El fiscal Leonel Gómez Barbella
solicitó al juez federal Julián Ercolini que les tome declaración indagatoria a
la directora y al CEO del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor
Magnetto, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otras
personas, a las que imputó por extorsión y persecución en el marco de la causa
que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante los primeros meses
de la última dictadura cívico militar. En un escrito de más de 30 fojas en las
que cita testimonios judiciales, documentos del gobierno de facto y artículos
periodísticos, el fiscal les endilga a los imputados “el haber obligado
mediante intimidación al grupo Graiver –dueños de la compañía– y sus allegados
a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia de capital
social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La
Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA S.A.) y La Razón Editorial Emisora
Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria (...) el 2 de noviembre de
1976 en la sede del diario La Nación (...) y todo ello en el marco de
persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la
primera junta durante la última dictadura”.
“Esta Fiscalía ha analizado la
prueba agregada hasta el presente y no queda más que avanzar hacia las
declaraciones indagatorias que se solicitan”, apuntó Gómez Barbella a modo de
conclusión del dictamen que presentó ayer al mediodía ante el Juzgado Federal
Nº 10, a cargo de Ercolini, en donde está radicada la causa desde 2011. El fiscal
trabajó los 26 cuerpos del expediente “desde que llegó a la Fiscalía”, en
diciembre pasado. A través de sus abogados, La Nación y el Grupo Clarín
criticaron al fiscal y relacionaron su designación con “la disconformidad del
Gobierno con la evolución de la causa” (ver aparte).
El fiscal pidió a Ercolini que
cite a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre, pero también a Guillermo Juan Gainza
Paz, quien funcionó de intermediario entre aquéllos y el grupo Graiver, y al ex
secretario de Desarrollo Industrial de la última dictadura, Raymundo Juan Pío
Podestá. Para el fiscal todos fueron, junto con Jorge Videla, Emilio Massera,
José Alfredo Martínez de Hoz, Bernardo Sofovich, quien fuera abogado
representante de Agea S.A., y Patricio Peralta Ramos, ex presidente de La
Razón, cómplices en la apropiación de Papel Prensa. De continuar con vida,
también se hubiera solicitado la declaración de estos últimos.
Gómez Barbella consideró probado
que la compraventa de Papel Prensa fue, en realidad, una “apropiación ilícita”
producto de una extorsión y de una persecución por motivos políticos y
religiosos. Según su acusación, esto último constituye un delito de lesa humanidad
y, por ende, es imprescriptible.
En base a testimonios judiciales
actuales y de años atrás, de artículos periodísticos y actas de la propia Junta
Militar, entre varios otros documentos –en la fiscalía aseguran que “es mucha”
la prueba que funda las imputaciones–, el fiscal acusa a los imputados de
participar en el “desapoderamiento extorsivo de las acciones de Papel Prensa”
de los Graiver “con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus
legítimos dueños y representantes”. La Junta, explica, buscaba “deshacer” al
grupo empresario, al que acusaba de “estrechas vinculaciones y colaboración con
la subversión” y los diarios, controlar la producción de papel, que aún
conservan. De acuerdo con la acusación del fiscal, a cambio de la “ayuda” de la
dictadura que esos medios recibieron para lograr su objetivo, apoyaron
abiertamente la persecución y represión desatadas en las calles y silenciaron
las torturas y las desapariciones.
La apropiación de Papel Prensa,
según el dictamen de Gómez Barbella, se dio en dos etapas:
- En una reunión realizada en La
Nación el 2 de noviembre de 1976, Papaleo, los Graiver y Ianover fueron
“intimidados” a transferir, con sólo el 2 por ciento del precio estipulado
cobrado, las acciones de Papel Prensa a la empresa a Fapel S.A. –una firma
fugaz que integraron los tres diarios–, por quienes en representación de esa empresa
participaron del encuentro: Magnetto, Mitre, Sofovich –en representación de
Herrera de Noble– y Peralta Ramos.
El del fiscal no es el primer
pedido de indagatorias a los acusados en la causa que recibe Ercolini. La
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que reimpulsó la investigación en
2010 y mantiene una de las querellas en la causa, lo hizo en cinco
oportunidades entre 2010 y el año pasado. En abril, el titular de la
Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales Alejandro Alagia y
Guillermo Friele propusieron a Eduardo Taiano, quien subrogó hasta diciembre la
fiscalía, un proyecto de dictamen en los mismos términos que el presentado
ayer. En ese texto se basó la querella de Lidia Papaleo para exigir que los
directivos de La Nación y Clarín, así como Gainza Paz y Podestá, hablen ante el
juez. Ercolini no avanzó nunca en tal sentido. En junio de 2013, el juez ordenó
un peritaje contable “tendiente a determinar el precio histórico progresivo” de
las acciones que fueron apropiadas, del que aún no hay información. Gómez
Barbella consideró que el estudio “no desentraña el fondo del asunto”.
