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| Con lluvia y en sillas de ruedas, las Madres |
El acto de memoria, verdad y justicia en Santa Fe expresó dos reclamos concretos. Uno al presidente del Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para que reconozca "la participación del Poder Judicial en el terrorismo de estado" en la Argentina y el otro al titular de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, para que decrete la "apertura de los archivos de la Iglesia" y "la búsqueda de información en organizaciones católicas que participaron en la apropiación" de hijos de desaparecidos. "Les pedimos que hagan autocrítica", dice el documento de Hijos que se leyó anoche en la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris y advirtió que la dictadura no sólo fue "cívico militar" sino también "judicial y eclesiástica". Un bloque de cuatro patas.
Miles de santafesinos se
convocaron anoche en el casco histórico, a pesar del viento sur que golpeaba
fuerte y una lluvia molesta. Un apagón que generó suspicacias demoró el
arranque del acto, pero al final se leyeron tres documentos: uno del Foro
contra la Impunidad y por la justicia que denunció la participación judicial en
el terrorismo de estado y otro de la juventud del Foro. El tercero fue el de
Hijos, que ratificó su voluntad de "seguir profundizando y sosteniendo el
avance de derechos en una democracia que atienda los intereses del
pueblo".
Entre otras cosas, Hijos recordó
en la impunidad de los años "90, no hubo "medidas cautelares"
contra las leyes de obediencia debida y punto final "a pesar de que eran
inconstitucionales" y tampoco contra "el acto impunidad más grande de
la historia" que fue "el indulto" de Carlos Menem.
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| La presencia de jóvenes es cada vez mayor |
"El golpe fue cívico
militar", pero también "judicial y eclesiástico", dijo Hijos.
"Judicial porque la gran mayoría de los genocidas santafesinos siguen
impunes, totalmente impunes, como los efectivos del Comando Radioelétrico (de
la policía de la provincia) que participaban en los asesinatos de nuestros
padres y madres o como los famosos PCI (Personal Civil de Inteligencia) del
Ejército que aún hoy andan por facultades y calles. O como el teniente coronel
golpista Roberto Pedro Arrieta y tantos más que no fueron investigados",
agregó. "Por eso, el 21 de marzo volvimos a las calles bajo la consigna:
"Si no hay justicia, hay escrache", señaló Hijos. La vuelta a los
escarches fue en la casa de Arrieta, el primer intendente de la dictadura en
Santa Fe.
"Hoy, a casi cinco años del
asesinato de Silvia Suppo, testigo y víctima de delitos de lesa humanidad, la
familia judicial también se niega a investigar quiénes fueron los instigadores
y cómplices y beneficiarios del asesinato de nuestra compañera, se niegan a
investigar el encubrimiento policial y privilegia la versión de los
asesinos".
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| El documento de Hijos con tono fuerte |
El primer reclamo fue entonces
para el presidente de la Corte. "Le pedimos (a Lorenzetti) que haga
autocrítica respecto del rol que cumplió el Poder Judicial en ese período de la
dictadura, de denegación de derechos y participe en una transformación que
asegure el acceso amplio de todos los reclamos populares y la continuidad del
juzgamiento y castigo efectivo a los criminales de la dictadura". Y el
otro a monseñor Arancedo, en el mismo tono. "Le exigimos al poder eclesiástico
la apertura de sus archivos y la búsqueda de información en las organizaciones
católicas".
