposo,
Natalio Alberto Nisman, no le ha impedido continuar con la atención de su
despacho como jueza federal de San Isidro. El 30 de enero, dos semanas después
de que Nisman apareciera sin vida en su baño, el ex Secretario de Inteligencia
Juan B. Yofre solicitó que Arroyo declarase nula la investigación que ella
misma dirigió, por el negocio de las pinchaduras de teléfonos y computadoras y
la venta de las interceptaciones. El 3 de marzo, Arroyo Salgado entendió que el
planteo de Yofre era “novedoso” y dispuso formar un “incidente de nulidad”, a
cuya resolución queda subordinada la causa, cuya instrucción ya concluyó. La
medida procesal que Yofre cuestionó recién ahora es la actuación como
infiltrados de dos agentes inorgánicos de la ex SIDE, que consta en la primera
foja del expediente. Si la jueza accediera toda la causa podría ser anulada, en
aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado que tiende a
resguardar la legalidad de los procedimientos judiciales. Que el ex cadete del
Colegio Militar Yofre, defensor confeso de la dictadura 1976-1983, cite en su
defensa las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos
constituye un bienvenido homenaje del vicio a la virtud. Que se apliquen al
caso es otra cosa.
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| Héctor Alderete, director de Seprin |
En diciembre, el fiscal general
Fernando Domínguez solicitó la elevación a debate oral para juzgar a Yofre, a
quien Arroyo Salgado ya procesó por espionaje y como jefe de una asociación
ilícita, y a los demás procesados, como encubridores: el columnista de La
Nación Carlos Pagni, el de Perfil y ex director de Ambito Financiero, Roberto
García; los directores de los portales Seprin, Héctor Alderete, y Urgente 24,
Edgard Mainhard; el empresario de medios Néstor Ick; el ex secretario general
del Ejército general Daniel Reimundes, y los espías rasos Pablo Alfredo Carpintero
e Iván Velázquez.
Los procesados empleaban casillas
de correo cuyos nombres se inspiran en los movimientos políticos que gobernaron
Italia y Alemania durante el cuarto más cruento del siglo XX: avan
ti1922@gmail.com (por la marcha del fascismo sobre Roma); kristalnacht45@gmail.com
(en alusión al gran pogrom nazi que precedió a la política de exterminio de la
población judía de Europa); oskorzeny43@gmail.com (en recuerdo de Otto
Skorzeny, el comando SS a quien Hitler encomendó en 1943 el rescate de Benito
Mussolini). La premura con que la jueza resolvió la extemporánea solicitud de
Yofre sugiere que hay una negociación en curso, que acaso involucre al
Capospione Antonio Horacio Stiuso que se acogió a la jubilación anticipada
luego de rechazar el ofrecimiento de dos destinos internacionales, a elección:
Sudáfrica o Egipto. Por no ser menos que el nerd informático Diego Lagomarsino,
Pagni contrató a otro abogado del ex presidente Carlos Menem. No Máximo
Rosconi, como Lagomarsino, sino José María Figuerero, socio del estudio Fontán
Balestra.
DOS MESES DESPUÉS
Ayer se cumplieron dos meses de
la presentación de la denuncia de Nisman contra la presidente CFK, su ministro
de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque
por encubrimiento del atentado de 1994 contra la DAIA, que el juez federal
Daniel Rafecas desestimó ante la inexistencia de delito. El jueves la sala I de
la Cámara Federal de la Capital recibirá los memoriales de los acusados por
Nisman y del fiscal de Cámara Germán Moldes. Todo será por escrito, sin
vestigios de oralidad.
Otro remezón del atentado de 1994
es la inconstitucionalidad del Memorando de Entendimiento con Irán, que para
los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero viola la división de poderes y no
permite la participación de las víctimas para la búsqueda de la verdad,
argumento tan sofisticado como cínico. La apelación de esta sentencia ha ido y
venido entre distintas salas de la Cámara Federal de Casación Penal. Una de las
juezas que debía intervenir, Angela Ledesma, pidió licencia por un tratamiento
médico en el exterior. Quien la reemplazó, el radical conservador Juan Carlos
Gemignani, criticó esa decisión y fijó fecha de audiencia con las partes, el 31
de marzo, y de sentencia, el 8 de abril. La presidente de la Cámara, Ana María
Figueroa remitió la causa a la sala II y se fue de vacaciones. Pero los jueces
de la Sala II, Alejandro Slokar y Pedro David, recordaron que ya se habían
excusado, dado que en el sistema informático judicial consta esa causa figura
como conexa con la del atentado, en la que intervinieron antes. La causa anda
saltando cual pelota de fútbol en césped sintético con un conejo dentro.
