El gobernador Gerardo Morales envió a su propio ministro de
Seguridad a cumplir la orden de arresto de la dirigente social.
La dirigente de la organización
barrial jujeña "Tupac Amaru" y diputada por el Parlasur, Milagro
Sala, fue detenida ayer al mediodía por liderar una protesta social pacífica
frente a la Casa de Gobierno. En medio de su disputa con el flamante
gobernador, el radical Gerardo Morales, fue apresada por sostener un acampe en
la plaza Belgrano durante más de 30 días en defensa de los puestos de trabajo
de miles de cooperativistas. La acusan "de instigación a cometer
ilícitos" y "tumulto" y provocó un gran repudio. Fue alojada en
un calabozo de la Comisaría de la Mujer Nº 49 de San Salvador de Jujuy donde
inició una huelga de hambre.
Ayer al mediodía Milagro se
encontraba en la plaza Belgrano cuando uno de sus hijos le avisó que había una
orden de arresto y que la estaban esperando en su casa. "Yo estaba con
ella. Fuimos hacia su domicilio y nos encontramos que el ministro de Seguridad de
la Provincia, Ekel Meyer, estaba ejecutando la orden. No hubo
resistencia", relató Luis Paz, el abogado de la legisladora regional y de
la Tupac Amaru. También fue parte del operativo el secretario de Seguridad,
Guillermo Siri, un ex militar que fue acusado por el Movimiento Ecuménico por
los DD HH de Mendoza de vinculación con delitos de lesa humanidad durante la
última dictadura cívico-militar.
El 11 de enero pasado, Sala se
anotició de que la habían imputado por una acción de protesta que inició el 14
de diciembre. Entonces, 23 organizaciones sociales comenzaron a acampar frente
a la Casa de Gobierno para defender los puestos de trabajo de cooperativistas.
Ayer, después de 34 días continuaban manifestándose 15 agrupaciones. "No
voy a negociar el levantamiento del acampe por la liberación", dijo
Morales para disipar los rumores que ubicaban a la dirigente como una pieza de
cambio que utilizaría el gobernador para resolver el conflicto que lo aqueja
hace más de un mes.
Ocurre que la denuncia contra Milagro
(que también incluye a los diputados provinciales Germán Noro y Emilio Cayo y
al dirigente social Alberto Cardozo quienes no fueron apresados) la realizó
Martín Miranda, el fiscal de estado que representa al Ejecutivo provincial.
"Detrás del acampe hay una actitud destituyente", consideró Morales
para justificar la acción.
La medida generó un amplio
repudio de organizaciones sociales y dirigentes del Frente para la Victoria que
consideraron a Sala como una presa política.
Si bien Sala por su cargo no
tiene fueros, sí lo tienen los diputados provinciales imputados junto a ella.
Aunque ambos renunciaron a ese privilegio "con la convicción de que no
están violando ninguna norma", especificó el abogado de la Tupac Amaru.
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| Operativo como en la época de los Militares en la casa de Milagros Sala |
LA CAUSA
"El lunes pasado en horas de
la mañana nos notificaron que había una cédula en la casa de la diputada Sala
en la que un juez de control de feria la cita para conocer una causa de
imputación", contó a este diario el abogado Paz. "La acompañé a
Milagro y nos informaron que existía un expediente donde se investigaba la
conducta de cuatro compañeros. Se trata de actuaciones que comenzaron el 14 de
diciembre. En la causa no figura ni un defensor oficial, sólo pasaron tres
testigos que no dijeron nada y nosotros no pudimos ofrecer pruebas",
añadió. El caso comenzó antes de que se iniciase la feria judicial.
Intervinieron el juez Gastón Mercau por pedido del fiscal Darío Osinaga.
Paradójicamente, entrado el receso la causa se precipitó. Y con otros
protagonistas. Ayer, el juez Control en feria Raúl Gutiérrez libró la orden de
detención, a pedido de la fiscal Liliana Montiel de Fernández.
"La causa se siguió
investigando en la feria por razones que hacen ruido. No había elementos para
hacerlo conforme una acordada que emitió el Superior Tribunal de Justicia el 23
de diciembre", señaló el letrado. Y añadió: "Claramente hay un
apriete por parte del Poder Ejecutivo."
Paz citó como ejemplo la actitud
que tomó la máxima autoridad judicial de la provincia que está compuesta por
mayoría radical por un decreto del nuevo gobernador (sumó intempestivamente a
cuatro integrantes y elevó la cantidad de vocales de 5 a 9). "La semana
pasada como consecuencia de esta misma causa, el Superior Tribunal de Justicia
imputó al fiscal Osinaga por incumplimiento de los deberes de funcionario
público porque según ellos no imputó a Salas por estos delitos", destacó
el abogado. Así se marcó el camino a seguir. "Y eso que el fiscal Osinaga
había pedido desalojo de la plaza", recordó. Ese desalojo había sido
frenado, al menos hasta el cierre de esta edición.
El fantasma de la represión
contra los manifestantes se retrotrae al inicio del acampe. Morales había
solicitado a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el envío
de gendarmes para neutralizar posibles saqueos. Este hecho derivó en una
tragedia: 43 agentes que estaban siendo trasladados de Santiago del Estero a
Jujuy fallecieron cuando el micro en el que viajaban chocó a la altura de
Salta. Era la madrugada del 14 de diciembre. Después se sucedieron 34 días de
acampe y ningún disturbio.
LA HUELGA DE HAMBRE
Tras ser detenida, la líder de la
Tupac Amaru inició una huelga de hambre y pidió tranquilidad a su tropa.
"Frente a las injusticias, el ser humanos se rebela", explicó Paz vía
telefónica desde la seccional 49. "Nosotros sólo pedimos diálogo.
Construimos casas a bajo costo en un marco de cooperativa y queremos saber cómo
van a continuar las obras. Presentamos tres pedidos de audiencias formales: el
25 y el 30 de noviembre y, ante la falta de respuesta, el 3 de diciembre
enviamos una carta a documento. Nunca nos respondieron", sumó el abogado.
De acuerdo a la Tupac Amaru, hay
3800 cooperativistas de esa organización barrial que hacen casas. Esa cifra se
eleva a 20 mil en la provincia y a 66 mil en todo el país. "Pedimos la
continuidad de las obras, nada más", insistió Paz.
GESTIÓN POR LA LIBERTAD
El presidente del Parlasur y ex
canciller, Jorge Taiana, se solidarizó con Milagro Sala y solicitó a la
canciller Susana Malcorra que "en forma urgente haga llegar información
sobre la detención de la Parlamentaria" al organismo. A través de Twitter,
el legislador regional repudió el encarcelamiento de la dirigente:
"Muestra criminalización de la protesta social pacífica" y "no
se respeta su investidura como parlamentaria. Su detención representa un
desconocimiento al papel que cumple el organismo", expresó. La ministra le
respondió con otra misiva en la que sostuvo que su ministerio "no tiene
injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la
mencionada legisladora". Malcorra dijo que el caso "es incumbencia
exclusiva de la justicia argentina".
Fuente: Tiempo Argentino - Franco Mizrahi
