La cantidad de despedidos se multiplica día a día con el
argumento de "limpiar la grasa militante". Sin embargo, ¿qué dicen
las estadísticas?
Autor: Juan Ignacio Amorín
Desde que Mauricio Macri y su
equipo desembarcaron en las distintas dependencias del Estado, más de 27.000
personas fueron víctimas de una ola de despidos masiva que tuvo como argumento
principal "limpiar la grasa militante" de la administración pública,
para reducir así el "excesivo" porcentaje de empleados e ir hacia un
Estado "eficiente" y reducido.
Si bien desde el gobierno
sostienen que todos y cada uno de los despedidos en los distintos ministerios
son "ñoquis", es decir supuestos militantes que cobran un sueldo pero
no asisten a su empleo, el propio manual de "limpieza ministerial"
distribuido por el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra no hace más que
contradecir lo sostenido por los funcionarios responsables de las cesantías.
Allí, se sostenía que para identificar a los "ñoquis" se debía
renovarles el contrato por tres meses, es decir hasta marzo, para allí poder
realizar un diagnóstico preciso y no cometer errores.
Sin embargo, en menos de 50 días,
la cantidad de despidos en las distintas dependencias se multiplicó e inclusive
alcanzó a empleados de planta permanente, a quienes no se les inició el sumario
administrativo correspondiente, y quienes, según se indicaba en el propio
instructivo, podrán realizar acciones legales y deberán ser reincoporados a las
arcas del Estado.
En cuanto la creación de empleo
público en la última década, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en
2003, la dotación de trabajadores al servicio del Estado era de 265.340.
Mientras que, para el año 2014, el número superaba los 407.000 (en
administración central, organismos descentralizados e instituciones de
seguridad social), lo que significa un incremento del 54%, es decir que uno de
cada tres trabajadores estatales fueron designados durante el kirchnerismo.
¿Por qué hubo un aumento tan
significativo del empleo público en ese período? Para encontrar la respuesta a
ello es necesario realizar una revisión sobre el rol y la estructura ascendente
que adoptó el Estado durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner: entre
2003 y 2015 se crearon 6 nuevos ministerios, 14 organismos descentralizados, 15
nuevas universidades y 10 empresas estatales lo que representa un Estado
significativamente mayor, que requirió lógicamente de una mayor cantidad de
empleados.
En este sentido, el aumento de
los puestos de trabajo en tareas administrativas no representó un aumento
significativo en términos porcentuales, ya que seis de cada diez empleados
públicos desarrollan sus tareas en las áreas de Educación, Salud y Seguridad, y
menos de un tercio en las áreas administrativas, según consigna un informe
realizado por CIPPEC en el año 2013. Allí se destaca que los docentes son
quienes acaparan un 50,4 por ciento de los puestos estatales, los médicos el
8,1 por ciento y los agentes de seguridad el 13,1 por ciento, mientras que
restante 28,4 por ciento corresponde al escalafón general.
Aun así los gobiernos
kirchneristas no fueron los que tuvieron la mayor cantidad de empleados
públicos: el gobierno de Raúl Alfonsín la masa de empleados estatales llegó a
superar el millón mediante la implementación del ambicioso Plan Austral
(1.019.342), que, con una metodología similar a la implementada por el gobierno
de Mauricio Macri hoy, ese número se vio reducido a un tercio en diez años durante
las presidencias de Carlos Saúl Menem: de casi 900 mil personas trabajando en
oficinas públicas al asumir, el riojano dejó a 260 mil gracias a las políticas
de privatización de empresas públicas y descentralización del Estado.
Además, en el caso de establecer
comparaciones porcentuales con respecto a otros países del globo, según un
informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el empleo público en Argentina no se encuentra en números
desorbitantes ni desmedidos: contabilizando a los empleados estatales y
provinciales, el 17% de los empleados trabajan para las arcas públicas, apenas
por encima de EEUU (16%) y por debajo de países desarrollados como Noruega
(35%), Dinamarca (35%), Suecia (27%), Luxemburgo (26%), Reino Unido (23%),
Bélgica (21%), Canadá (20%) y Francia (20%), y siendo el segundo de Latino
América.
MACRI Y EL EMPLEO PÚBLICO EN LA CIUDAD
Si bien el presidente parece
encarar un profundo achicamiento del Estado, mientras estuvo a cargo de la
Ciudad de Buenos Aires su accionar fue contrario al implementado ahora: durante
sus dos gestiones, el empleo público registró un llamativo crecimiento, al
punto tal que, en términos porcentuales, el gobierno de Macri deja un 17% de
los asalariados trabajando en las arcas públicas porteñas, similar al número
que dejó Cristina Kirchner a nivel nacional.
Según relevó el gobierno porteño
al asumir la gestión PRO en 2007 la cantidad de empleados trabajando en planta
permanente dentro de las oficinas públicas era superior a los 125 mil, mientras
que, ocho años después, esa cifra se elevó a 134 mil, y, si se tienen en cuenta
aquellos empleados contratados en forma transitoria (contratos anuales), se
deberían sumar unos 54 mil casos: un 44 por ciento de incremento.