CAJAS, CUENTAS Y MENSAJES
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| La fiscal Viviana Fein |
Al mismo tiempo, la fiscal
Viviana Fein instruye la causa por la muerte de Nisman y Fabiana Palmaghini es
la jueza de garantías, como corresponde en expedientes en los que no hay
personas identificadas como autores de un delito o causas NN. Sin embargo, Fein
murmura que Palmaghini realizó allanamientos sin su intervención. La jueza
también solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la
publicación de una serie de medidas adoptadas y/o propuestas por ella, en un
cuestionamiento a la fiscal algo más sutil que el que protagoniza Arroyo
Salgado. A pedido de Fein dispuso “el allanamiento de la Unidad Fiscal AMIA”,
donde “se secuestraron un CPU, una trituradora de papel con su contenido,
diskettes, un teléfono fijo con aparente memoria para mensajes, pendrive, CD,
carpetas con documentación que se hallaba sobre el escritorio utilizado por el
Dr. Nisman; así como se dejó nuevamente franjado su despacho. La diligencia la
practicó personalmente la doctora Palmaghini”, dijo la doctora Palmaghini. Pero
cuando la Unidad Fiscal pidió que se levantara la clausura del despacho, Fein
respondió que la decisión no había sido suya sino de la jueza. Su respuesta es
la misma, pero su humor más agrio cuando se la consulta sobre el allanamiento
al domicilio de Lagomarsino, cincuenta días después del hecho que se investiga.
Arroyo pidió que su íncubo quedara en pelotas, pero Palmaghini prefirió dejarle
alguna ropa en su casa y Fein trina.
Cada día es más evidente que los
recursos materiales e intelectuales de esta fiscalía de instrucción criminal
ordinaria no son proporcionales a los requeridos por un caso que ha
monopolizado la atención nacional y atraído a los principales medios del mundo.
En los primeros días posteriores al inicio del expediente, la Procuración
General ofreció un equipo de fiscales coadyuvantes que colaborara. Pero Fein
sólo aceptó un refuerzo de personal, cuando es ostensible que allí falta más
seso que músculo, y la Procuración no insistió, por razones ajenas al mejor
servicio de justicia. En el clima de polarización y agresividad política, por
el que la muerte de Nisman es presentada como un asesinato y el gobierno como
el responsable, y dada la demonización incluso de agrupamientos tan ingenuos
como Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó hubiera sido acusada de proteger a
la Yegua Mayor de la Nación. La orden de Fein a Claro y Nextel de que guarden
en sus servidores los registros de llamadas, mensajes de texto, chats, whatsapp
y cualquier otra comunicación que Nisman hubiera realizado, con entradas y
salidas desde sus teléfonos celulares, fue consecuencia de una sugerencia de la
Procuración. Si bien el artículo 45ter de la ley de telecomunicaciones dice que
esos registros deben guardarse por diez años, la práctica de las empresas es
limpiarlos a los dos meses. Ya pueden haberse perdido muchas comunicaciones de
los días cruciales en los que Nisman decidió volver al país para acusar a CFK.
Tampoco es claro qué puede haber ocurrido con la información del navegador
satelital en el auto que utilizaba Nisman, propiedad de una agencia privada de
seguridad vinculada con la CIA. Si su batería no se refresca, los datos se
pierden.
La misma imprevisión se verifica
en otros temas relevantes. Según el descargo formulado ante Lorenzetti,
Palmaghini consideraba “pertinente determinar sí el fallecido Natalio Alberto
Nisman contaba con cajas de seguridad en entidad bancaria alguna”, cosa que el
27 de enero “sugirió a la Fiscalía de Instrucción
 |
| Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman |
No. 45”. Tal giro idiomático
revela que la jueza carecía de facultades para ordenarlo, y por eso se limitaba
a sugerirlo, como una buena vecina y ¡nueve días después de la muerte de
Nisman! Para entonces, la madre del fiscal, Sara Garfunkel, ya había vaciado
los cofres y las cuentas que compartía con Nisman en dos sucursales del Banco
Ciudad (en Corrientes y Uruguay y en Callao y Juncal) y en la empresa privada
de cajas de seguridad no bancarias Hausler, con bóvedas en una galería de
Florida y Paraguay. Garfunkel fue conducida a esa expedición de rescate por la
intrépida custodia de Nisman. Los policías conocían ese depósito hermético,
porque antes habían llevado a madre e hijo a firmar el contrato de alquiler.
Según la explicación de los directivos de Hausler Alan Packer y Juan Piantoni
antes de llegar a su caja, Nisman y su madre debían sortear siete puertas. Cada
una se abre una vez que se cerró la anterior, y siempre que el sistema
reconozca las huellas digitales y el rostro de la persona autorizada a acceder.
LA CAUSA PARALELA
