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El ministro de
Economía embistió contra el Citibank por haber pactado con los fondos buitre no
apelar la orden de Griesa que le impide cumplir con su parte en la cadena de
pagos de bonos con legislación argentina. Se busca anular ese entendimiento.
“Hay un principio de estafa a los
bonistas, vamos a analizar el acuerdo que firmó el Citibank con los buitres
porque es violatorio de las leyes argentinas”, expresó ayer el ministro de
Economía, Axel Kicillof. El entendimiento alcanzado el fin de semana entre el
banco y los fondos buitre habilitó a la filial argentina del holding a cumplir
con sus obligaciones en el pago de bonos el 31 de marzo. A cambio, el banco
renunciaría a apelar las mismas decisiones del juez Griesa que cuestionó con
dureza durante meses en tándem con los abogados de Argentina. La entidad
financiera anunció además su intención de retirarse del negocio de custodia de
los bonos. Desde el equipo económico consideran que el acuerdo es un artilugio
legal para eximir de cualquier riesgo legal a la filial argentina del Citi en
complicidad con los buitres. Esa decisión perjudicará a los bonistas, quienes
no tendrían garantizada la recepción de los fondos en el exterior. Si bien los
dólares saldrían de Buenos Aires, una vez en el exterior la casa matriz del
Citi u otra entidad en la cadena de pagos no cursarían los recursos. El propio
magistrado neoyorquino confirmó ayer esa hipótesis al emitir una orden
restringiendo a la casa de clearing Euroclear, el último eslabón del proceso,
la transferencia final de los fondos.
“El Citibank está tratando de
quedar bien con dios y con el diablo. El banco tiene que garantizar que los
tenedores de los bonos cobren los bonos. Tiene que cumplir la ley local, si no
es pasible de ser sancionado”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. El
funcionario informó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco
Central evaluarán la legalidad del acuerdo para determinar si corresponde
sancionar al Citibank Argentina. Otras solicitudes de información correrán por
cuenta de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Diferentes requerimientos de
información a cargo de la CNV serán cursados a través de David Jacoby,
vicepresidente del organismo dispuesto como veedor en la entidad la semana
pasada. Entre las herramientas disponibles en la legislación figuran desde la
suspensión de las actividades del banco vinculadas a la operatoria con bonos y
otros instrumentos financieros o incluso separar a los órganos de
administración de la entidad durante un período. Es difícil hallar una solución
que garantice el flujo normal de los fondos antes del 31 de marzo. Sin embargo,
desde el equipo económico enfatizaron que “a fin de mes nosotros vamos a pagar
como corresponde” al tiempo que agotarán todos los recursos legales para dejar
en evidencia la complicidad del Citi con los buitres.
La disputa gira alrededor de una
porción limitada de los títulos de deuda emitidos durante la reestructuración:
3,7 millones de dólares de intereses de los bonos Par en dólares regidos por la
ley argentina en manos de acreedores extranjeros. “Cuando Griesa sacó el pari
passu, el Citibank, sin preguntar nada a las autoridades argentinas, consultó
al juez qué tenía que hacer con los bonos”, explicó Kicillof, y luego precisó
que “Citibank es custodio de bonos bajo ley argentina”.
El Citi es el tercer eslabón en
la cadena de pagos de esos títulos. Los fondos salen del Tesoro hacia el Banco
Central, que luego los transfiere a la Caja de Valores. Esa empresa distribuye
los pagos a todas las entidades financieras que custodian los títulos para sus
clientes. Entre ellos figura el Citibank Argentina. El banco está a cargo del
pago de los títulos a los acreedores radicados en el exterior. Para eso le
transfiere los recursos a su casa matriz en Nueva York, que finalmente envía
los dólares a las casas de clearing Euroclear o Clearstream.
En las tres oportunidades previas
en las que el Citi obtuvo un permiso excepcional del tribunal para cursar los
fondos depositados por el país, el magistrado habilitó explícitamente a todos
los intermediarios. Sin embargo, el documento de ocho páginas donde Griesa
transcribió el acuerdo firmado entre el banco y los buitres no menciona al
resto de las entidades involucradas. Los fondos saldrían del país, pero
quedarían varados antes de llegar a los tenedores de bonos. Las decisiones de
Griesa despejaron las incógnitas ya que incluso, si el banco procede como
debería, la porción de los pagos a su cargo encontraría una barrera al llegar a
Euroclear. “La decisión del juez confirma que el acuerdo entre los buitres y el
Citi era una trampa, hay que ver cómo opera esa empresa”, expresó a este diario
un colaborador del ministro Kicillof. Resta conocer cómo operará Euroclear a
fin de mes.
