Propuesta formal de pago de la sentencia de Griesa a los
buitres. Quita del 25 por ciento y u$s 7000 millones en efectivo.
Escribe Tomás Lukin
Dos de los seis fondos buitre
litigantes ya expresaron su acuerdo. Los principales, entre ellos Singer y
Aurelius, no. Pollack, el mediador nombrado por Griesa, no ocultó su
satisfacción, y se lo expresó en persona a Macri y Prat-Gay. Lo que falta para
cerrar.
Después de cinco días de
negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri presentó una
propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda
informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una
parte de los litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management.
Pero la discusión no está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros
originarios como Elliott Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto
bueno. La adhesión de la totalidad de los litigantes con sentencias favorables
en los tribunales del juez Thomas Griesa implicaría entregarles alrededor de
7000 millones de dólares en efectivo, una reducción promedio del 25 por ciento
frente al monto reconocido por las órdenes y sentencias del magistrado. La
cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento, levemente por
debajo de sus pretensiones. Si se confirma el acuerdo judicial, el Ministerio
de Hacienda y Finanzas recurrirá al endeudamiento en el mercado financiero internacional
para obtener los fondos necesarios. Los dólares que se logren por esa nueva
emisión de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del
acuerdo está sujeta al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la
deuda en el exterior, elemento que debe definir el octogenario juez.
La generosidad de la oferta y el
entusiasmo exhibido por Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia
norteamericana que logró un protagonismo inédito al punto que ayer conversó por
teléfono con el presidente Macri y el ministro Prat-Gay, contrabalancean la
reticencia de algunos acreedores. La segunda condición necesaria para poner en
marcha el pago es la modificación en el Congreso del cuerpo normativo que
impide otorgar un tratamiento privilegiado.
Si se contabiliza el reciente
preacuerdo por 1350 millones de dólares firmado con los acreedores italianos
nucleados en el grupo de presión Task Force Argentina, las conversaciones
encabezadas por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, contemplan a dos
tercios del 7,6 por ciento de acreedores que rechazaron el canje. En el nuevo
equipo económico entienden que el arreglo es indispensable para lograr la
reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y
facilitar el retorno al mercado para la Nación, provincias y grandes empresas.
El bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo facilita
ese proceso.
DOS OFERTAS
 |
Luis Caputo y el mediador Daniel Pollack
|
- Base: A los fondos denominados
me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con
sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el
gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus
bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le
prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de
remate, muchas veces después del default.
- Buitres only: Para el grupo de
litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más
generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias
monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por
ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar
de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían
originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces. Como en el caso anterior, el
exiguo precio que pagaron por esos bonos hace que la ganancia real de los
buitres sea muy superior.
Cuando se trate de títulos
públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les ofrece el pago
del 70 por ciento del valor devengado del reclamo. Para incentivar la
participación de los buitres dudosos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas
propone reducir las “quitas” a 27,5 por ciento en aquellos acuerdos de
reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016,
inclusive.
FIN DEL BLOQUEO + REFORMAS
Para poner en marcha el acuerdo
se deben cumplir dos condiciones: i) la finalización del bloqueo al mecanismo
de pago de los vencimientos de la deuda argentina en el exterior y ii) la
modificación en el Congreso del plexo normativo vigente para permitir un pago
en mejores condiciones que las recibidas por la mayoría y habilitar el
endeudamiento necesario para concretar la operación.
Desde la lógica del Palacio de
Hacienda, el visto bueno de un grupo de los litigantes originales que harían el
pedido formal al magistrado, el entusiasmo del mediador Pollack y el sinnúmero
de guiños al gobierno de Estados Unidos, deberían facilitar el levantamiento de
las órdenes de Griesa que impiden a los acreedores genuinos recibir sus fondos.
La aparente reticencia de otros
buitres históricos como Elliott Management o Aurelius se presentan como el
obstáculo a sortear. En ese punto, se ingresa en el terreno de las
especulaciones. Si algún acreedor rechaza la propuesta pero Griesa levanta el
bloqueo, el conflicto legal con los buitres no se resuelve pero se
restablecería el flujo de pagos con quienes participaron del canje y se
incrementaría el grado de adhesión. En ese escenario hipotético, nada garantiza
que otro magistrado no valide un nuevo reclamo de un buitre rebelde.
¿CÓMO SE PAGARÍA?
El pago de los 8100 millones de
dólares (buitres neoyorquinos más lobbistas italianos) será en efectivo. Para
obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el
sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos
públicos por un monto nominal mayor que quedarán en manos de las entidades
financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a
los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los inversores que
accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y
encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.
